El incesto:Delito acallado en Mexico.

En la penumbra y el silencio de la intimidad, las niñas víctimas de incesto padecen el dolor de haber sido abusadas por un familiar y no denuncian, por lo que el delito queda en la impunidad, reporta la organización Save The Children-México.

Para colmo, la agrupación internacional Human Right Watch (HRW) advierte que en las leyes de algunos estados del país las menores de 18 años también son sancionadas penalmente por incesto, toda vez que el delito es definido como “un abuso contra la unidad familiar”.

En nuestro país no existe un registro nacional de niñas y niños víctimas de todas las formas de abuso sexual, a pesar de ser un delito que, afirma la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), va en ascenso.

La Redim asegura que México carece de información sistemática que muestre la magnitud del problema, y además no se cuenta con sistemas que faciliten tanto el diagnóstico en niñas y niños víctimas de abuso como la denuncia eficaz.

“Es aún un problema cargado de un fuerte estigma, y aunque la frecuencia va en crecimiento, no es un tema muy documentado por los sistemas de justicia y salud… Lo que sí se sabe es que es un tipo de maltrato que se ejerce más sobre las niñas”, añade.

La PGJDF informó en octubre de 2010 que los casos de abuso sexual y violaciones contra menores de edad –en su mayoría niñas– sumaron 4 mil 742 de 2006 a 2009. No hubo registro de alguna denuncia por incesto, precisó la dependencia.

Un estudio reciente de la UNAM revela que los casos de abuso sexual infantil se cometen en su mayoría por padres, tíos y primos y no por personas ajenas a las víctimas.

Organismos de Derechos Humanos reportan que la edad promedio de las víctimas es de 5.7 años y que el 77 por ciento son mujeres. En el 19 por ciento de los casos, la víctima conocía al agresor que era el hermano; el padrastro en el 18 por ciento; el tío en un 16 por ciento y el padre en un 15 por ciento.

De acuerdo con IPAS-México, la Secretaría de Salud hospitalizó durante 2009 a una de cada tres niñas de entre 10 y 14 años por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, lo que hablaría del índice menores de edad que son abusadas sexualmente en el seno familiar.

Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC), explica que la falta de denuncias por el delito de incesto se debe a que las niñas víctimas no hablan al respecto.

Abunda que en gran medida ese silencio se debe a la educación estereotipada que se da a las niñas para “darse a los demás”. La mayoría de ellas piensa que al ser tocadas sexualmente por algún familiar es una forma de demostrar “que se les quiere” y que así se toca a “todas las niñas”.

Martínez Rodríguez aclara que cuando esos casos se logran denunciar son juzgados como abuso sexual o violencia sexual y no por incesto, a pesar de que tienen características diferentes.

Laura Martínez apunta que en el caso del incesto la violencia contra las niñas se da a través de la “seducción”: el victimario se fija en niñas y niños que están abandonados y con autoestima baja.

A excepción de Puebla y Tlaxcala, el resto de las entidades federativas contemplan el delito de incesto en sus Códigos Penales. Chiapas, el DF, Oaxaca, Sonora, Baja California, Chihuahua y el Estado de México lo consideran un delito “contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”.

Guerrero, Morelos y Veracruz lo estipulan como un delito “contra la familia”. Las demás entidades lo consideran como parte de los delitos sexuales.

El artículo 272 del Código Penal federal señala que en el delito de incesto se sancionará a los ascendientes (padres, abuelos, tíos, bisabuelos) que tengan relaciones sexuales con sus descendientes.

Las sanciones son diferentes si los victimarios son ascendientes (padres, abuelos, tíos) o descendientes (hermanos, primos). En el caso de los primeros la pena es de uno a seis años de prisión; en el caso de los descendientes la pena de cárcel será de seis meses a tres años. Igual que a los descendientes se aplicará pena en el caso de incesto entre hermanos.

HRW advierte que en las leyes mexicanas el incesto no es considerado generalmente como un delito contra la integridad física y sexual de la víctima, sino contra la familia, y lo definen como sexo “consensual” (con el aparente consentimiento de la víctima) entre padres, hijos o entre hermanos.

“Dado que el delito es definido como un abuso contra la unidad familiar y que la relación sexual está legalmente definida como ‘consensual’, ambas partes se hallan sujetas a sanciones penales, incluidas las víctimas menores de 18 años de edad, precisa el organismo en su informe “Víctimas por partida doble”.

El artículo 255 del Código Penal de Oaxaca establece que se impondrá de uno a seis años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. Pero aclara que “los descendientes mayores de 16 años que voluntariamente tengan relaciones sexuales con sus ascendientes, serán sancionados con la pena de seis meses a tres años de prisión”. El código también estipula la misma pena “en caso de incesto entre hermanos”.

Elba Esther y los priîstas.

Algo está pasando. El 13 de julio de 2006 Elba Esther Gordillo fue expulsada de las filas del PRI. Fue acusada de incurrir en conductas contrarias a los estatutos de ese instituto político, como apoyar la formación de un partido político antagónico y respaldar a candidatos de otras fuerzas políticas Sin embargo, entre 2010 y 2011 ha retornado triunfalmente a dirigir, así sea por la puerta de atrás, al tricolor.

Apenas hace unos días, Eruviel Ávila, el candidato del PRI a la gubernatura del estado de México no tuvo empacho en reconocerlo. Durante el último día de su precampaña en Metepec dijo: "Necesito de la maestra Elba Esther y necesito de los maestros y maestras del estado de México del sector federalizado". En el nombramiento del alcalde de Ecatepec como candidato de su partido, la maestra fue clave.

Hace apenas unos meses, el primero de diciembre de 2010, tomó posesión como gobernador de Veracruz el priísta Javier Duarte. Elba Esther asistió a la ceremonia. Llegó tarde, se sentó cerca de César Duarte, gobernador de Chihuahua, de Beatriz Paredes y de Enrique Peña Nieto, su amigo y aliado. Al terminar la ceremonia, el nuevo mandatario jarocho saludó de beso a la maestra.

Tanto amor fue generosamente recompensado. A pesar de que el Partido Nueva Alianza (Panal) no apoyó al PRI en la entidad y que, por el contrario, se la jugó a fondo con su amigo Miguel Ángel Yunes y el PAN, el partido de Elba Esther obtuvo posiciones dentro del nuevo gobierno.

Los vientos están cambiando. En 2007 Jorge Hank Rhon, alcalde Tijuana, fue postulado por el Revolucionario Institucional como candidato a la gubernatura de Baja California. No obstante que es enemigo jurado de Gordillo, ella hizo de la campaña electoral en la entidad un campo de batalla. El 2 de agosto, la profesora se reunió en Tijuana con 800 maestros traídos de diversos estados del país para afinar la operación electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Panal, en apoyo al candidato de Acción Nacional. Su línea fue impedir que los rojos (PRI) ganaran la elección.

“Los rojos –dijo Gordillo a sus operadores electorales– representan la delincuencia y la corrupción. Y aunque los azules son soberbios y prepotentes, en esta ocasión Nueva Alianza aún no tiene la fuerza para contender sola y ganar la elección. Por eso vamos en alianza con los azules (...) No somos panistas porque no somos conservadores, pero estamos en una coyuntura especial”. El PAN triunfó en los comicios.

A finales de 2010, el profesor Humberto Moreira, entonces mandatario de Coahuila y futuro dirigente nacional tricolor, afirmó durante su quinto informe de labores: "Todos somos amigos de la maestra Elba Esther. Es amiga del Presidente, de gobernadores, del magisterio, de muchos miembros del gabinete y hasta de Marcelo Ebrard". Aseguró que ella "es la dirigente de la organización sindical a la que yo también pertenezco". Hoy, Moreira, pieza política de Elba Esther desde siempre, está al frente del tricolor.

Por supuesto, la maestra niega que vaya a regresar al PRI. Entrevistada por Leo Zuckerman sobre su posible retorno, respondió: “No, no, no, nunca. Yo no me fui, yo no hice nada malo; yo sabía de algunas gentes que habían tenido conductas verdaderamente penosas. Yo lo que hice fue escribir, hablar, luchar por que el PRI se renovara, por que el PRI cambiara, y no está en mi agenda de vida personal volver al PRI. Ahora, no puedo obligar a los maestros que son priístas a que dejen de ser priístas…”

Pero, la verdad, ni falta le hace retornar formalmente al partido si es capaz de manejarlo desde afuera. Hoy tiene una libertad y una capacidad de maniobra privilegiadas.

Durante los comicios de 2010, el Panal se alió con el PRI en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y Sinaloa. Salvo en esta última entidad, ganó en todas. En Oaxaca y Veracruz, su partido perdió las elecciones, pero ganó posiciones en el gobierno. Colaboradores de Elba Esther se integraron a los gabinetes. Por si fuera poco, el Panal obtuvo el año pasado 39 diputados en los 15 estados que renovaron su Congreso local. En coalición, 337 presidentes municipales ganaron los comicios. Pero, más allá de los resultados electorales, su influencia en multitud de gobiernos priístas es incuestionable. Personeros suyos ocupan puestos claves en los gabinetes tricolores.

Aliada al PAN durante los dos sexenios, la maestra ha pactado ya con Enrique Peña Nieto. Así las cosas, la coalición PRI-Panal-Partido Verde rumbo a 2102 camina sobre ruedas.

Elba Esther ha forjado un círculo virtuoso: el control del SNTE le facilita el acceso a múltiples recursos y relaciones, y éstos le han permitido formar una red mediante la cual ha penetrado en diferentes ámbitos de la vida política del país, convirtiéndose en una figura con peso propio.

Es una espiral. El control del gremio le facilita acumular poder y dinero, que a su vez le permite mantener el control gremial. Su fuerza le abre la puerta para obtener recursos del Estado al margen de las negociaciones laborales. Sus alianzas no distinguen entre PRI y PAN. Sus relaciones le permiten que su gente clave se coloque en posiciones estratégicas.

Elba Esther ha tejido una compleja red con otros partidos políticos que, sin el menor empacho, postulan candidatos escogidos por ella. Es el caso de Luis Maldonado, dirigente de Convergencia y personaje muy cercano a Esteban Moctezuma –una de las debilidades de la dirigente sindical–, quien ocupa la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, gracias a ella. Recientemente, en un torneo de halagos mutuos la maestra le reconoció a Maldonado su capacidad para conciliar los problemas entre los maestros cuando trabajó en la Secretaría de Educación Pública federal. Él respondió que la consideraba una mujer excepcional y una mexicana comprometida. "Ha participado activamente en los procesos de transformación más relevantes de las últimas décadas", dijo.

De cara a las elecciones federales de 2012, Elba Esther Gordillo se apresta a abandonar el buque panista, a punto de naufragar. Apuesta por Enrique Peña Nieto. Formalmente ya tiene al PRI en sus manos. Falta ver si, antes de los comicios, desde Los Pinos deciden pasarle la factura.

El S.M.E.: Camino al aislamiento.

A 18 meses de que el titular del Ejecutivo federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 16 mil afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas persisten en su reclamo de que se les restituya su fuente de trabajo, en tanto que el autor de la entonces llamada “valiente” pero nunca talentosa decisión, insiste en la defensa de sus inamovibles posiciones: LFC costaba 50 mil millones de pesos al año en subsidios y “estaba estorbando para el crecimiento de la economía”.

La polarización de los actores en el conflicto es más pronunciada un año y medio después, el servicio de energía brindado por la Comisión Federal de Electricidad --en el Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla-- no muestra mejoría respecto al que proporcionaba Luz y Fuerza, la arbitrariedad en los cobros por el servicio acumula miles de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor y en las páginas de los diarios, mientras que el director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, se retiró en medio de homenajes --incluido el reconocimiento presidencial y del rector José Narro Robles--, en los que se ignoraron hechos de corrupción que florecieron bajo su prolongado ejercicio y algunos de los cuales están documentados en Estados Unidos.


En este lapso, el SME reconquistó su personalidad jurídica y todavía permanecen abiertos los espacios de diálogo y negociación con las autoridades que primero aplicaron el decretazo a deshoras de la noche y con la Policía Federal como principal argumento.


El hecho es que 18 meses después, el del SME y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es --junto al de los mineros y metalúrgicos-- uno de los dos conflictos laborales más importantes y, sin duda, el que mayor capacidad de movilización y respuesta muestra en las calles y plazas del centro del país, sobre todo en el DF, en formas y ritmos que parecen inagotables.


Esas formas tuvieron novedades preocupantes en Melchor Ocampo y Marina Nacional, donde se ubicaban las oficinas centrales de la CFE, y los propietarios o usuarios de cuatro automóviles fueron despojados de ellos, para enseguida incendiarlos y agredir con piedras a los bomberos cuando intentaron apagar el fuego. Previamente fueron cerrados los carriles centrales del Circuito Interior y más tarde se desató un enfrentamiento entre trabajadores y policías porque éstos les impidieron entrar a las instalaciones del otrora organismo público. Detalles aparte, otros incidentes se reprodujeron en los alrededores de la Secretaría de Gobernación y en el Zócalo. Los saldos son 12 detenidos y dos reporteros golpeados e incluso robados.


Pareciera oportuno el deslinde que hizo Martín Esparza respecto a los hechos violentos y la no participación de afiliados del SME, los que atribuyó a “infiltrados”, pero es del todo insuficiente si nos atenemos, por ejemplo, al testimonio de la reportera Patricia Muñoz Ríos sobre el fotógrafo Marco Peláez. “Más de 30 lo empezaron a rodear y lo golpearon; (…) hasta que tres integrantes del comité les gritaron: ‘Ya paren, cabrones, es de La Jornada!’” Sólo eso lo salvó de una agresión peor.


El linchamiento mediático que durante 18 meses sufren los electricistas no justifica ni explica la agresión al colega jornalero, medio que como ninguno da una cobertura informativa al conflicto. Tampoco el despojo sufrido por automovilistas y la agresión a los bomberos y usuarios del metro.


Las autoridades ministeriales están obligadas al esclarecimiento de los lamentables hechos y los electricistas a demostrar su inocencia ante la opinión pública, salvo que la estrategia de los dirigentes sea emprender el camino del aislamiento, ruta directa a la derrota.

Los beneficiarios.

La pregunta de a quién beneficia la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón tiene una respuesta evidente: al proyecto intervencionista de Washington y a los intereses económicos, financieros y políticos del grupo yunquista-calderonista en el poder en México. De ahí la negativa violenta de Calderón a detener la escalada de violencia en la que funda sus políticas de ambición transexenal.

1. El clamor nacional de "¡Ya basta!", dirigido al gobierno del PAN, más intenso tras la ejecución del joven Juan Francisco Sicilia y sus compañeros el 28 de marzo en Temixco, Morelos, está siendo desvirtuado por una virulenta campaña propagandística y de desinformación del gobierno, pretendiendo que debe ser dirigido "al crimen organizado" y no a los panistas, que son, como todo mundo sabe, quienes han generado la violencia y la están administrando en función de sus intereses económicos y políticos, y que para muchos mexicanos forman parte de una mafia que debe ser calificada también como parte del "crimen organizado".

2. Tras de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó al gobierno el retiro, a corto plazo, del Ejército de este escenario (31 de marzo), un vocero oficial respondió que los militares continuarían en las calles, pero ahora que ha crecido la movilización promovida por el poeta Javier Sicilia –que al no obtener respuesta exige la renuncia de las autoridades de Morelos y anuncia una marcha a la capital–, el propio Calderón reiteró fúrico su negativa a terminar con la violencia en un discurso desbocado el martes 12, en el que pretendió eximirse de responsabilidad por haber llevado a México a un baño de sangre en función de intereses privados.

3. Las sinrazones del gobierno calderonista para seguir administrando la violencia y confundiendo a los mexicanos son muy claras: cumplir sus compromisos entreguistas con Washington, a fin de conseguir el respaldo de la Casa Blanca para que Acción Nacional siga en Los Pinos en 2012 y los beneficiarios de la violencia continúen adueñándose del país.

4. La cuestión de ¿cuál es el sentido de la supuesta "guerra de Felipe Calderón" contra el narcotráfico? se la formula también, entre otros, Noam Chomsky en su último libro Esperanzas y realidades (Tendencias Editores, Barcelona, 2011), respondiéndose que para interpretarla habría que responder a la cuestión de "¿a quien beneficia?", y no duda en afirmar, coincidiendo con diversos especialistas de Naciones Unidas, que esta "guerra" es "una caricatura", pues ha dejado intactos los poderes económicos privados "que participan masivamente en el tinglado".

5. El endurecimiento fascistoide del gobierno entraña por lo mismo una serie de señales a esos beneficiarios de la guerra "de Calderón" que son las grandes corporaciones trasnacionales, que él busca no lo abandonen en el año 2012. De ahí el perverso intento oficial por criminalizar al movimiento electricista y al SME, torpemente secundado por Marcelo Ebrard, también por ambiciones futuristas, o la desesperación de Los Pinos por hacer aprobar al Congreso la contrarreforma laboral que pretende dejar en letra muerta el artículo 123 y cancelar los derechos de los trabajadores mexicanos.

6. La política intervencionista de Estados Unidos en la era postbushiana se ha sustentado en cuatro "argumentos" que han quedado evidenciados en lo que va del siglo XXI como pretextos mal fundados: la defensa de los derechos humanos (Libia) y la lucha contra el terrorismo (Irak), la guerrilla (Colombia) y el narcotráfico (México), calificados alternativamente como narcoterrorismo. La pretendida "lucha contra el narcotráfico" es ahora el más utilizado, y por eso a pocos especialistas extrañó que la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, auspiciada por la DEA, se efectuara en Cancún del 5 al 7 de abril, ni que su presidente fuese Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública –señalado en diversas ocasiones por sus vínculos con el narcopoder–, ni mucho menos que la principal conclusión de esta reunión fuese la tesis intervencionista de la administración Obama: que la lucha contra el narcotráfico debe ser en el futuro "global", para obviamente "legalizar" la entrada de las agencias estadunidenses armadas a los países en los que Washington tenga intereses estratégicos.

7. Las sospechosas matanzas de días recientes, atribuidas sin fundamento al narco, inciden en este escenario de intervencionismo, pues tras el descubrimiento a principios de mes de por lo menos 120 fosas en San Fernando (Tamaulipas) –donde en agosto de 2010 fueron ejecutados 72 migrantes–, el miércoles 13 varios legisladores estadunidenses, tras reiterar el argumento de que México es "un Estado fallido" y que la situación representa un peligro para el pueblo de Estados Unidos, se plantearon la posibilidad de enviar tropas a nuestro país.

8. El senador Michael McCaul, tras pretender que no hay una estrategia "integral" de Washington sobre México y sugerir en una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, se apliquen aquí "los esquemas de Colombia", recordó que ahora hay un gobernante en México que quiere trabajar con ellos, pero que al desconocerse en Washington que acontecerá en las próximas elecciones y si seguirán teniendo, tras 2012, "las mismas oportunidades", era la hora de diseñar una "nueva estrategia" que debería iniciarse con lo que llamó "una operación militar conjunta".

9. Muy significativo es que el miércoles 13 en su programa nocturno los locutores de Televisa coincidieran con la tesis del "desastre institucional" que permite "justificar" el intervencionismo y que, como lo hicieron algunos diarios mexicanos del 14, sostuvieran que Tamaulipas "no es ya parte del Estado mexicano", que no ejercen ahí sus funciones "el gobierno estatal ni las autoridades municipales" (Loret de Mola), que existe "un gobierno del crimen organizado" y estamos ante "un Estado fallido" (López Dóriga). A casi un año del homicidio no aclarado de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, el 28 de junio de 2010, se busca arrebatar a los priístas la entidad, llevarla a un estado de excepción y, con vistas a 2012, utilizarla como el escenario de ensayo de un abierto intervencionismo estadunidense.

10. El consenso nacional que se ha ido generando en estos meses es muy claro frente a todo esto. La "estrategia" del gobierno panista de facto para supuestamente luchar contra el narco, ha generado una espiral de violencia y está permitiendo a las fuerzas más oscuras del yunquismo-calderonismo auspiciar matanzas brutales para justificar la tesis del "Estado fallido" y el intervencionismo de Washington, y no puede ser considerada como una "estrategia equivocada", como suponen ciertos sectores. Es abiertamente una estrategia perversa, con objetivos económicos y políticos muy evidentes, y por eso se le está espetando a Calderón, señalado como responsable del desastre, ese contundente: "¡Ya basta!".

Femicidios en Mexico.

De 1985 a 2009, 34 mil 176 mujeres y niñas fueron asesinadas, lo que revela la importancia de reformar el Código Penal federal para tipificar el feminicidio y así salvaguardar la integridad y los derechos de las mujeres, pero sobre todo, prevenir la violencia de género, aseguró la ex diputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos.

En entrevista con CIMACNOTICIAS, la presidenta de la Comisión especial de feminicidios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados dijo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) es una ley preventiva pero necesita de una reforma en los Códigos Penales para cumplir con su fin de erradicar la violencia de género.


En opinión de la también presidenta de la Red Nacional de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, al tipificar el feminicidio se reconocerá que los asesinatos de mujeres tienen características particulares que los diferencian de los homicidios masculinos y se reconocerán los 34 mil 176 homicidios de mujeres y niñas que se registraron en 24 años.


“De no quedar esto en la ley, no se entenderá que hay homicidios por razones de género ni que existe un entorno social que produce violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres”, aseguró la antropóloga, quien a través de sus investigaciones ha documentado estos crímenes y ha impulsado el tema en la legislación cuando fue diputada de 2003 a 2006.


Las cuatro iniciativas


Hasta el momento se han presentado cuatro iniciativas para tipificar el feminicidio. Tres de ellas se encuentran en las Comisiones unidas de Equidad y Género y Justicia de la Cámara de Diputados, una en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y una ya fue aprobada por el Congreso del Estado de México.


En San Lázaro se han presentado tres iniciativas: una la presentó la diputada perredista y presidenta de la Comisión especial de feminicidios, Teresa Incháustegui Romero; otra es de la diputada panista Laura Elena Estrada Rodríguez y una más de la legisladora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo.


La iniciativa de la diputada Incháustegui Romero es apoyada por la Red Nacional de Investigadoras (encabezada por Lagarde) y señala que este delito se acreditará cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.


Por otra parte la iniciativa de la diputada Estrada Rodríguez precisa que el feminicidio lo comete un hombre.


En tanto la iniciativa de la legisladora Gástelum Bajo –apoyada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuya titular es Laura Carrera, y por la experta en Derechos Humanos, Patricia Olamendi– castigará el delito con penas de 30 a 60 años de prisión y hasta mil 500 días de multa


Reforma insuficiente


De acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en un lapso de año y medio se han denunciado 4 mil 773 violaciones en contra de mujeres y de enero de 2005 a agosto de 2010 se registraron 922 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en esta entidad.


Ante esta situación el OCNF presentó una solicitud para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG), misma que con 20 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones fue rechazada por el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres).


Luego de este resultado, el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, anunció la tipificación de este delito. Finalmente, el 17 de marzo de este año el Congreso mexiquense aprobó una reforma en la materia, la cual fue calificada por organizaciones civiles como insuficiente.


En un análisis, el OCNF precisa que esta iniciativa hace más complicado comprobar el delito ya que será difícil probar cuáles son las lesiones asociadas a “la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo”, términos que utiliza la ley para definir la violencia de género.


Feminicidio, un pendiente en el DF


Además de las iniciativas que se analizan en las Comisiones unidas de Equidad y Género y Justicia de la Cámara baja, el 8 de marzo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el DF, para tipificar este delito.


La propuesta es apoyada por la Red Nacional de Investigadoras, el Instituto de las Mujeres del DF y por la Procuraduría de Justicia capitalina. De acuerdo con la iniciativa, el feminicidio se castigaría con penas que van de los 30 a los 60 años de prisión.


Sobre este tema, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandra Barrales, dijo en entrevista que en la Ciudad de México también se aborda la problemática de la violencia de género, por lo cual se han hecho reformas para que el maltrato físico contra las mujeres deje de ser algo común.


La presidenta de la Mesa Directiva de la ALDF destacó que “en unos días” se estará retomando el debate para tipificar la figura del feminicidio y con ello garantizar que ninguna mujer sea lastimada o que pierda la vida sólo por ser mujer. También precisó que el gobierno capitalino debe brindar garantías para que ninguna mujer sea asesinada y de ser así que haya condenas severas.

Carta Internacional de solidaridad a Javier Sicilia.

A la familia Sicilia Ortega

A los padres, madres, hermanos, esposos, esposas e hijos de los muertos y muertas de esta guerra

Al México que exige NO MÁS SANGRE

¡Basta ya a la Guerra de Calderón!

Para quienes hacen de la muerte su negocio y su único horizonte, la rebeldía que busca defender esa vida es un acto que no pueden tolerar. La muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega ha sido un golpe más a la dignidad de un país sumergido en una guerra cada vez más cruenta y cada vez más absurda. Es una nueva herida sobre las cerca de 40 mil heridas provocadas por la prepotencia y la impunidad de esta guerra. Una guerra en la que los criminales que la favorecen desde sus cárteles, cuarteles u oficinas de gobierno, han convertido nuestras vidas en un campo de batalla y han hecho que los muertos sean nuestros hijos, madres, padres y hermanos.

La atrocidad y el dolor nos ha dejado sorprendidos una vez más. Esta vez se hizo una llaga en el tiempo, nos hizo voltear nuevamente a ver el rostro de los jóvenes que por medio del rostro de Juan Francisco expresan la injusticia y la inhumanidad de esta guerra. ¿Cómo pueden llamarle a este acto tan vil los que cometen estas atrocidades? ¿Errores, daños colaterales, ajustes?

Quienes se esconden detrás de mensajes en mantas o detrás de cargos públicos deben saber que la sangre inocente que tienen en las manos, la sangre de Juan Francisco y tantos otros es de un rojo tan vivo que su marca indeleble hará que la justicia en algún momento encontrará la forma de hacer de sus actos consecuencias.

La muerte de Juan Francisco debe convertirse en esas muertes que mueren por la vida, que engendran vida, que nos hacen reflexionar, hablar y actuar sobre lo que está pasando, que nos obligan a buscar caminos de vida, a luchar contra la lógica de la sangre y de la guerra. La sensatez está en los corazones que a pesar del dolor laten aún esperando con esperanza activa.

Compartimos el dolor y estrechamos las manos sabiendo que las palabras y lo que está lastimando a corazones tan dignos habrá de hacer nacer momentos en los que la justicia y la paz no se hagan esperar.

Javier, sabemos que no hay palabras suficientes con las que podamos dimensionar el dolor que hoy ensombrece tu corazón y el de tu familia, pero en ese mismo dolor nos hermanamos con ustedes y se reafirma nuestro compromiso por que la justicia encuentre su tiempo y la esperanza vuelva a dibujar el horizonte.

¡NO MÁS SANGRE!

¡Basta ya a la Guerra de Calderón!


MÉXICO


Red Contra la Represión y por la Solidaridad (México)

Nodo de
Derechos Humanos (Puebla)

Enlace Urbano de Dignidad (Puebla)

Comisión Takachiualis de
Derechos Humanos (Puebla)

Escuela Primaria "Rafael Ramírez" (Puebla)

Catedra Alain Touraine (Puebla)

Instituto de
Derechos Humanos Ignacio Ellacuria (Puebla)

Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana (Puebla)

Democracia y Sexualidad (Puebla)

Contracorriente (Puebla)

Colectivo de Trabajadores
Democráticos (Puebla)

El Taller, A.C. (Puebla)

PRADE, A.C. (Puebla)

Unión de Promotores y
Defensores de
Derechos Humanos (Puebla)

CNUC (Tlaxcala)

Colectivo Acertijo (Tlaxcala)


INTERNACIONALES


Confederación General del Trabajo (CGT) Estado Español

Gruppe B.A.S.T.A., Münster (Alemania)

Grupo Les trois passants (Francia)

La Union Mexicana Suiza ( UMES ) de Zürich Suiza

La Red-Latinoamerica de Zürich (RLZ) Suiza

Plataforma vasca de solidaridad con chiapas (Pais Vasco)

Caracol mundo-eco de latido en solidaridad Viena (Austria)

Colectivo ALANA Solidaridad-Resistencia-Dignidad (Grecia)

El Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ (Estado Español)

FugaEmRede de Galiza

Grupo IRU (Estado español)

El desafio de la mirada.

La parábola es ridículamente imposible. ¿Cómo imaginar que el emperador anda desnudo y nadie percibe su condición? ¿Cómo creer que todos la ven cuando un cortesano se atreve a revelarla?

Su eficacia deriva de algo sorprendente: describe un fenómeno común, que ocurre todos los días en todas partes. No vemos realidades enteramente evidentes: el prejuicio es más fuerte que los hechos. Hasta que alguien desgarra nuestra ceguera…

La consagración universal de la democracia trajo universal desencanto. Están a la vista sus horrores y decepciones. Pero seguimos atrapados en el marco mental que le atribuyen a Churchill: “La democracia es el peor de todos los sistemas posibles… a excepción de todos los demás”. Este marco mental no considera auténticas alternativas. Si "todos los demás" son reyes, emperadores o déspotas como Hitler, Pinochet o Mubarak, lo que aún llamamos democracia parece claramente preferible.

Consideremos la situación inmediata, actual, que vivimos en México en estos días.

A la vista de todos está la lamentable situación de nuestros procedimientos electorales. No podrán evitarse las trácalas que se han cometido siempre en el país y se repetirían en 2012, a menos que impidiéramos esa desgracia, la realización misma de las elecciones.

Todo mundo conoce y reconoce el carácter de las campañas electorales, que formarían el juicio de los votantes. Todos sabemos que son un circo mediático, en que la manipulación de los poderes constituidos, apoyando ilegalmente a sus candidatos, es insignificante junto a la que practican los "poderes fácticos", poniendo dinero en las campañas o a través de los medios masivos de comunicación.

Es un hecho público y ampliamente reconocido que este fenómeno que se ha vuelto habitual sería aún peor en 2012. Lo vemos desde ahora, porque el circo empezó hace tiempo. No hay forma de evitar el flujo de dineros sucios hacia partidos y candidatos, no importa cuántas vestiduras se rasguen quienes podrían hacer algo al respecto. Son sorprendentemente débiles los procedimientos para prevenir el desvío de recursos públicos a fines electorales. Finalmente, no puede ser más clara y evidente la injerencia ilegítima e ilegal de los "poderes fácticos" en el proceso electoral.

Todo esto se discute abierta y continuamente en ámbitos privados y públicos. Es enteramente evidente. Es como si todo mundo hubiera estado hablando de la desnudez del emperador, lo que según la parábola no ocurrió. Así podemos ver que el asunto es un poquito más complicado. Lo que no vemos es la opción, aunque esté cada vez más a la vista de todos. No nos atrevemos a verla. Preferimos cerrar los ojos, apretar los dientes y ponernos bajo la ducha fría. Concentramos el empeño en fabricar la ilusión de que todo eso que sabemos no ocurriría esta vez, que en 2012 sería mágica y sorprendentemente posible vencer el fraude y la manipulación y que así podría expresarse libremente una voluntad ciudadana consciente y lúcida que tomaría la mejor decisión para el país y garantizaría que el nuevo salvador de la patria hiciera los prodigios que deberíamos esperar de él.

Este fenómeno social tan descaradamente insensato tiene incluso explicación epistemológica. Los hechos no existen como tales. Todos los hechos son socialmente construidos. Pero un "hecho" no podrá ser reconocido como tal si no encaja en el marco mental que domina la percepción, por más evidente que sea. "No", explicaban los "primitivos" a los antropólogos: "ese hombre no murió porque se haya partido la cabeza al caer al precipicio; murió porque una fuerza oculta decidió su muerte." "Veían" las fuerzas ocultas, no las interpretaciones médicas. Dentro de su marco mental era imposible ver otra explicación de una muerte. Según Einstein, ningún problema puede ser resuelto dentro del mismo marco mental que lo creó.

Millones de mexicanos siguen atentos el canto de las sirenas, hasta cuando les disgusta profundamente. Construyen de nuevo las ilusiones que les prometen. Que esta vez sí se respetarán los votos, que se elegirá a un gran hombre y que él podrá arreglarlo todo… O bien, piensan que todo es una porquería, pero que no hay de otra.

El emperador está desnudo y su desnudez no es estética. Lo sabemos. Ya no hace falta que un cortesano lo revele. Ahora necesitamos enfrentar con entereza las consecuencias. Despejar la mirada. Darnos cuenta de que la ruta cada vez más repugnante hacia las elecciones de 2012 no es algo inevitable, fatal, el único camino a seguir. Se trata de des-cubrir la opción, darnos cuenta que está ahí, frente a nuestros ojos, que basta abrirlos. Y luego aguantar a pie firme lo que veamos.

Derecho a la alimentacion: ¿Cuestion de Estado o partido?.

Hay tsunamis más letales que los del océano Pacífico. Porque matan de hambre, lentamente. Son los tsunamis de la especulación y lucro con los alimentos... El solo incremento de los granos básicos durante la oleada alcista de 2006-2008 aumentó el número de personas en pobreza alimentaria en México en 5 millones, afectando a uno de cada cinco mexicanos. A nivel mundial, la misma oleada produjo 147 millones de nuevos pobres tan sólo de 2006 a 2009.

La gente podrá trabajar duro para obtener sus alimentos básicos; podrá haber capacidad productiva en el planeta para nutrirnos a todos, pero cuatro factores se conjugan para que haya hambre: a) el salario aumenta menos que los alimentos; b) los alimentos son el nuevo y más rentable negocio trasnacional, c) el gobierno mexicano mantiene una política agroalimentaria que nos hace importar 42 por ciento de lo que nos comemos y, d) el propio gobierno no cuenta con reservas de alimentos básicos controladas por él para los tiempos de escasez.

El poder de los estados nacionales se ha ido abdicando ante las grandes empresas trasnacionales mediante los tratados de libre comercio y un manejo mercantilista de la política agrícola y alimentaria. Aceptamos el papel que nos asignan los agronegocios: comprarles volúmenes crecientes de granos, oleaginosas y cárnicos y disputarnos con otros países pobres el acceso a sus mercados para nuestras productos tropicales. Así, países como el nuestro pueden obtener más divisas, pero crecen la desnutrición y la malnutrición. La balanza de pagos contra la balanza de la salud de las personas.

Desde los años 90, una serie de organizaciones sociales, campesinas y de consumidores vienen luchando para que el derecho a la alimentación se consagre en nuestra Carta Magna. Por fin lograron que la Cámara de Diputados apruebe una minuta que eleva este derecho a rango constitucional, reformando dos artículos: al 4º constitucional se le agregaría el siguiente párrafo: "El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad". Y al 27 en su fracción XX se le añadiría: "El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca".

Pero a la hora de llevarse la minuta aprobada al Senado, las y los legisladores del PAN piensan en sentido contrario a sus homólogos blanquiazules en San Lázaro y rechazan la reforma constitucional sobre el derecho a la alimentación. Seguramente piensan que con ella el Estado se va a convertir en un gigantesco repartidor de despensas, habilidad en que los priístas llevan una enorme delantera.

Las y los senadores panistas también se ponen a contar los chiles. Les parece demasiado consignar el término "garantizar" la alimentación en el texto constitucional. Aprendieron de su jefe Calderón que vetó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estipule que el presupuesto anual para el campo, el Programa Especial Concurrente, no disminuya en términos reales de un año a otro. Pero no ponen ningún remilgo al párrafo constitucional que establece que el Estado “… garantizará el financiamiento a los partidos políticos”. El país de los partidos ricos y de los ciudadanos hambreados.

Aquí sobresalen las ganas de no entender las cosas, la pobreza de imaginación y la mezquindad partidista. Hay que entender en primer lugar que el hecho de que se reformen tanto el artículo 4º constitucional, como el 27, obliga al Estado a cambiar drásticamente su política agroalimentaria: en lugar de orientarla a producir alimentos para la exportación, lo obliga a dirigirla a garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos para nuestra población. No se trata de dar pescados, sino de garantizar las condiciones para que haya pescados y todo mundo pueda pescar, e impedir que lucren con la situación los dueños de los anzuelos y de los estanques. Ni tampoco de acabar de un año a otro con la pobreza alimentaria, sino de hacer un plan con auténtica voluntad política y compromisos, comenzando, por ejemplo, porque el Estado garantice la nutrición adecuada y suficiente a todos los niños menores de cinco años y a las madres lactantes y gestantes. Luego se iría extendiendo a otros estratos vulnerables de la población. Para esto además de imaginación se requiere una visión de Estado y no de partido: el no querer arriesgar a los gobiernos de mi partido a realizar enormes desembolsos.

Garantizar el derecho a la alimentación sana y suficiente es garantizar el derecho a la vida: que digan, si no, los nutriólogos, los perinatólogos, los pediatras, los sicólogos. Es muy fácil decir que se está por el derecho a la vida porque se fustiga y se persigue a las mujeres que se deciden a abortar, cuando no hay el mínimo compromiso para que las y los mexicanos que viven, vivan con dignidad.