Durante una mesa de análisis en la Universidad Nacional, una brillante investigadora interpeló a un destacado diputado federal del PRI, a propósito de la reforma laboral: ¿si tienen mayoría en la Cámara, por qué no legislan? Bastaría que listaran las exigencias más apremiantes, presentaran las iniciativas correspondientes y las hicieran aprobar en las comisiones y el pleno, validos de su conocida disciplina de voto.
La respuesta fue clara: imposible unificar a 237 miembros del grupo parlamentario y sus 21 aliados del Partido Verde en cuestiones tan complejas. Se trata de una mayoría evidente pero parcelada por patronazgos regionales, ambiciones electorales y diferencias ideológicas entre neoliberales y neosociales. En este caso, el lastre de los líderes sindicales corporativos y las inhibiciones impuestas por candidaturas presidenciales adelantadas que no osarían desafiar los prejuicios del gran capital ni con el pétalo de una ley.
En otras cuestiones cruciales no hay tampoco consenso dentro del bloque mayoritario. Aludo a la esmirriada reforma política, que exhibe diferencias abismales entre senadores y diputados del mismo partido. Lo mismo en el proyecto de derechos humanos y las demandas castrenses en materia de seguridad pública. Menos todavía en una reforma efectiva de los medios de comunicación o la implantación de una democracia participativa. Increíble que durante un año no hayan llegado a un acuerdo sobre la reforma fiscal que ellos mismos proclamaron.
Viven la transición entre una estrategia colaboracionista con el actual gobierno y otra, fundada en la acumulación de patrimonio congresual y la apertura de espacios de negociación con los poderes fácticos, de cara al 2012. Semejante viraje, provocado por la ruptura escandalosa de los pactos secretos con el PAN, coloca al bando priista en una tesitura inédita, para la que no están sicológicamente preparados: actuar como una oposición verídica del Ejecutivo. Los mueve más el espíritu revanchista que el empleo responsable de una mayoría legislativa.
Su coordinador, Francisco Rojas, bautizó como “bache histórico” haber establecido complicidades con Fox y después auspiciado el arribo de Calderón al poder. De ese tropiezo no pretenden salir con donaire, sino a patadas. Así la que pretenden asestar al grupo del PRD, arrebatándole la presidencia de la Cámara, así sea por un semestre, en contra de disposiciones legales expresas y de los acuerdos cupulares convenidos. El “mandarinato” se concentra en un cacicazgo principal que no disimula la forma como ejercería el poder nacional, si lo recuperase.
En Ixtapan se comprometieron a “dejar de ser una oposición pasiva” pero no definieron una auténtica agenda parlamentaria. En cambio, pretenden aplicar la teoría de la cuchara grande y las inveteradas prácticas del pez gordo. Proponen un incremento del 14.5% en el presupuesto de la Cámara –tres veces mayor que la inflación anual- a despecho del clamor popular por la austeridad y de la campaña inducida en contra del Congreso, en tanto combinación perfecta de ineficacia y despilfarro.
La relación de gastos emergentes es ofensiva: 25 millones para 100 vehículos nuevos, 900% de aumento en el presupuesto de obras destinados primordialmente a un nuevo tablero electrónico, instalaciones en las curules y —se dice— equipos para votar a distancia, contrarios a las más elementales reglas de la transparencia parlamentaria. La eliminación del debate político en beneficio del ejercicio automático del voto, manipulado desde el exterior del Congreso. El sueño de un sistema teledirigido, que anuncia la restauración depredadora del presidencialismo y la consagración del cabildeo clandestino. La captura en la oscuridad de la representación popular.
A las licitaciones perversas del espacio radioeléctrico por el Ejecutivo responden con asignaciones multimillonarias del Legislativo, al margen de la discusión parlamentaria, en olvido de iniciativas consistentes de ahorro y mediante procedimientos sospechosos practicados por los responsables de vigilar el gasto público e instaurar un régimen de rendición de cuentas. En vez de equilibrio de poderes, competencia de desmanes. Días aciagos esperan a San Lázaro y a la República.
La respuesta fue clara: imposible unificar a 237 miembros del grupo parlamentario y sus 21 aliados del Partido Verde en cuestiones tan complejas. Se trata de una mayoría evidente pero parcelada por patronazgos regionales, ambiciones electorales y diferencias ideológicas entre neoliberales y neosociales. En este caso, el lastre de los líderes sindicales corporativos y las inhibiciones impuestas por candidaturas presidenciales adelantadas que no osarían desafiar los prejuicios del gran capital ni con el pétalo de una ley.
En otras cuestiones cruciales no hay tampoco consenso dentro del bloque mayoritario. Aludo a la esmirriada reforma política, que exhibe diferencias abismales entre senadores y diputados del mismo partido. Lo mismo en el proyecto de derechos humanos y las demandas castrenses en materia de seguridad pública. Menos todavía en una reforma efectiva de los medios de comunicación o la implantación de una democracia participativa. Increíble que durante un año no hayan llegado a un acuerdo sobre la reforma fiscal que ellos mismos proclamaron.
Viven la transición entre una estrategia colaboracionista con el actual gobierno y otra, fundada en la acumulación de patrimonio congresual y la apertura de espacios de negociación con los poderes fácticos, de cara al 2012. Semejante viraje, provocado por la ruptura escandalosa de los pactos secretos con el PAN, coloca al bando priista en una tesitura inédita, para la que no están sicológicamente preparados: actuar como una oposición verídica del Ejecutivo. Los mueve más el espíritu revanchista que el empleo responsable de una mayoría legislativa.
Su coordinador, Francisco Rojas, bautizó como “bache histórico” haber establecido complicidades con Fox y después auspiciado el arribo de Calderón al poder. De ese tropiezo no pretenden salir con donaire, sino a patadas. Así la que pretenden asestar al grupo del PRD, arrebatándole la presidencia de la Cámara, así sea por un semestre, en contra de disposiciones legales expresas y de los acuerdos cupulares convenidos. El “mandarinato” se concentra en un cacicazgo principal que no disimula la forma como ejercería el poder nacional, si lo recuperase.
En Ixtapan se comprometieron a “dejar de ser una oposición pasiva” pero no definieron una auténtica agenda parlamentaria. En cambio, pretenden aplicar la teoría de la cuchara grande y las inveteradas prácticas del pez gordo. Proponen un incremento del 14.5% en el presupuesto de la Cámara –tres veces mayor que la inflación anual- a despecho del clamor popular por la austeridad y de la campaña inducida en contra del Congreso, en tanto combinación perfecta de ineficacia y despilfarro.
La relación de gastos emergentes es ofensiva: 25 millones para 100 vehículos nuevos, 900% de aumento en el presupuesto de obras destinados primordialmente a un nuevo tablero electrónico, instalaciones en las curules y —se dice— equipos para votar a distancia, contrarios a las más elementales reglas de la transparencia parlamentaria. La eliminación del debate político en beneficio del ejercicio automático del voto, manipulado desde el exterior del Congreso. El sueño de un sistema teledirigido, que anuncia la restauración depredadora del presidencialismo y la consagración del cabildeo clandestino. La captura en la oscuridad de la representación popular.
A las licitaciones perversas del espacio radioeléctrico por el Ejecutivo responden con asignaciones multimillonarias del Legislativo, al margen de la discusión parlamentaria, en olvido de iniciativas consistentes de ahorro y mediante procedimientos sospechosos practicados por los responsables de vigilar el gasto público e instaurar un régimen de rendición de cuentas. En vez de equilibrio de poderes, competencia de desmanes. Días aciagos esperan a San Lázaro y a la República.
