Seguramente la fiesta en el consorcio criminal La federación o Del Pacífico y que controla 70 por ciento del mercado de los narcóticos, será en grande y sólo serán privados de ella la escolta de 300 sicarios que, al decir del divisionario Guillermo Galván, protegen al capo de capos y hace harto difícil su captura “programada en tres etapas”.
En la víspera del festejo que resulta viable gracias al entonces joven gobierno de Vicente Fox Quesada y Martha María Sahagún, amén de sus mandos en seguridad nacional que básicamente son los mismos de ahora, el especialista Edgardo Buscaglia exigió desde Afganistán a Felipe Calderón, a través del matutino Noticias MVS que conduce con destreza y exceso de palabras Carmen Aristegui, lo siguiente: "El presidente debe combatir por igual a todos los grupos criminales".
La claridosa demanda del asesor de Naciones Unidas en la materia, evidencia que los datos brindados por Calderón Hinojosa al comenzar el quinto año de su gobierno, no convencen a los expertos. A saber: “28% de los detenidos pertenecen al cártel del Golfo y Los zetas. 24% al del Pacífico. 15% al de Beltrán Leyva. 15% al de Juárez. 12% al de Tijuana. 4% a La familia.” Los porcentajes corresponden a la gráfica dada a conocer el 1 de diciembre de 2010, misma que no repara en la obviedad de que Los zetas rompieron con Del Golfo y libran una encarnizada disputa por mercados y territorios. Los exhibidos por Buscaglia de favorecer a la poderosísima corporación de El chapo, presentaron al “fundador” de Los zetas como trofeo de guerra.
La tolerancia del grupo gobernante hacia la organización más poderosa en materia de narcóticos, tiene su origen al decir del agudo experto, en la estrategia oficial que apuesta a "la consolidación de una sola banda, la Del Pacífico, para que disminuya la violencia". Apuesta que recuerda la que hicieron Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna al atizar los enfrentamientos entre los jefes mafiosos –los ilícitos, no los institucionales-- para que se liquidaran entre sí. Ello acrecentó el número de víctimas mortales ajenas a la guerra y que ahora, por orden del comandante supremo de las fuerzas armadas, se llama lucha.
En un ensayo que publicó a mediados de 2010, el doctor Buscaglia demostró que las mayores utilidades de los dizque cárteles no provienen del tráfico de narcóticos a Estados Unidos y otros países, además de su venta en el amplio mercado mexicano, y refrendó la tesis que sigue: "Informes de inteligencia militar demuestran que los grupos criminales realizan tráfico de personas, de armas y órganos; más que de narcóticos. Esos informes están en un cajón del escritorio de Calderón".
Otra advertencia medular del investigador fue que “la infraestructura de empresas legalmente establecidas son utilizadas por las bandas criminales para transportar personas, drogas, armas, órganos...”
Entrecruzamiento de tareas e intereses, lícitos e ilícitos, que poco investigan las dependencias del denominado gabinete de seguridad nacional, que la semana pasada privilegió una ofensiva mediática ante la persistente incredulidad ciudadana con los éxitos de la guerra que ahora es lucha.
Éxitos acaso reales, pero que palidecen ante la magnitud de la violencia criminal que cuesta a la nación 15 puntos porcentuales del producto interno bruto, estimación nacional y extranjera que duplica el presupuesto destinado a la vital tarea educativa.
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