Sabado de presupuesto.

A pesar de que se discute la aplicación del mayor presupuesto en la historia del país, los recursos no son suficientes para cumplir todas las demandas y, por eso, los diputados se concedieron mayor plazo para revisar la asignación de fondos.

El presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, determinó citar para hoy sabado a las 18 horas a la sesión donde se votará en definitiva el presupuesto federal para 2011.

Los principales puntos de desacuerdo son las partidas para el campo y carreteras. Las diputaciones de PAN y PRD acusan al PRI de pretender acaparar los recursos de este último rubro.

La cosecha

Después de los rumores en el Senado por el bloqueo de electricistas a su futura sede, el presidente de esa cámara, Manlio Fabio Beltrones, solicitó formalmente al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, intervenir para que el bloqueo del SME no afecte los trabajos en el nuevo edificio. En la misiva, Beltrones sostuvo que el Senado será siempre respetuoso de la libre manifestación de las ideas, pero tiene la obligación de pronunciarse de manera resuelta cuando ese derecho no se ejerce conforme a lo establecido por la Constitución.

La dirigencia nacional del PAN, presidida por César Nava, ratificó la decisión del Consejo Político del estado de México de ir en alianza con el PRD a la elección de gobernador en 2011.

En tanto, luego de una gira por el oriente del valle de México, antes considerado bastión del PRD, donde tomó protesta a las dirigencias locales de 13 municipios, el líder estatal del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, destacó que mientras otros partidos buscan candidato, el tricolor fortalece su estructura territorial.

Durante el cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, se reunió con representantes de organizaciones nacionales e internacionales de migrantes que acompañan a la caravana de madres de Honduras que buscan a sus hijos que salieron hace varios años hacia Estados Unidos, ante quienes destacó que se han reforzado las acciones de búsqueda mediante los consulados mexicanos.

Al recibir la máxima presea de la Cruz Roja Mexicana, en reconocimiento a su labor, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, resaltó la importante labor de la benemérita institución, la cual siempre ha respaldado a quienes más lo requieren en casos de desastres naturales, como las recientes inundaciones.

El abogado penalista Raúl F. Cárdenas Cordero presentó la compilación de su obra, que comprende 11 títulos. Maestro de muchos ex funcionarios públicos, Cárdenas estuvo acompañado, entre otros, por el ex procurador de la República y del DF, Ignacio Morales Lechuga; el ex subprocurador Federico Ponce Rojas, y los juristas José Elías Romero Apis, Moisés Moreno, Juan Velázquez, Ricardo Franco Guzmán, Julio Esponda, Alberto Zinser, Ernesto Canales y Amador Toca.

Politica Narco.

Aun cuando lo parecieran, no son lo mismo la narcopolítica que la política narco. El primer término suele utilizarse para designar la infiltración de las bandas dedicadas al negocio de las drogas en los terrenos electorales y políticos, mediante el financiamiento y el soborno, de tal manera que las autoridades así constituidas acaben dando protección a sus patrocinadores e incluso les permitan recuperar sus inversiones mediante la asignación de carteras claves, normalmente relacionadas con la obra pública y el manejo de las policías. Esa versión instrumental, la narcopolítica, que sólo busca protección y complicidad, sin propósitos mayores, ha alcanzado a presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores y presidentes de la República. Diferente, pues es conceptual, estratégica, de largo alcance y perspectiva superior, es la política narco, entendida como el uso intencional de la narcopolítica –de lo instrumental, de lo operativo– y otros ingredientes correlacionados, para desarrollar una suerte de proyecto oficial de control político y social mediante la instauración del miedo colectivo y la supresión de derechos y garantías hasta convertir la política y lo electoral en endebles fantasmas condicionados y virtualmente suprimidos por la violencia institucionalizada.

En México, Felipe Calderón ha establecido una política narco. No sólo, originalmente, para tratar de alcanzar alguna forma de legitimación luego del fraude electoral de 2006 sino, viendo hacia adelante, para gastar los bríos cívicos desatados e instalar un temprano elemento de distorsión, amago y posible suspensión de los procesos electorales. Ya no hay condiciones adecuadas para el ejercicio de libertades ni para la elección más o menos aceptable de representantes y autoridades, pues ese ámbito cívico ha sido afectado gravemente por la violencia generalizada, la indefensión ciudadana, la abolición de amplios segmentos de la seguridad jurídica, el exterminio de candidatos y de autoridades electas o en funciones y la impunidad de los escuadrones asesinos que igual ultiman hoy a sus presuntos adversarios que mañana a personajes seleccionados en razón de consideraciones políticas.

Ayer mismo, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, se refirió a una parte del problema al adjudicar con ligereza genérica a "todos los mexicanos" la responsabilidad de "impedir que se presente el fenómeno de la narcopolítica en las elecciones de 2012, porque es una situación que atentaría contra la vida democrática del país". No son ni pueden ser "todos los mexicanos" quienes frenen la ya presente y evidente "narcopolítica", pues no tienen los medios, la fuerza ni el mandato para hacerlo, mucho menos si, como es el caso, se ha entrado a una etapa superior de ese proceso estupefaciente, la política narco, es decir, el diseño de políticas de poder para usar el fenómeno de la violencia, por el mercadeo de las drogas y su combate oficial, para "atentar contra la vida democrática del país".

Un ejemplo de las políticas de gobierno federal en materia de narcotráfico para fines partidistas y electorales está en Michoacán y en la ya descarada Operación Cocoa. Pero ahora resulta que el grupo dominante de la entidad, La Familia, ha planteado un reto político a la administración calderónica, al anunciar mediante el eficaz método de las narcomantas, y la orden a medios locales para que se publiquen sus desplegados, su disposición a deponer las armas y disolverse si la Federación garantiza el respeto a los michoacanos. Es evidente la trampa de los estrategas familiares, pero también está clara la incorporación de visiones netamente políticas al catálogo narco: La Familia trata de consolidarse como una supuesta opción ciudadana de autodefensa frente a los excesos del poder federal, una especie de "guerrilla" deseosa de mantener los equilibrios económicos y judiciales en el negocio popular de las drogas, una organización capaz de "sacrificarse" por su gente al extremo de deponer las armas si les garantizan lo que evidentemente ningún gobierno federal aceptaría ni la interlocución con un cártel del narcotráfico ni la promesa de cumplir lo que supuestamente cumple en lo cotidiano. Narcopolítica, narcopolitiquerías y política narco.

Para variar:

También en Mérida, donde participó en una reunión interamericana de organismos electorales, el consejero presidente del IFE hizo un pronunciamiento, según la nota de José Antonio Román en La Jornada, contra los poderes formales y fácticos que, afectados por la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión para difundir proyectos y campañas políticas, "no dejan pasar oportunidad para atacar el mandato constitucional y también al órgano electoral encargado de vigilar su cumplimiento". Esos poderes malévolos, según el súbitamente valiente Valdés Zurita, "forman parte del gran negocio de la comunicación y esconden en la libertad de expresión sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas". Chantaje y falsedad en esos negociantes de la comunicación, marcadamente electrónicos, pero no los únicos en usar la bandera de la prensa para abrir paso a sus intereses particulares... En Estados Unidos, compareciente ante el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores que tiene en la mira a México, el embajador Arturo Sarukhán se aventó la puntada de criticar la cobertura periodística internacional que se centra en "la sangre" y no, por ejemplo, en supuestos logros del calderonismo como "la expansión de la clase media" (aventurada tesis ésta, a menos que el diplomático considere signos de expansión el que ya haya mexicanos de clase media que han debido esparcirse por el extranjero a causa de la sangre delictiva que los periodistas extranjeros debieran dejar de destacar)... Y, mientras en el Seguro Social siguen demostrando cómo el dinero público se vuelve privado, en tanto los derechohabientes sufren.

Libertad de expresion: Castigos oficiales.

En una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en la capital yucateca, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, tras opinar que el crimen organizado es "el mayor riesgo al ejercicio del periodismo", aseguró que su gobierno "no acosa a nadie por razones ideológicas o políticas" y que "se puede criticar abiertamente al Presidente o al gobierno, incluso en el exceso del escarnio o la burla".

Sin ignorar que, en efecto, las organizaciones delictivas constituyen, más que un obstáculo, una amenaza constante e innegable al ejercicio periodístico –sobre todo en las regiones que se encuentran bajo control de los cárteles de la droga y de sus grupos de sicarios–, es pertinente apuntar que, desde antes de que esos estamentos criminales adquirieran el poder que hoy ostentan, los gobiernos estatales, algunos municipales, así como los cacicazgos informales, han sido y siguen siendo un factor de intimidación y represión de la libre tarea informativa, y que los periodistas de medios locales suelen encontrarse a merced de represalias del poder con mucha más frecuencia que sus homólogos que trabajan para medios nacionales. Calderón también omitió mencionar que los propietarios de los medios, con sus complicidades con el poder público y sus intereses empresariales, suelen ser el primer filtro de censura y el primer obstáculo para que los trabajadores de la información puedan realizar su labor sin cortapisas.

Por otra parte, es inexacto afirmar que el gobierno federal respeta plenamente la libertad de expresión. Si bien la actual administración no ha incurrido en acciones abiertamente represivas o persecutorias, no ha dejado de recurrir, para premiar actitudes obsecuentes y castigar voces críticas, a la distribución discrecional y patrimonialista de la publicidad oficial.

Las partidas presupuestales correspondientes a la propaganda gubernamental son, no tendría que hacer falta decirlo, dinero público, y como tal, su asignación tendría que estar sujeta a la aplicación de normas establecidas, a mecanismos transparentes y a criterios confiables y conocidos por la sociedad: la proporcionalidad, por ejemplo, entre el porcentaje de publicidad que se asigna a un medio y la circulación, la penetración, el impacto y la credibilidad de éste, así como un principio de equidad entre medios electrónicos –a los cuales se otorga actualmente la abrumadora mayoría de los recursos publicitarios– y los medios impresos. Pero la actual administración ha optado por mantener en la opacidad el manejo y la distribución de ese dinero público; ello le ha permitido asegurar la subsistencia de publicaciones incondicionales –aunque carezcan de lectores– y, también, perjudicar a los medios informativos críticos.

Por más que éstos no dejen de realizar su tarea ni de ejercer el derecho irrestricto de la libertad de expresión –conquista de la sociedad y de los propios informadores, y no graciosa concesión del poder público–, las autoridades sí que disponen de instrumentos para presionarlos y para intentar incidir en su línea editorial.

Tal situación, resabio del hegemonismo antidemocrático priísta, ha de ser superada. El Ejecutivo federal debe emprender la regulación de sus fondos de publicidad, manejados hasta ahora de manera arbitraria y facciosa, y manejarse con transparencia en este terreno.

La violencia.

En Epazoyucan aparecieron hace poco los restos de dos cuerpos descuartizados. No fueron halladas las cabezas, lo que ha dificultado la identificación de las víctimas, si es que hubiera voluntad de averiguar quiénes eran, la causa de su deceso, quiénes los privaron de la vida. Lo peor no es la indolencia ministerial, que se da por un hecho inmodificable. Lo más grave, me cuenta un residente de esa población hidalguense, es la impasibilidad de la gente, que no se escandalizó ante el hallazgo macabro, y miró los restos como si fueran parte del paisaje. La reacción de los habitantes de ese lugar famoso por su convento franciscano del siglo XVI y la tranquilidad de su vida cotidiana no ha de ser distinta de la que experimentan los lugareños de los mil puntos de la geografía mexicana donde se expresa de ese modo la inseguridad. Esa indolencia, sin embargo, es sólo una etapa de la reacción social ante el crimen: de allí se pasa al pasmo, al miedo, a la necesidad de marcharse en pos de otras condiciones de vida.

La muerte violenta, asociada de alguna manera a la delincuencia organizada, crece de modo desproporcionado, especialmente desde que el gobierno federal, el mes que entra hará cuatro años, declaró la guerra a las bandas criminales sin un diagnóstico preciso, sin previo trabajo de inteligencia, sin la preparación debida en los efectivos lanzados a una lucha sin rumbo y condenada por ello a la derrota. No disminuyen el consumo local de drogas ni su exportación a otros mercados. Aumenta en cambio la virulencia del combate entre bandas y del que presuntamente las enfrenta.

Tan cuantioso es el fenómeno de la muerte a manos de las bandas de matones adosadas a las del narcotráfico, que llevar la cuenta es una tarea necesaria. En abril pasado nos sorprendimos al saber que los empeños privados por contar a los muertos se quedaban cortos ante las cifras oficialmente reconocidas por el gobierno, que entre las misiones asignadas al vocero en materia de seguridad incluyó la de contar bien a las víctimas.

El Grupo Reforma (que entre otras publicaciones incluye el diario de ese nombre editado en la Ciudad de México, El Norte en Monterrey y Mural, en Guadalajara) ha establecido un ejecutómetro, un medidor de la muerte violenta, la marcada por los signos con que la narcodelincuencia rubrica sus asesinatos. Ese mecanismo publicó ayer su conteo de 10 meses: entre el 1o. de enero y el 3 de noviembre de este año han perecido 10 mil 35 personas. La suma es casi la misma que el total de homicidios de esta naturaleza ocurridos durante los 60 meses del sexenio anterior, el presidido por Vicente Fox.

Si se proyecta el número de ejecuciones hasta el fin de este año, tendremos en 2010 un pavoroso total superior a 12 mil asesinatos, casi el doble de los ocurridos el año pasado, cuando llegaron a 6 mil 587, cifra superior a los cometidos en 2008 (5 mil 207) que a su vez más duplicaron los habidos en 2007: 2 mil 275. En el primer mes de la actual administración, diciembre de 2006, fueron 93 las víctimas.

Casi todos los asesinatos así contados permanecen impunes, como ocurre con el resto de los delitos cometidos por las bandas violentas: el tráfico de drogas en sí mismo, secuestros, extorsiones, etcétera. Así como hay cifras de la violencia, las hay también de la impunidad. Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, ha encontrado disparidades graves en los datos ofrecidos a ese respecto por el Ejecutivo federal en su Cuarto Informe de Gobierno. En sus anexos estadísticos se da cuenta de que en 2007 fueron detenidos por delitos contra la salud (a los que está asociada la violencia homicida) 29 mil 362 presuntos responsables; 28 mil 597 al año siguiente; 40 mil 950 en 2009, y en el primer semestre de este año, 15 mil 844, todo lo cual suma 113 mil personas.

La población carcelaria debió aumentar en esa proporción en dicho periodo. Pero no es así. Solamente creció en 10 mil 384, de acuerdo con la misma fuente. La abismal diferencia entre los detenidos y los encarcelados llega a poco más de 100 mil personas. Eso quiere decir que las detenciones en sí mismas no dicen nada, los números que las cuantifican son cifras huecas. Si no hay manipulación mentirosa en el total de aprehensiones, es necesario saber qué pasa con las 100 mil personas referidas: "¿fueron liberadas en algún momento?, ¿fueron ejecutadas de forma ilegal?", se interroga el jurista Carbonell, quien dirige esas preguntas al presidente Calderón (El Universal, 4 de noviembre).

A menos que asumamos que hay una guerra sucia, una magna operación de limpieza social, que ultima delincuentes a partir de la sola presunción de que lo sean, estamos ante el caso de una liberación masiva de detenidos, por cualquiera de dos causas, a cual más inquietante: o se captura arbitrariamente, sin fundamento a decenas de miles de personas y la justicia ordena su libertad. O la propia justicia, o el Ministerio Público o la propia policía que detiene liberan a delincuentes que debieran ser encausados. O ellos escapan de la prisión.

El más célebre entre estos últimos, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es uno de los 68 hombres más poderosos del mundo, según dijo ayer la revista Forbes.

¡¡¡Ojo!!!

Con estruendo publicitario sólo comparable al que despliega cotidianamente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó ayer en Torreón -no en Saltillo, sino en La Laguna, para aprovechar el colosal y flamante Coliseo Centenario- su último Informe de Gobierno. Es el quinto, pero no habrá un sexto porque en enero el gobernante pedirá licencia a su cargo a fin de buscar la presidencia nacional del PRI. Lo hará a partir de su propia base de poder, que le permitirá hacer de su hermano Rubén su sucesor, y el apoyo de Elba Esther Gordillo que, como lo hacía en 2006, posee mando de tropas en dos partidos, el suyo y el PRI. También contará con el asentimiento de Peña Nieto, a quien va bien que no sea Emilio Gamboa Patrón quien ocupe el lugar de Beatriz Paredes.

Muerte al receptor analogico.

Independientemente de lo que decida la Suprema Corte de Justicia con respecto a la controversia interpuesta por un grupo de legisladores para anular el decreto publicado el 2 de septiembre en el que se pretende adelantar seis años el apagón analógico, la Secretaría de Economía ha iniciado diversas acciones para tratar de acelerar el tránsito hacia la tv digital, ya sea que el apagón se efectúe en 2015, como pretende el gobierno, o se prolongue hasta 2021 como originalmente estaba previsto.

Norma oficial

El pasado 18 de octubre el Diario Oficial publicó una modificación a la Norma Oficial Mexicana relativa al empaque de productos electrónicos (NOM-024-SCFI-1998), con el fin de que, a partir del 17 de diciembre de este año, los aparatos receptores de televisión vendidos en México garanticen a los compradores que tienen la capacidad para captar señales digitales de acuerdo con el estándar estadunidense A/53 ATSC adoptado por México.

A partir de esa fecha, deberá incluirse en los empaques de televisores la leyenda “sintoniza transmisiones de televisión digital conforme al estándar A/53 del Advenced Televisión Systems Comitee, Inc (ATSC)” en etiquetas adheridas al producto.

La intención es que el comprador tenga la garantía de que su televisor es efectivamente de sintonía digital y, además, que captará las señales del estándar adoptado por México. No vaya a ser que le vendan un televisor digital con estándar diferente.

Posturas divergentes

Adicionalmente, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, informó el 14 de octubre que esa dependencia publicará en breve una norma técnica para que, a partir del próximo año, las tiendas de aparatos electrónicos sólo puedan vender aparatos de tv con recepción digital. Con esta medida y la repartición de sintonizadores digitales se pretende aumentar la capacidad de sintonía para ese tipo de señales en los telehogares mexicanos. Claro, la distribución de sintonizadores tendrá que esperar a que la Suprema Corte determine si el decreto publicado el 2 de septiembre para realizar el apagón analógico es legal.

Hace un año, en diciembre de 2009, cuando todavía era presidida por Héctor Osuna, la Comisión Federal de Telecomunicaciones solicitó a Economía que publicara una nueva norma oficial con el fin de inhibir la venta de aparatos analógicos y acelerar la transición a la tv digital. Osuna proponía, además, prohibir la importación de televisores analógicos para combatir la entrada de esos productos, especialmente los provenientes de Asia.

Paradoja mexicana

Curiosamente, Héctor Osuna solicitaba prohibir la venta e importación de receptores analógicos porque “el país no tiene la capacidad para ofrecer un apoyo para la compra de sintonizadores que permitan a la población captar la señal digital a través de sus aparatos análogos; con la (nueva norma técnica) se busca terminar con la venta de esas televisiones, a fin de acelerar la penetración de los nuevos sistemas digitales” (Reforma, 16/XII/ 2009).

En el lapso de un año el diagnostico cambió. En sentido contrario a lo afirmado por Osuna, el gobierno llegó a la conclusión de que “sí hay capacidad” para repartir convertidores entre la población y ahora, al parecer, intentará las dos vías para acelerar la transición: distribuir convertidores digitales y prohibir la venta de aparatos analógicos.

México vive una paradoja: es uno de los principales productores de televisores digitales en el mundo, pero su consumo de esta tecnología apenas comienza. La industria electrónica en México, dominada por las grandes transnacionales del ramo, produce principalmente para la exportación. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2009 se fabricaron en México 29.6 millones de televisores; de ellos 26.9 millones fueron de tecnología digital y 2.7 millones analógicos. Sin embargo, del total de 29.6 millones, el consumo nacional fue de sólo 3.6 millones, el resto se exportó.

En lo que se refiere al consumo de receptores digitales, de los 26.9 millones de equipos con esa sintonía fabricados en 2009, solamente 1.2 millones fueron para el mercado mexicano. Es decir que para el inicio de este año, el consumo de receptores analógicos nuevos era superior al de aparatos digitales en 2.4 millones de unidades.

Paso lento

La transición hacia la televisión digital avanza en México lenta y dificultosamente. La pretensión gubernamental de adelantar seis años el apagón analógico fue impugnada por legisladores de diversos partidos y se encuentra en análisis por la Suprema Corte de Justicia. Todavía no se decide qué tipo de convertidor se utilizaría para repartir entre los hogares con menores recursos. Y, por supuesto, no se ha expresado una postura oficial por parte de la Cofetel acerca de qué se hará con los nuevos espacios que traerá consigo la digitalización; es decir, si podrán ser ocupados por nuevos operadores o se mantendrán controlados por los actuales concesionarios de televisión abierta.

El I.M.S.S..

El Instituto Mexicano del Seguro Social está en la crisis más grave en toda su historia. El informe sobre la situación financiera del instituto, presentado a la Asamblea General Ordinaria, advierte que ya no habrá dinero para pagar pensiones en 2012. ¿Qué hacer? Existen alternativas, sin duda, pero ninguna será indolora, ya sea para políticos, empresarios o sociedad en general.

La situación del IMSS no es nueva, la habían advertido los especialistas desde hace lustros. El ex director del instituto, Santiago Levy, consideró en febrero de 2004 que el desajuste era insostenible porque cada vez se usaba más dinero de los recursos de operación para el pago de las obligaciones del pasivo laboral. Los más de 50 millones de derechohabientes del IMSS pueden constatar esto en carne propia. En ese entonces, se advertía que de mantenerse las tendencias, en 2017, todos los recursos del Seguro Social serían absorbidos por la nómina y el pago de las pensiones. Sea que el apocalipsis financiero del instituto llegue en dos años o en siete, lo irrefutable es que se dirige al abismo.

¿Cuál es el tamaño del déficit? La tercera parte del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con Daniel Karam, director del IMSS, lo cual no sorprende dada la información disponible desde hace años. Es una bomba de tiempo.

Frente al diagnóstico, el gobierno federal llama a sindicato y legisladores a proponer soluciones, una convocatoria pertinente siempre y cuando no sea una estrategia para deslindarse de responsabilidad. El problema es que, hagan lo que hagan, el margen de maniobra sólo se mueve entre dos variables: el crecimiento económico del país o el adelgazamiento de la seguridad social de millones de trabajadores.

Optar por una reducción de beneficios corre el riesgo de terminar como hoy en Francia, con la furiosa movilización de varios sectores sociales que no están dispuestos a vivir peor que las pasadas generaciones. Lo mismo podría suceder en México.

Hace 40 años tenía sentido un esquema como el actual. Con una tasa de crecimiento del PIB de 4% a 7%, los recursos para sostener las pensiones estaban asegurados. Pero en los últimos 20 años, el PIB no ha superado en promedio el 2%. No hay sistema de pensiones que aguante semejante letargo.

Si México no iguala en pocos años el ritmo de crecimiento económico de Brasil o India, no habrá de otra más que apretarse el cinturón. Lo que deben responder los políticos es: ¿Nos resignamos a que no se puede? La opción por la que ellos han optado últimamente es la única impensable: no hacer nada.

Carta de protesta por la violencia y la impunidad.

¿Cuál es el mensaje que nos quieren dar con el ataque de la policía federal a la marcha contra la violencia?

Si la intención de estas agresiones es silenciar, ocultar lo que es inocultable en Ciudad Juárez tendrán que saber que por cada ataque contra las sociedad que se organiza a pesar de la guerra habrá más respuestas en todo el país, Ciudad Juárez nos duele, nos duele Salvacar, nos enoja que bajo el discurso de la guerra contra el crimen organizado se despliegue una guerra del gobierno federal contra la gente digna, sensible ante la terrible situación que se vive en el país, mientras los delincuentes gozan de protección a los mas altos niveles.

Felipe Calderón insiste ahora en involucrarnos a todos en su guerra contra el crimen organizado, en esa guerra que en Ciudad Juárez, con sus mujeres, sus jóvenes y sus periodistas asesinados, ahora más que una guerra parece un ímpetu genocida. Con toda la sangre que corre a diario quienes arriba lucran con la muerte desde despachos institucionales o mansiones clandestinas tratan de que el miedo haga que el México de abajo se vuelva su cómplice, que aceptemos morir para legitimar sus masacres y abusos, pero les decimos que tan cobardes y asesinas son las balas de los cárteles como las del gobierno, que sin honor ni escrúpulo lanzan en contra de gente inocente.

Estamos indignados por esta situación a lo largo y ancho del país, asì como en otros rincones del mundo; no nos quedaremos callados. Nos indigna y preocupa profundamente la agresión contra el compañero de la Otra Campaña, José Darío Álvarez Orrantia, el día 29 de octubre cuando participaba en una marcha por la paz en esa población fronteriza, preámbulo al Foro Internacional Contra la Militarización y la Violencia.

¡Ni uno más! Ni un joven más tratado como delincuente cuando los delincuentes son los que arriba gobiernan impunes y masacran a la gente de abajo sin importarles ya nada. En este país ya no se puede decir que el gobierno gobierna, ya no se puede creer en sus “razones institucionales”, como dijeron las madres de los jóvenes asesinados en Salvacar: “Esta guerra nosotros no la pedimos”.

Sabemos que la justicia por los asesinatos no vendrá de arriba, ellos son los asesinos. Tienen nombre, lugar, apellido y habitan en muchas instituciones. El pueblo no olvida. Estaremos atentos a lo que siga sucediendo en Ciudad Juárez y a la salud del compañero José Darío. Le damos desde los diversos lugares de donde escribimos un abrazo rebelde a su familia y compañeros.

Ciudad Juárez merece vivir con dignidad, exige poder vivir con una paz digna, algo que será imposible mientras el absurdo gobierna, un absurdo en donde en las más altas esferas crimen y gobierno comparten complicidades y abajo se militariza, se asesina y se intenta destruir a un pueblo que sobrevive y se rebela ante el miedo con enorme valentía, dignidad y profunda esperanza.

¡Ya Basta!

Enlace Urbano de Dignidad

Nodo de
Derechos Humanos

Colectivo Utopía Puebla


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Compartimos nuestra digna rabia y dolor. Les convocamos a firmar esta carta protestando contra la violencia en Juárez.

Difundanla por favor a todos sus contactos en el mundo.





YA BASTA CARAJO!




Enviar firmas (colectivas o individuales) de adhesión al correo:


colectivo.utopia.puebla@gmail.com