¿Cuando ganara Calderon?.

Felipe Calderón pretende endilgarnos su guerra contra los capos como si fuera nuestra; no es la guerra de Calderón —dice— sino la de México. Pero nunca consultó a nadie; ni a otros poderes del Estado, ni a los partidos políticos, ni a los expertos en el tema, ni a la sociedad civil. Fue una decisión unilateral —además de precipitada— cuya responsabilidad quiere compartir con todo el país. Pero la deuda histórica será —para bien o para mal— exclusivamente suya. ¿Cómo podremos saber si Calderón ganó su guerra, o cuándo podríamos determinar ese feliz e improbable desenlace? Difícil hacerlo, porque ésta es una guerra sin definición de éxito y con objetivos nebulosos. Ante lo confuso de la estrategia, el propio gobierno ha señalado distintos propósitos en diferentes momentos. Se había dicho que la reducción del consumo era una de las metas; después, cuando se ha visto el incremento del consumo (en México y Estados Unidos) se dijo que no, que no se trataba de reducir el consumo, sino administrarlo. Pero la consigna “para que la droga no llegue a tus hijos” es inequívoca a cuál era el propósito (o uno de ellos).

Se ha dicho también que se trata de fortalecer el Estado de derecho, aplicando la ley sistemáticamente. El problema es, por un lado, que se pretende hacer esto sólo en materia de delincuencia organizada, pero permanece la absoluta impunidad en materia de corrupción general (que es el terreno donde florece el crimen organizado). Ahí no se aplica porque la clase política y sus socios privados se dispararían al pie. En seguida, la aplicación de la ley, al detener o matar capos y consignar sicarios, en este caso no parece generar el efecto buscado en toda aplicación de la ley; disuadir de incurrir en los delitos penalizados. Se señaló también como un objetivo de la guerra recuperar control territorial; si ese es el indicador, pues la cosa está hoy peor que antes. Y si no, que pregunten en Ciudad Juárez, Tamaulipas (incluida Ciudad Mier) y Monterrey. Vaya, ni siquiera hay control en el sistema penitenciario.

El gobierno ha aclarado a veces que reducir la violencia no es un objetivo en sí mismo, y que su incremento temporal es el costo para obtener las otras metas señaladas. También ha dicho que el descabezamiento de capos y captura de sicarios llevará a un punto en que los cárteles se desmoronen, y con ellos la narco–violencia. Hasta ahora, esas medidas se han traducido en un incremento notable de la violencia, en los lugares donde tienen lugar (por la guerra entre grupos y jefes que se disputan el liderazgo y las plazas). Los éxitos parciales del gobierno se traducen en mayor violencia e inseguridad; una paradoja de esta mal planeada guerra. Pero, a veces, como parte de la confusión —y el engaño— el gobierno ha dicho que la violencia disminuiría antes de terminar el sexenio. Fernando Gómez Mont aseguró que la curva de violencia empezaría a declinar este año (cuando al contrario, se ha elevado). Según el gobierno y los apologistas de su estrategia, en algún momento indeterminado empezaremos a ver que la violencia disminuye, pues se habrá desmantelado a los grandes cárteles (como en Colombia, aunque sin los ingredientes que allá fueron esenciales). Pero existe también la posibilidad de que los críticos de esa estrategia —quienes la comparan con patear el avispero— tuvieran razón, cuando afirman que de continuar ésta en sus actuales términos, la violencia seguirá creciendo ad infinitum (por la metástasis involuntaria, pero torpemente provocada). Pero, ¿cómo sabremos quién tenía razón? Al paso del tiempo lo sabremos, se puede pensar. Pero para ello, el próximo gobierno, del color que sea, tendría que continuar con la estrategia calderonista sin modificaciones de fondo. Si por el contrario, y ante el desastre al corte de caja, decide dar un golpe de timón (algo probable), ya no sabremos si la guerra de Calderón era eficaz o no. En tal caso, dados los desastrosos resultados que habrá en 2012, la estrategia quedará registrada como absolutamente fallida, como irracional e incluso contraproducente a los objetivos que buscaba (con todo lo cambiantes y confusos que han sido). Desde luego, y en cualquier caso, la herencia que Calderón dejará a su sucesor en este ámbito será nefasta, pues muchos de los daños provocados por ella parecen irreversibles en el corto plazo.

Carta abierta a Calderon.

Señor presidente:


Me permito responder a su reciente llamado televisivo: Dijo usted a la ciudadanía “esta es una lucha que vale la pena luchar, que hay que librar. Y no es ni debe ser a lucha sólo del Presidente, sino de todos los mexicanos, y en particular de aquellos que tenemos la responsabilidad pública en el gobierno, ya sea a nivel federal, estatal o municipal o en los otros poderes, como el Legislativo y el Judicial, de actuar en favor de la gente”. Coincido plenamente al igual que millones de hombres y mujeres.


Antes que nada quisiera preguntarle, la lucha a la que se refiere ¿es sobre el rescate del país o exclusivamente sobre la guerra contra el narco? ¿cuándo dice gente se refiere a hombres, mujeres, niños y niñas? ¿o solamente a sus soldados y policías federales? Muchas personas consideramos que hay cientos de problemas ajenos a los cárteles que laceran a la sociedad y nos permitimos enumerar algunos.


Dijo Ud. “Tu participación es vital, porque esta lucha es de todos y por eso tu denuncia, por ejemplo, o la información que nos puedas hacer llegar, es clave para avanzar en ella”. Vayan pues algunos datos como evidencia de nuestra voluntad para la cooperación y asumiendo la co-responsabilidad por el bien de México:


El gobernador de Puebla Mario Marín protege a las redes de pornografía infantil a cambio de recursos para campañas políticas; su protegido Jean Succar Kuri sigue en espera de sentencia por trata sexual y pornografía infantil (de niñas hasta de 4 años) desde el 2005, sin embargo los jueces federales parecen no tener tiempo para girar sentencia ¿cree usted que el procurador Chávez a quien usted designó abogado de la Nación tenga tiempo, e interés, de revisar el caso? las niñas víctimas esperan su respuesta.


Hay indicios de que el gobernador de Morelos dio cobijo a la gente del capo Beltran Leyva,la Marina cuenta con evidencias, su domicilio en la primaveral Cuernavaca es público (pero podríamos enviarlo con gusto). Por otro lado un sujeto de nombre Ulises Ruiz, ha cometido crímenes diversos en Oaxaca, mantiene amenazados a periodistas y ha encubierto asesinos. Sus generales se le harán llegar si este caso resulta de su interés.Hay de igual manera evidencia plena que el Gobernador de Durango, desvia recursos públicos incluso federales para las campañas políticas, que mantiene protegido al Chapo Guzman, que recibe dádivas del crimen organizado, que compro una isla, que tiene sometida y a su servicio a la prensa local($) y nacional, ¡¿no lo sabia Sr Presidente? ¿Recuerda usted a Brad Will, el norteamericano asesinado por sus policías? tal vez sea pertinente que tome usted una postura de indignación como la que asumió frente la policía norteamericana ante el asesinato de un adolescente en Ciudad Juárez.


Un peritaje demuestra que el incendio de la guardería ABC en que murieron calcinados 40 niños y niñas, veinticuatro más quedaron heridos y marcadas de por vida y otros sesenta fueron expuestos a la tragedia. Existe un listado de todos los implicados en la red de colusión de servidores públicos responsables de este siniestro; con gusto el enviaremos copia de la documentación para que -tal como usted dice- su gente se ponga “manos a la obra”.


Martín y Bryan Alamanza Salazar de 9 y 5 años fueron asesinados a balazos por el ejército. No conformes con ultimar la vida de los pequeños, los soldados del retén fabricaron evidencias argumentando “fuego cruzado”. Los peritajes y testimonios demuestran que fue un salvaje ataque a una familia inocente que se detuvo obedientemente en un retén militar en Ciudad Mier, Tamaulipas. Si gusta podemos hacerle llegar los nombres de soldados responsables de la balacera. Simplemente le suplicamos se asegure, señor presidente, de que la vida de los testigo no corra riesgo por cooperar con usted.


Los refugios para mujeres víctimas de violencia han sido atacados por policías; las víctimas son protegidas por la sociedad civil que, por colaborar con el Estado, se encuentra absolutamente desprotegida ¿qué recomienda usted para que esta colaboración no les cueste la vida a las activistas? Miles de niñas víctimas de trata sexual y laboral no tienen espacios seguros, ni recursos especializados para su rehabilitación y para reconstruir sus vidas. Con gusto le enviaremos los nombres de los explotadores e incluso de quienes les ofrecen puestos de elección popular para que les sea más fácil cooptar a su víctimas y estar plenamente protegidos de la acción de la justicia.

Ya que está usted interesado en la colaboración ciudadana deseamos hacer de su conocimiento que hombres y mujeres periodistas han sido secuestrados, asesinadas, desaparecidos y encarceladas justamente por investigar todo lo relacionado con la guerra contra la delincuencia organizada que usted lidera.Tal vez sea de su interés un listado de probables responsables de dichos delitos, ya que la fiscalía especial no ha podido resolver uno sólo de estos casos. Estamos seguras de que una vez enterado, usted dará las órdenes para que se lleve a cabo una investigación pronta y expedita.


Sabemos de su afán en erradicar la corrupción de los sindicatos; le informamos que una mujer de nombre Elba Esther Gordillo se ha enriquecido de forma inexplicable y es responsable de la parálisis y corrupción del sistema educativo.


Espero que esta humilde aportación sea de utilidad para el avance en ese México que todas y todos soñamos y, que usted ha dicho, está dispuesto a rescatar a nuestro lado.
Bienvenido a nuestra realidad señor presidente.

Tenga la seguridad de que seguiremos colaborando con información y deseo de justicia.

La disputa.

La acre disputa entre el gobierno de facto de Felipe Calderón y el PRI por el 2012 ha ahondado a lo largo de 2010 la crisis económica y financiera del país y está poniendo una vez más en evidencia el hecho vergonzoso de que "las instituciones" de la República no son otra cosa que un botín de dos facciones de los intereses mafiosos en el poder, y sobre todo que ninguno de los dos bandos tiene nada que ofrecer a los mexicanos.

1. ¿A qué se debe entonces esta querella, que muchos se niegan a comprender, entre quienes parecían estar condenados a ser aliados permanentes?

2. El pleito ha arreciado porque desde que en su "ponencia" al festejarse los 20 años del IFE Salinas reclamó el 12 de octubre a los panistas que en vistas a las próximas elecciones se respetara el principio de "la alternancia", pero "de ida y vuelta", como había sido pactado en los 80 por su gobierno con los panistas (para los que creó las condiciones que les permitieron compartir el poder del Estado), y al responderle Calderón se ha olvidado de que llegó de manera ilegítima a la silla presidencial gracias a Salinas, quien ayudó a Fox a orquestar el fraude, y ha ido extremando un discurso maniqueo. En el futuro no puede ya gobernarse "ni desde el autoritarismo ni desde la dictadura" como en el pasado, dijo por ejemplo referiéndose a los gobiernos priístas al entregar el 24 los premios nacionales de 2010 a académicos de la derecha (para seguir festejando seguramente la Revolución Mexicana).

3. La propuesta del PRI fue empero enunciada una vez más por Carlos Salinas de Gortari, como jefe nato del Institucional, al participar ese mismo miércoles 24 en un acto del Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa (GBM), y pretender que ellos no siguen el modelo neoliberal. En el debate público, según Salinas, existen dos propuestas "no muy clarificadas": la del "neoliberalismo" (que sería la del PAN) y la del "neopopulismo" (que sería la del PRI y que en sus libros solía llamar de "la democracia social"), para no hablar, agregó, de la del que llamó "el innombrable", aludiendo con su propio mote a Andrés Manuel López Obrador, que, dijo, "anda promoviendo su otra opción", refiriéndose al proyecto alternativo de nación de su movimiento. Luego de respaldar sibilinamente la supuesta “guerra contra el narco” de Calderón, Salinas se tiró a fondo y subrayó el desastre en el que los panistas han convertido a la economía mexicana pues, a pesar de haber recibido casi 100 mil millones de dólares por las exportaciones de crudo, el producto interno bruto tuvo un desempeño "inferior al de Haití" y la economía mexicana tuvo en 2009 "su caída más severa en ocho décadas", concluyendo que la inseguridad y la violencia son consecuencia de la miseria de los grupos más desamparados de la población.

4. La desorientación absoluta de la administración de Barack H. Obama en este último año sobre México no ha hecho en este contexto más que agravar la crisis mexicana, pues las continuas declaraciones contradictorias de los principales funcionarios estadunidenses sobre nuestro país, descalificándolo a todos los niveles, no dejan de impactar de manera negativa a la política interna. Los principales responsables del gobierno obamita, que manejan a trompicones su relación con México, han tardado en darse cuenta de que la intención de Bush de tratar de doblegar por completo al gobierno panista con la estrategia de la "colombianización" preconizada por los halcones del Pentágono y acogida con entusiasmo por el PAN no iba a tardar en revertirse contra ellos, como en los hechos está pasando, y que en vez de tener mayor seguridad al instaurar un escenario de violencia con un protectorado al sur de su frontera –no un Estado libre y soberano–, lo que lograrían sería generar mayor inseguridad de ambos lados de la frontera, como ha ido aconteciendo.

5. El activismo del embajador estadunidense Carlos Pascual, aferrado aún a las tesis de los halcones de Bush y a la confusa línea ultraderechista de Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado, ha resultado en extremo desafortunado. Aceptadas sus intervenciones por el débil gobierno calderoniano (que está echando por los suelos la política internacional de México), se está haciendo eco de la tesis descabellada de que todos los partidos, salvo el PAN, son la expresión "del mal", y el mismo miércoles 24 tras entregar al gobierno unos helicópteros Black Hawk denunciaba molesto las críticas a Calderón asumiendo que son al gobierno estadunidense que dirige ya en los hechos la política interior de México con el pretexto de que está implementando la Iniciativa Mérida.

6. El PRI, en esta mira, ha avalado durante años las políticas antinacionales de Calderón y de su gente, colaborando a la militarización y al desmantelamiento de la nación, y así hace días avaló el Presupuesto de Egresos para 2011, a pesar del recorte brutal al campo y a la educación pública que se hace en éste, y le dio las espaldas a la Revolución Mexicana, que una vez sustentó su ideología, aceptando las patéticas fiestas del centenario en 2010, pero ahora se endurece al acercarse el 2012.

7. La decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de posponer para 2011, acaso hasta agosto, la designación de los tres integrantes del Consejo General del IFE que debió haber hecho a más tardar en octubre pasado, incumpliendo así el mandato constitucional, no es nada más consecuencia del pésimo manejo del proceso de designación a cargo del diputado panista Javier Corral, de los vetos tanto de Los Pinos como del CEN del PRI a las propuestas de sus contrapartes pretendiendo agandallarse dos de las tres posiciones, de la insistencia priísta en que una de éstas sea para Televisa (con la hermana de Leopoldo Gómez), con lo que este poder fáctico se erigiría en árbitro del proceso, sino de algo más profundo: la disputa entre el PRI y Calderón sobre quién va a imponer al próximo presidente de México y que necesita para ello manejar a su antojo el IFE y el proceso de 2012.

8. La disputa por el IFE no es un asunto menor pues evidencia una vez más lo que ya se sabe: que hay otra disputa más profunda, que es desenfrenada y que es por la nación: entre la mafia salinista y la mafia yunquista-calderonista, que busca independizarse de aquélla. Nadie puede creer tras esta violenta pérdida de las formas en las instituciones actuales, en el IFE, en la imaginaria "democracia mexicana" o en que va a ser limpio el proceso de 2012.

9. La posposición se hace para que pueda negociarse todo de mejor manera, pretendiendo algunos que sea tras las elecciones locales de julio en el estado de México, en la expectativa de que PRI y PAN puedan ir de la mano en 2012 (como ha sido el caso desde 1988) para poder enfrentar con posibilidades de triunfo a López Obrador. De imponerse la lógica blanquiazul, Salinas aún puede postular a Beltrones o a Fidel Herrera, y de imponerse Salinas, Calderón tiene a mano a muchos posibles candidatos comparsas, empezando por Josefina y por Lujambio, para sumarse de manera soterrada a la candidatura de Peña Nieto, como quería Diego, hoy aún misteriosamente desaparecido.

10. El PAN y el PRI no tienen en cualquier caso un proyecto que pueda beneficiar al pueblo mexicano. No son portadores más que del voraz afán de unos cuantos corruptos por seguir prevaleciendo sobre los derechos de la nación y de los mexicanos.

Al combate al narco, 5% del P.I.B..

Si las asignaciones presupuestales no se modifican (al alza, desde luego) en el transcurso del próximo año, el aparato de seguridad del Estado que según el gobierno calderonista combate al narcotráfico, en particular, y al crimen organizado, en general, habrá consumido más de 530 mil millones de pesos (cerca de 290 millones de pesos diarios, cifras oficiales e incluida la creciente asignación de recursos a la Secretaría de Gobernación) entre 2007 y 2011 para infructuosamente atender sus objetivos en dicho renglón.

Para dar una idea de qué implica tan voluminosa cantidad de recursos públicos, vale señalar que equivale a 5 por ciento del producto interno bruto, aproximadamente, significa un monto 1.7 veces superior al destinado a la Secretaría de Desarrollo Social en el mismo periodo, y representa 85 por ciento del saldo de la deuda externa del gobierno federal al cierre de septiembre de 2010. Lo anterior, sin incluir las "ayudas" externas, como las del denominado Plan Mérida, "donaciones" de equipo militar y demás "cortesías" del vecino del norte.

Con ese río de dinero público, en un país en el que cotidianamente las autodenominadas autoridades aseguran que no hay abundancia de ellos, el gobierno federal, las dependencias directamente involucradas en tal combate, lo único concreto que han logrado ha sido construir un búnker para el inquilino de Los Pinos (entre otros elefantes blancos, porque él quería "todos los juguetes necesarios para ser superiores a los criminales"), la captura o muerte de unas cuantas cabezas de los cárteles de la droga, 85 mil detenidos (no se sabe cuántos procesados) por estar asociados al negocio de los enervantes, infinidad de "daños colaterales" (impunes todos ellos), alrededor de 30 mil muertos, más los que se acumulen esta semana, y, desde luego, la creciente desconfianza ciudadana en torno a la "estrategia" calderonista en la materia.

Mucho dinero, para tan escuálidos resultados; mucho ruido, escasas nueces, y así lo percibe la ciudadanía, es decir, no es que en 2006 el país estuviera mejor, sino que en 2010 está mucho peor, en vía de agravarse). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México, levantada por Consulta Mitofsky a petición de la organización México Unido contra la Delincuencia, “por primera vez en lo que va del sexenio es mayoría –49 por ciento– el grupo de ciudadanos que piensa que los operativos contra el narcotráfico han sido un fracaso; un dato complementario es que en tan sólo cinco meses cayó de 48 a 23 por ciento el porcentaje de ciudadanos que consideraron que el gobierno va ganando la lucha contra la delincuencia. El presidente del colectivo, Eduardo Gallo, dijo que estas cifras reflejan que a dos años que se convocara al Acuerdo Nacional por la Seguridad, no se han logrado avances en esta materia. Es preocupante que la mayoría de la población considere que la situación del país ha empeorado y la percepción de inseguridad en el país sea mayor” (El Universal).

Lo anterior, sin embargo, es otra de las "percepciones equivocadas" (versión del inquilino de Los Pinos) sobre la realidad nacional. Felipe Calderón asegura que el balance es positivo y "notorio". De hecho, ayer este preclaro personaje, siempre atento al sentir ciudadano, de la manga se sacó la siguiente afirmación: “hay quienes piensan que lo mejor era no combatir a la criminalidad… Se equivocan quienes piensan así. Como es evidente, la criminalidad está al acecho y está agrediendo a la sociedad y a sus instituciones, está agrediendo a los ciudadanos”.

El equivocado parece ser otro. Difícilmente la ciudadanía se pronuncia por "no combatir a la criminalidad", como dice el inquilino de Los Pinos. Lo que sí exige es que ese combate sea efectivo, que sea integral, que se haga bien, que arroje resultados tangibles. Es fácil hablar de "buenos resultados" encerrado en su burbuja, rodeado de un impresionante cuan costosísimo aparato de seguridad, y sin pisar el México real. Que se dé una vuelta por las calles como ciudadano de a pie, y verá qué rápido cambia de parecer. O si prefiere, que se vaya a vivir, en las mismas condiciones, a Ciudad Juárez, por ejemplo. Después de eso, entonces sí que defienda sus "buenos resultados". Lo mismo para el inquilino de Bucareli, Francisco Blake Mora, quien ayer aseguró que en el gobierno federal "está decidido a hacer ajustes para combatir con mayor eficacia a la delincuencia". Sin embargo, la lucidez poco le duró, porque, dijo, "en lo fundamental la estrategia federal para atacar a los grupos criminales ha sido la adecuada, aun con sus costos".

Para los mexicanos, el costo económico que no le importa al secretario de Gobernación se ha incrementado 205 por ciento de 2007 a 2010. De ese tamaño ha sido el aumento (que a Blake no le importa, porque no sale de su bolsillo), toda vez que el presupuesto de dicha dependencia pasó de 5 mil 83.25 millones de pesos en el primero de los años citados a 15 mil 503 millones en 2011 (aprobado por los diputados). Cuarenta y cinco mil millones de pesos y cuatro titulares de la Segob en un quinquenio, y los resultados brillan por su ausencia.

Algo similar se registra en otras dependencias involucradas en la ya citada "estrategia" (fallida, a todas luces) calderonista, a cuyos titulares tampoco les debe importar mucho el costo económico. Como lo mencionamos en días pasados, de 2007 a 2011 el presupuesto conjunto de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, más el correspondiente a la Procuraduría General de la República, acumula casi 486 mil millones de pesos, de tal suerte que en el balance y en el lúgubre juego de los promedios, cada muerto (de los 30 mil que oficialmente se reconocen) en el "combate al crimen organizado" le ha costado a la nación cerca de 16.2 millones de pesos (17.6 millones si se incluyen los dineros de la Segob), todo un récord internacional en la historia de las guerras, con el agravante de que en otras partes del planeta éstas se ganan, y cuando se empantanan se buscan canales alternativos, lo que ni de lejos considera el inquilino de Los Pinos.

Ajale:

Deben de ser los nervios que provoca autoconsiderarse precandidato al hueso mayor, pero el hecho es que al titular de la SEP, Alonso Lujambio, le ha dado por el chistorete. Ayer contó uno muy bueno: "seguiré trabajando con la maestra Elba Esther Gordillo, sin subordinación". Ja, ja, ja… El que no ve el chiste por ninguna parte es el gobernador hidalguense, quien denuncia que a casi tres años del anuncio original sobre la construcción de la Refinería Bicentenario (en Tula) "ni el presupuesto aprobado (2009) para la barda perimetral se ha entregado".

Se encienden focos rojos ante una intervencion de EE.UU..

Militares en activo, generales y coroneles –que ocupan cargos operativos en el Ejército Mexicano– manifiestan su preocupación ante la posible intervención militar de Estados Unidos en México. Se muestran frustrados por la política de Felipe Calderón, obsequiosa ante los duros del Pentágono, y advierten que se construye el “escenario” para el ingreso de tropas estadunidenses a territorio nacional. Señalan que una parte del caos y la violencia en ciudades mexicanas es inducida desde el exterior con la anuencia del gobierno federal. Especialistas en seguridad nacional coinciden en que se generan las condiciones que justifiquen una “cooperación más estrecha” en el plano militar entre ambos países.

El pasado 18 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “superpotencia” a las bandas del narcotráfico que operan en México. El hecho apenas mereció unas líneas en páginas interiores de algunos medios impresos. Pero militares de la Segunda Sección del Ejército Mexicano (encargada de las labores de inteligencia) terminaron por desesperarse: observan como inminente la llegada de tropas estadunidenses al país, una demanda de los sectores castrenses más duros de la Defensa Nacional de Estados Unidos.

“Institucionales”, acostumbrados a callar sus diferencias con los civiles y renuentes a comentar las discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas, esta vez los militares prefieren hablar. Señalan que parte de la violencia que se ha desatado en las últimas semanas podría ser “inducida”. Y acusan al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa de preparar el “escenario” para una intervención estadunidense abierta.
Aseguran contar con información de que los atentados con carros bomba (uno realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de julio, y dos más en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 26 de agosto de 2010) pudieron no ser obra de las bandas de narcotraficantes. Incluso, es probable que no hayan sido realizados por mexicanos.

“No es el modus operandi de los cárteles ni de los grupos armados con reivindicaciones políticas”, dice uno de los divisionarios que solicita mantener bajo reserva su identidad. Agrega que en círculos castrenses existe inquietud ante la desestabilización del país y las acciones del gobierno federal que, más que contenerla, parecen propiciarla.

Las declaraciones a Contralínea de militares en activo del Ejército son válvulas de escape y señales de lo que ocurre en el ámbito castrense. A decir de Guillermo Garduño –especialista en Fuerzas Armadas e investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional–, los militares están desesperados porque los comanda un grupo de civiles que “ni idea tiene de lo que son las Fuerzas Armadas”. México no ha creado una elite civil que conozca al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México ni a la Fuerza Aérea.

De acuerdo con los generales y coroneles que solicitan no revelar sus nombres, la supuesta “estrategia” para permitir el ingreso de tropas estadunidenses a territorio mexicano con los menores costos sociales contaría con dos vertientes: al interior, donde se buscaría que la propia sociedad mexicana demande más “seguridad” sin importar el origen de la “ayuda”; y al exterior, en el que los países consideren que la intervención sería “humanitaria”, ante bandas criminales que han superado al Estado mexicano.

Las presiones, en ascenso
En el estudio La globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado trasnacional, presentado el pasado 18 de julio, la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito señala que la “superpotencia” mundial de criminales organizados “ha generado una guerra por territorios y nuevas rutas entre bandas de traficantes, particularmente en México”.

Ya antes, el informe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aprobado para su publicación el 25 de noviembre de 2008 y dado a conocer en enero de 2009, Joint Operating Environment. Challenges and implications for the future Joint Force (JOE) –título cuya traducción sería Contexto de la Operación Conjunta. Desafíos e implicaciones para el futuro de las operaciones de las Fuerzas Conjuntas– advirtió que el Estado mexicano podría ser incapaz de mantener la estabilidad en los próximos años. Y colocó al país como un Estado fallido con características similares a Afganistán. En el mismo documento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “recuerda” que “un México inestable podría representar un problema de seguridad de enormes proporciones” para ese país.

Las presiones estadunidenses fueron subiendo de tono y de número. El 10 de marzo de 2009, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, señaló que México no controlaba todo su territorio. Para julio de ese mismo año, el informe La narcoinsurgencia de México y la política antidrogas de Estados Unidos –del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, dependiente del Pentágono– planteó que México vivía “una transición del gangsterismotradicional de asesinos a sueldo a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”. Además, el 17 de ese mes Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, declaró que el Ejército Mexicano había fracasado en su lucha contra el narcotráfico en la fronteriza Ciudad Juárez.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de este 2010, el discurso de las autoridades estadunidenses y de la ONU ha sido cada vez más contundente: México es incapaz de controlar a las bandas del narcotráfico y su ineficiencia es una amenaza a la seguridad de varias regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos.

“Todo se va acomodando"
El embajador Henry A Crumpton, exoficial de operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia y excoordinador de la lucha contra el terrorismo en el Departamento de Estado, aseguró que México vive una “narcoinsurgencia”. A principios de septiembre pasado, en una entrevista conWall Street Journal, Crumpton reconoció que ese concepto es “particularmente incendiario” para los mexicanos por su temor histórico a que el ejército de Estados Unidos se ponga al frente de la lucha antinarcóticos.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, retomó el concepto vertido por Crumpton y, el 8 de septiembre, agregó que México “se está pareciendo más a como se veía Colombia hace 20 años”. En esa misma declaración, defendió el Plan Colombia, del que, aseguró, sí dio resultados en la lucha contra el narcotráfico.

“Todo se va acomodando”, dice a Contralínea un general que solicita mantener bajo reserva su nombre. Llamar “superpotencia” al narcotráfico es considerar que las Fuerzas Armadas de México no son suficientes para combatir a una “amenaza mundial”. El “peligro” de una intervención es real, agrega.

En efecto, oficiales estadunidenses consultados por Wall Street Journal explicaron que “el gobierno mexicano parece estar cada vez más abierto a una mayor cooperación, debido a que la situación de seguridad está empeorando”. En declaraciones publicadas el mismo 10 de septiembre, el embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, dijo: “Hemos alentado a Estados Unidos a mejorar y profundizar la cooperación con México”.

A los agentes de la Oficina Binacional de Inteligencia –establecida en agosto pasado y anunciada en marzo de este año, luego de las reuniones de “alto nivel” celebradas en México entre la plana mayor de seguridad nacional de Estados Unidos y sus pares mexicanos– se suman los “Cuerpos de Paz”.

Tan sólo durante la semana del 7 de noviembre llegaron 39 “voluntarios”, como informó la embajada estadunidense en México. Estos nuevos voluntarios se integran a trabajos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.

Previamente, a lo largo del año, habían llegado 33, que estarían integrados a la propia Semarnat en programas de manejo de áreas protegidas, ecoturismo, educación ambiental y desarrollo de negocios sostenibles; y 12 más, en los programas del Conacyt en transferencia tecnológica, tecnologías de la información, desarrollo de negocios y organizaciones y enseñanza del idioma inglés.

La intervención blanda

Especialistas consideran que, como nunca desde la Revolución Mexicana, el país se encuentra al borde de una intervención militar estadunidense. Coinciden en que mientras más desestabilizado se encuentre el país, mayores serán las posibilidades de que marines “colaboren” en territorio mexicano.

“Ése [el de la intervención] es el tema en los círculos de la inteligencia en México”, señala Abelardo Rodríguez Sumano, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara.

El especialista en temas de seguridad nacional de México y Estados Unidos señala que la intervención estadunidense tendría como origen el “vacío” que han dejado las autoridades mexicanas.

“No hay un consenso en el sistema de seguridad nacional en cuanto a la relación con Estados Unidos. Estamos desarticulados en el aspecto de la ‘colaboración’. Hay sectores, como el de la Marina [Armada de México], que la quieren. Y otros, como el del Ejército [Mexicano], que se resisten. Y mientras no haya acuerdo y se generen estos vacíos estratégicos, los estadunidenses los van a ocupar. Ellos sí tienen claro qué quieren respecto de nosotros.”

Para el doctor Guillermo Garduño Valero, la intervención no es un hecho del futuro inmediato: “Ya está ocurriendo”. Agrega que los propios estadunidenses consideran que no son necesarias en este momento las tropas de ellos en el país.

“Se trata de una guerra de ellos; pero que la libran, como la mayoría de ellas, a lo largo de su historia, fuera de su territorio. Ellos ya están aquí. Ya intervienen, pero los que ponen las vidas son los mexicanos”, asegura.

Al final, concede: “Cuando las instituciones mexicanas se agoten, entonces sí tendrán que responder ellos directamente… Y va a ocurrir”.

Para Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, la preocupación de los sectores militares mexicanos ante una posible intervención estadunidense no es nueva. El egresado del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, explica que después del ataque a las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, la inteligencia militar mexicana advirtió que Estados Unidos querría instalar bases militares en México.

La advertencia habría quedado plasmada en un documento elaborado en 2003: la minuta de la reunión de las dos generaciones de maestría en seguridad nacional que las Fuerzas Armadas mexicanas imparten. Se trataría de la elite castrense egresada del Colegio de la Defensa Nacional (a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional) y la del Centro de Estudios Superiores Navales (a cargo de la Secretaría de Marina).

Para el senador René Arce, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Estados Unidos “siempre ha intervenido en México en cuestiones de inteligencia”. Arce cuestiona: “Ahora sí nos quieren parecer muy patriotas y marcar su línea, cuando lo que les ha molestado [a las Fuerzas Armadas mexicanas] es que les digan que violan los derechos humanos; ése es el problema. La presencia de militares y gente de inteligencia sí existe, pero es discreta”.

Abelardo Rodríguez señala que incluso para el sector militar más duro de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, los marines debieron desplegarse en México desde hace meses.

“Pero históricamente está visto que una vez que Estados Unidos se instala en algún país, es muy difícil que salga”, advierte.


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EPR, también en alerta ante posible intervención

La posible intervención estadunidense en México no sólo ha sido advertida por las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino también por los grupos guerrilleros. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), considerada la guerrilla con mayor capacidad de fuego en México, señaló que cuando Estados Unidos utiliza los conceptosnarcoinsurgencia y narcoguerrilla, está señalando que intervendrá militarmente.

En su órgano de difusión El Insurgente, correspondiente a septiembre y octubre de 2010, el EPR y su organización política, el Partido Democrático Popular Revolucionario, señalan que el “gendarme del mundo” es el que acuña los términos narcoinsurgencia, narcoguerrillay narcoterrorismo con el fin de intervenir en México, y también con el de relacionar a la lucha de reivindicaciones políticas y sociales con el crimen organizado.

El EPR rechaza que la delincuencia organizada, principalmente los cárteles del narcotráfico, sea “insurgencia”. Equipararlos equivaldría a criminalizar la pobreza. Se trata, asegura, de un ardid de la guerra de baja intensidad diseñada por los militares estadunidenses.

El narcotráfico es una empresa capitalista; nada tiene que ver con la guerrilla en México, concluye el EPR.

La batalla por el Estado de Mexico.

El cierre de la gira por el Edomex que realizó el Movimiento para la Transformación del país, conducido por López Obrador, coincidió con los toques finales al decreto de presupuesto para 2011. En Toluca, donde concluyó la primera parte de una larga y detallada gira, se buscó el contacto directo con la gente para compartir prioridades con vista a un futuro gobierno estatal. En la Cámara, siguiendo rituales acostumbrados, desfilaron los gobernadores ante los diputados para trasmitirles sus intereses. El esquema original del reparto, armado en la Secretaría de Hacienda, corrió por los cauces tradicionales de priorizar los compromisos establecidos por el sistema imperante. Dos formas distintas de visualizar y actuar en la política y la función pública. Una directa, en la plaza pública, para responder a las necesidades expresadas de viva voz por la población. La otra, intermediada por los representantes elegidos, se trasmuta en un complicado mecanismo que absorbe, casi en su totalidad, los intereses cupulares. El resultado no puede darse, entonces, de igual manera. Ni siquiera por similitud, sino que ambas rutas subrayan enormes diferencias cualitativas en el quehacer público.

El programa mínimo anunciado en Toluca por AMLO recoge múltiples voces que se oyeron, de manera urgida, sonora y hasta altisonante, en los diversos encuentros sostenidos durante la gira. El contenido del programa, expresado a descampado y en directo, quedó al albedrío de los asistentes al mitin final. Serán ellos quienes irán procesándolo en los días por venir y constituirá la base sobre la que podrán basar sus venideras decisiones electorales. Diez puntos concisos que resumen, de manera sencilla, tanto las intenciones de movimiento transformador para conducir las energías colectivas, como las aspiraciones populares de cambio real que le prestan materia. De la concordancia entre la formulación del programa y dichas aspiraciones dependerá, qué duda cabe, el apoyo de una parte sustantiva del electorado. Se espera, eso sí, que sea un conjunto lo bastante numeroso como para alcanzar el triunfo en las urnas. La propuesta irá perfilando, en los días y meses por venir, no sólo la ruta por la que se piensa transitar sino, también, el punto de llegada. Es decir, el modelo de sociedad y gobierno que se tiene como oferta política del movimiento. Una oferta que corre por dos vertientes simultáneas. Una que atiende a la justicia distributiva para construir una sociedad equilibrada y con oportunidades para todos. La otra que dotará al estado con un gobierno soberano. Esto implica que presidirá sobre los distintos grupos, facciones y sectores y no será, como ahora lo es, reo de los grupos de poder.

La oferta, por tanto, se diferencia de la situación que prevalece en el Edomex en ambas pretensiones. Primero, porque la distribución de los bienes y las oportunidades se viene administrando de manera por demás desigual, carece de equidad. Y, en segundo lugar, porque la independencia del gobierno ha quedado capturada, tanto por los privilegios de una gruesa burocracia de elite, como por distintos grupos de presión que lo maniatan y condicionan para que responda a sus intereses.

El decreto de presupuesto negociado a tironeos en la Cámara de Diputados es una réplica monótona de lo sucedido con anterioridad. Las prioridades que se enuncian en poco coinciden con las partidas que, en efecto, se destinan para cumplimentarlas. Los derechos sociales quedarán, una vez más, relegados ante otras asignaciones. Las variantes con años anteriores serán casi nulas. La parte sustantiva de los recursos ya están comprometidos con un gasto corriente creciente, oneroso e ineficaz y las obligaciones de deuda pública que siempre se han juzgado como inamovibles, aunque mucho tengan de injustas o mal integradas. Es por ello que, a pesar de los 3.5 billones de pesos que se proyectan como ingresos posibles, poco quede para la inversión real. La porción del presupuesto que constituye la feroz disputa de los poderosos es bastante menor: no llega a los 100 mil millones de pesos. En ellos se ensartan los afanes de control, manipuleo electoral y negocios de grupos o individuos. Sobre tales recursos fueron los gobernadores, y ahí radicaron las presiones de algunos sectores partidistas. Las carreteras son, en lo particular, los puntos sensibles del pleito. Y lo son porque dejan anchos márgenes de maniobra para ganar voluntades de opositores, para premiar y castigar a munícipes, para convertirlas en efectivo disponible para la coacción del voto.

Desde esta perspectiva se entiende el motivo que impele a los gobernadores, sobre todo a los que tienen delante elecciones y tiempos difíciles, para buscar la mayor tajada en el estira y afloja. Una amplia cartera de caminos rurales, vecinales o comunitarios garantiza, además, la liberación de recursos propios del estado que pueden ser empleados con fines y modos discrecionales. Y en eso concentraron las palancas a su disposición que, en el caso de Edomex, son muchas y bien situadas entre los diputados priístas. Pero el entusiasmo despertado entre la población por la alianza de izquierda que se ha venido definiendo, desde abajo y con la gente, abre perspectivas que no estaban contempladas por los estrategas del oficialismo, tanto del PAN como del PRI. Algo ha sucedido y el despertar de inquietudes va más allá de una simple erupción de buenos deseos. En realidad las condiciones en que se debate la población del Edomex han hecho posible el resurgir de entusiasmos y voluntades de cambio que abarcan un amplio espectro social. De la habilidad de esta alianza popular dependerá que se entable una contienda que puede marcar un rumbo distinto para un Edomex sitiado por el abandono de las necesidades de sus habitantes, las ambiciones desmesuradas y la manipulación.

¡¡¡Mexico esta out!!!

De nueva cuenta el inquilino de Los Pinos y su "muy buen equipo económico, tal vez el mejor" (Calderón dixit) sufrió un ataque hepático tras las más recientes declaraciones del premio Nobel de Economía, Paul Krugman: “México no formará parte de los países emergentes que funcionarán como motor de crecimiento de la economía global, porque se esperan desempeños económicos pobres por lo menos durante los próximos cinco años… México no encaja en el modelo de país emergente, porque el crecimiento que tiene no se compara con el que tienen otras economías como China, y está muy integrada a Estados Unidos debido al Tratado de Libre Comercio… Lamentablemente no embona muy bien en la historia de los mercados emergentes”.

Sólo los berrinchudos de Los Pinos se niegan a admitir lo obvio, por mucho que Krugman no descubra el hilo negro ni devele secreto alguno: la economía mexicana destaca como una de las más lerdas, dependientes e ineficientes del planeta desde hace tres décadas, y, aferrados al modelito, su futuro en tal sentido es por demás deprimente. Se sabe, se documenta y se siente, pues los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos ha ido de mal en peor, algo diametralmente distinto, desde luego, al resultado obtenido por el dominante grupúsculo de empresarios concentradores de la riqueza y el ingreso, gracias al esquema económico impuesto desde tiempos de Miguel de la Madrid, y, obvio es, a la complicidad de la clase política, que tampoco se ha ido en ceros.

Qué lástima. Tanto tiempo que invierte el emberrinchado inquilino de Los Pinos para destacar la imaginaria "solidez" económica mexicana, el futuro venturoso por él ofrecido (e incumplido) y demás historias idílicas, para que un simple premio Nobel de Economía venga a recordarle que su "navío de gran calado" no pasa de chalupa xochimilca, en el mejor de los casos.

Que "México no encaja en el modelo de país emergente" por su pobre desempeño económico lo demuestra el lamentable hecho de que la economía nacional apenas logró "crecer" a una tasa promedio real anual de 1.38 por ciento en el periodo 2001-2009 (con gobiernos panistas, por cierto), y que en ese mismo lapso el producto interno bruto por habitante a duras penas "avanzó" 0.2 por ciento, lo que ubica al país en los últimos lugares latinoamericanos en ambos renglones. De hecho, el "crecimiento" mexicano está muy por debajo de la media regional en los años de referencia.

En los hechos, lo anterior se traduce en que México registra su segunda década perdida (en los últimos treinta años), con peores resultados (1.38 por ciento) que en la primera (los 80), de acuerdo con la estadística de la Cepal, cuando la tasa promedio anual de "crecimiento" fue de 1.9 por ciento, el peor resultado –hasta la llegada del panismo a Los Pinos– de la dictadura neoliberal mexicana. En la crisis de 2009 fue el último lugar latinoamericano y ocupó el escalón 143 de 156 posibles en el ámbito internacional, de acuerdo con el reporte del Banco Mundial.

Cómo estará la cosa, que de 2001 a 2009 la economía nicaragüense –una de las más paupérrimas de América Latina– registró un crecimiento superior al de la mexicana: 2.7 (y 1.37 por ciento de PIB por habitante) contra 1.38 por ciento (y 0.2 por ciento del PIB por cabeza), respectivamente. Eso sí, los gobiernos panistas (Fox-Calderón) pueden presumir que obtuvieron mejores resultados en el periodo que, por ejemplo, Haití (0.7 por ciento de “avance) o Jamaica (uno por ciento), aunque no pasarían de allí, pues incluso las naciones latinoamericanas reportan un mejor balance que el mexicano (Guatemala, con una tasa promedio anual de crecimiento de 3.32 por ciento; El Salvador, 2.24; Honduras y Belice, 4.1 en cada caso; Costa Rica, 4.3; y el citado caso de Nicaragua).

Como se ha comentado en este espacio, al hacer el balance del siglo XX, y superada la convulsión 1911-1930 (con su 0.2 por ciento de "avance"), la tasa anual promedio de crecimiento económico mexicano se registró de la siguiente forma: 1931-1940, 3.36 por ciento; 1941-1950, 5.98 por ciento; 1951-1960, 6.14 por ciento; 1961-1970, 6.48 por ciento, y 1971-1980, 6.71 por ciento. A partir de ese año todo ha sido escalera para abajo, con un creciente costo social. Así, el periodo 1951-1980 se ubica como el mejor en términos económicos para México, con una tasa anual promedio de 6.45 por ciento, un sueño a estas alturas. A estas alturas, el ritmo del México "moderno" resulta 4.6 veces menor que tres décadas atrás.

Para que el país comience a salir del profundo agujero en el que lo han sumido los gobiernos neoliberales se requiere, como mínimo, una tasa promedio anual de crecimiento de 6 por ciento. Así, se generarían los empleos necesarios, se mejoraría el bienestar de la mayoría de los mexicanos y esta nación de nueva cuenta tendría futuro. Con 1.38 por ciento de promedio anual, no se llega ni a la esquina. A pesar de ello, México es presumido por los jilgueros gubernamentales como la segunda "potencia" latinoamericana, cuando por muchos años ocupó el primer lugar regional. Actualmente ésta posición la ocupa Brasil, con una tasa promedio anual de crecimiento económico de 4 por ciento en el citado periodo. No es la octava maravilla, pero el país sudamericano reporta un avance 2.9 tantos mayor que el "navío de gran calado" (Calderón dixit). México, pues, segunda "potencia", pero último lugar en cuanto a ritmo de crecimiento: Argentina (4.1 por ciento como tasa promedio anual), Chile (3.5), Colombia (4.1), Venezuela (4), Panamá (6.2), Perú (5.35), República Dominicana (5), Uruguay (4.43) y las naciones centroamericanas han obtenido resultados muy superiores al mexicano. Aun así, en Los Pinos sufren ataques hepáticos por lo expresado por personalidades como Paul Krugman. Y los seguirán haciendo, porque se niegan a aceptar la realidad y a "resolver" los problemas con discursos.

Lo de siempre:

No es para sorprender a nadie, pero los diputados, por enésima ocasión, incumplieron su promesa de aprobar el presupuesto "a más tardar el viernes". Hechos bolas, entre grillas partidarias e interpartidarias y jaloneos por la cobija, habrá que ver qué tipo de gasto sacan adelante para el ejercicio fiscal 2011, un año que no se vislumbra muy sólido que se diga en materia económica y social, y con una perspectiva de crecimiento aún menor que la de 2010… ¡Qué casualidad!: ya se armó el escándalo con la corrupción en el IMSS, y como por obra de magia desapareció la corrupción del empresario metido a sacerdote Onésimo Cepeda.

Sabado de presupuesto.

A pesar de que se discute la aplicación del mayor presupuesto en la historia del país, los recursos no son suficientes para cumplir todas las demandas y, por eso, los diputados se concedieron mayor plazo para revisar la asignación de fondos.

El presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, determinó citar para hoy sabado a las 18 horas a la sesión donde se votará en definitiva el presupuesto federal para 2011.

Los principales puntos de desacuerdo son las partidas para el campo y carreteras. Las diputaciones de PAN y PRD acusan al PRI de pretender acaparar los recursos de este último rubro.

La cosecha

Después de los rumores en el Senado por el bloqueo de electricistas a su futura sede, el presidente de esa cámara, Manlio Fabio Beltrones, solicitó formalmente al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, intervenir para que el bloqueo del SME no afecte los trabajos en el nuevo edificio. En la misiva, Beltrones sostuvo que el Senado será siempre respetuoso de la libre manifestación de las ideas, pero tiene la obligación de pronunciarse de manera resuelta cuando ese derecho no se ejerce conforme a lo establecido por la Constitución.

La dirigencia nacional del PAN, presidida por César Nava, ratificó la decisión del Consejo Político del estado de México de ir en alianza con el PRD a la elección de gobernador en 2011.

En tanto, luego de una gira por el oriente del valle de México, antes considerado bastión del PRD, donde tomó protesta a las dirigencias locales de 13 municipios, el líder estatal del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, destacó que mientras otros partidos buscan candidato, el tricolor fortalece su estructura territorial.

Durante el cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, se reunió con representantes de organizaciones nacionales e internacionales de migrantes que acompañan a la caravana de madres de Honduras que buscan a sus hijos que salieron hace varios años hacia Estados Unidos, ante quienes destacó que se han reforzado las acciones de búsqueda mediante los consulados mexicanos.

Al recibir la máxima presea de la Cruz Roja Mexicana, en reconocimiento a su labor, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, resaltó la importante labor de la benemérita institución, la cual siempre ha respaldado a quienes más lo requieren en casos de desastres naturales, como las recientes inundaciones.

El abogado penalista Raúl F. Cárdenas Cordero presentó la compilación de su obra, que comprende 11 títulos. Maestro de muchos ex funcionarios públicos, Cárdenas estuvo acompañado, entre otros, por el ex procurador de la República y del DF, Ignacio Morales Lechuga; el ex subprocurador Federico Ponce Rojas, y los juristas José Elías Romero Apis, Moisés Moreno, Juan Velázquez, Ricardo Franco Guzmán, Julio Esponda, Alberto Zinser, Ernesto Canales y Amador Toca.

Politica Narco.

Aun cuando lo parecieran, no son lo mismo la narcopolítica que la política narco. El primer término suele utilizarse para designar la infiltración de las bandas dedicadas al negocio de las drogas en los terrenos electorales y políticos, mediante el financiamiento y el soborno, de tal manera que las autoridades así constituidas acaben dando protección a sus patrocinadores e incluso les permitan recuperar sus inversiones mediante la asignación de carteras claves, normalmente relacionadas con la obra pública y el manejo de las policías. Esa versión instrumental, la narcopolítica, que sólo busca protección y complicidad, sin propósitos mayores, ha alcanzado a presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores y presidentes de la República. Diferente, pues es conceptual, estratégica, de largo alcance y perspectiva superior, es la política narco, entendida como el uso intencional de la narcopolítica –de lo instrumental, de lo operativo– y otros ingredientes correlacionados, para desarrollar una suerte de proyecto oficial de control político y social mediante la instauración del miedo colectivo y la supresión de derechos y garantías hasta convertir la política y lo electoral en endebles fantasmas condicionados y virtualmente suprimidos por la violencia institucionalizada.

En México, Felipe Calderón ha establecido una política narco. No sólo, originalmente, para tratar de alcanzar alguna forma de legitimación luego del fraude electoral de 2006 sino, viendo hacia adelante, para gastar los bríos cívicos desatados e instalar un temprano elemento de distorsión, amago y posible suspensión de los procesos electorales. Ya no hay condiciones adecuadas para el ejercicio de libertades ni para la elección más o menos aceptable de representantes y autoridades, pues ese ámbito cívico ha sido afectado gravemente por la violencia generalizada, la indefensión ciudadana, la abolición de amplios segmentos de la seguridad jurídica, el exterminio de candidatos y de autoridades electas o en funciones y la impunidad de los escuadrones asesinos que igual ultiman hoy a sus presuntos adversarios que mañana a personajes seleccionados en razón de consideraciones políticas.

Ayer mismo, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, se refirió a una parte del problema al adjudicar con ligereza genérica a "todos los mexicanos" la responsabilidad de "impedir que se presente el fenómeno de la narcopolítica en las elecciones de 2012, porque es una situación que atentaría contra la vida democrática del país". No son ni pueden ser "todos los mexicanos" quienes frenen la ya presente y evidente "narcopolítica", pues no tienen los medios, la fuerza ni el mandato para hacerlo, mucho menos si, como es el caso, se ha entrado a una etapa superior de ese proceso estupefaciente, la política narco, es decir, el diseño de políticas de poder para usar el fenómeno de la violencia, por el mercadeo de las drogas y su combate oficial, para "atentar contra la vida democrática del país".

Un ejemplo de las políticas de gobierno federal en materia de narcotráfico para fines partidistas y electorales está en Michoacán y en la ya descarada Operación Cocoa. Pero ahora resulta que el grupo dominante de la entidad, La Familia, ha planteado un reto político a la administración calderónica, al anunciar mediante el eficaz método de las narcomantas, y la orden a medios locales para que se publiquen sus desplegados, su disposición a deponer las armas y disolverse si la Federación garantiza el respeto a los michoacanos. Es evidente la trampa de los estrategas familiares, pero también está clara la incorporación de visiones netamente políticas al catálogo narco: La Familia trata de consolidarse como una supuesta opción ciudadana de autodefensa frente a los excesos del poder federal, una especie de "guerrilla" deseosa de mantener los equilibrios económicos y judiciales en el negocio popular de las drogas, una organización capaz de "sacrificarse" por su gente al extremo de deponer las armas si les garantizan lo que evidentemente ningún gobierno federal aceptaría ni la interlocución con un cártel del narcotráfico ni la promesa de cumplir lo que supuestamente cumple en lo cotidiano. Narcopolítica, narcopolitiquerías y política narco.

Para variar:

También en Mérida, donde participó en una reunión interamericana de organismos electorales, el consejero presidente del IFE hizo un pronunciamiento, según la nota de José Antonio Román en La Jornada, contra los poderes formales y fácticos que, afectados por la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión para difundir proyectos y campañas políticas, "no dejan pasar oportunidad para atacar el mandato constitucional y también al órgano electoral encargado de vigilar su cumplimiento". Esos poderes malévolos, según el súbitamente valiente Valdés Zurita, "forman parte del gran negocio de la comunicación y esconden en la libertad de expresión sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas". Chantaje y falsedad en esos negociantes de la comunicación, marcadamente electrónicos, pero no los únicos en usar la bandera de la prensa para abrir paso a sus intereses particulares... En Estados Unidos, compareciente ante el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores que tiene en la mira a México, el embajador Arturo Sarukhán se aventó la puntada de criticar la cobertura periodística internacional que se centra en "la sangre" y no, por ejemplo, en supuestos logros del calderonismo como "la expansión de la clase media" (aventurada tesis ésta, a menos que el diplomático considere signos de expansión el que ya haya mexicanos de clase media que han debido esparcirse por el extranjero a causa de la sangre delictiva que los periodistas extranjeros debieran dejar de destacar)... Y, mientras en el Seguro Social siguen demostrando cómo el dinero público se vuelve privado, en tanto los derechohabientes sufren.

Libertad de expresion: Castigos oficiales.

En una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en la capital yucateca, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, tras opinar que el crimen organizado es "el mayor riesgo al ejercicio del periodismo", aseguró que su gobierno "no acosa a nadie por razones ideológicas o políticas" y que "se puede criticar abiertamente al Presidente o al gobierno, incluso en el exceso del escarnio o la burla".

Sin ignorar que, en efecto, las organizaciones delictivas constituyen, más que un obstáculo, una amenaza constante e innegable al ejercicio periodístico –sobre todo en las regiones que se encuentran bajo control de los cárteles de la droga y de sus grupos de sicarios–, es pertinente apuntar que, desde antes de que esos estamentos criminales adquirieran el poder que hoy ostentan, los gobiernos estatales, algunos municipales, así como los cacicazgos informales, han sido y siguen siendo un factor de intimidación y represión de la libre tarea informativa, y que los periodistas de medios locales suelen encontrarse a merced de represalias del poder con mucha más frecuencia que sus homólogos que trabajan para medios nacionales. Calderón también omitió mencionar que los propietarios de los medios, con sus complicidades con el poder público y sus intereses empresariales, suelen ser el primer filtro de censura y el primer obstáculo para que los trabajadores de la información puedan realizar su labor sin cortapisas.

Por otra parte, es inexacto afirmar que el gobierno federal respeta plenamente la libertad de expresión. Si bien la actual administración no ha incurrido en acciones abiertamente represivas o persecutorias, no ha dejado de recurrir, para premiar actitudes obsecuentes y castigar voces críticas, a la distribución discrecional y patrimonialista de la publicidad oficial.

Las partidas presupuestales correspondientes a la propaganda gubernamental son, no tendría que hacer falta decirlo, dinero público, y como tal, su asignación tendría que estar sujeta a la aplicación de normas establecidas, a mecanismos transparentes y a criterios confiables y conocidos por la sociedad: la proporcionalidad, por ejemplo, entre el porcentaje de publicidad que se asigna a un medio y la circulación, la penetración, el impacto y la credibilidad de éste, así como un principio de equidad entre medios electrónicos –a los cuales se otorga actualmente la abrumadora mayoría de los recursos publicitarios– y los medios impresos. Pero la actual administración ha optado por mantener en la opacidad el manejo y la distribución de ese dinero público; ello le ha permitido asegurar la subsistencia de publicaciones incondicionales –aunque carezcan de lectores– y, también, perjudicar a los medios informativos críticos.

Por más que éstos no dejen de realizar su tarea ni de ejercer el derecho irrestricto de la libertad de expresión –conquista de la sociedad y de los propios informadores, y no graciosa concesión del poder público–, las autoridades sí que disponen de instrumentos para presionarlos y para intentar incidir en su línea editorial.

Tal situación, resabio del hegemonismo antidemocrático priísta, ha de ser superada. El Ejecutivo federal debe emprender la regulación de sus fondos de publicidad, manejados hasta ahora de manera arbitraria y facciosa, y manejarse con transparencia en este terreno.

La violencia.

En Epazoyucan aparecieron hace poco los restos de dos cuerpos descuartizados. No fueron halladas las cabezas, lo que ha dificultado la identificación de las víctimas, si es que hubiera voluntad de averiguar quiénes eran, la causa de su deceso, quiénes los privaron de la vida. Lo peor no es la indolencia ministerial, que se da por un hecho inmodificable. Lo más grave, me cuenta un residente de esa población hidalguense, es la impasibilidad de la gente, que no se escandalizó ante el hallazgo macabro, y miró los restos como si fueran parte del paisaje. La reacción de los habitantes de ese lugar famoso por su convento franciscano del siglo XVI y la tranquilidad de su vida cotidiana no ha de ser distinta de la que experimentan los lugareños de los mil puntos de la geografía mexicana donde se expresa de ese modo la inseguridad. Esa indolencia, sin embargo, es sólo una etapa de la reacción social ante el crimen: de allí se pasa al pasmo, al miedo, a la necesidad de marcharse en pos de otras condiciones de vida.

La muerte violenta, asociada de alguna manera a la delincuencia organizada, crece de modo desproporcionado, especialmente desde que el gobierno federal, el mes que entra hará cuatro años, declaró la guerra a las bandas criminales sin un diagnóstico preciso, sin previo trabajo de inteligencia, sin la preparación debida en los efectivos lanzados a una lucha sin rumbo y condenada por ello a la derrota. No disminuyen el consumo local de drogas ni su exportación a otros mercados. Aumenta en cambio la virulencia del combate entre bandas y del que presuntamente las enfrenta.

Tan cuantioso es el fenómeno de la muerte a manos de las bandas de matones adosadas a las del narcotráfico, que llevar la cuenta es una tarea necesaria. En abril pasado nos sorprendimos al saber que los empeños privados por contar a los muertos se quedaban cortos ante las cifras oficialmente reconocidas por el gobierno, que entre las misiones asignadas al vocero en materia de seguridad incluyó la de contar bien a las víctimas.

El Grupo Reforma (que entre otras publicaciones incluye el diario de ese nombre editado en la Ciudad de México, El Norte en Monterrey y Mural, en Guadalajara) ha establecido un ejecutómetro, un medidor de la muerte violenta, la marcada por los signos con que la narcodelincuencia rubrica sus asesinatos. Ese mecanismo publicó ayer su conteo de 10 meses: entre el 1o. de enero y el 3 de noviembre de este año han perecido 10 mil 35 personas. La suma es casi la misma que el total de homicidios de esta naturaleza ocurridos durante los 60 meses del sexenio anterior, el presidido por Vicente Fox.

Si se proyecta el número de ejecuciones hasta el fin de este año, tendremos en 2010 un pavoroso total superior a 12 mil asesinatos, casi el doble de los ocurridos el año pasado, cuando llegaron a 6 mil 587, cifra superior a los cometidos en 2008 (5 mil 207) que a su vez más duplicaron los habidos en 2007: 2 mil 275. En el primer mes de la actual administración, diciembre de 2006, fueron 93 las víctimas.

Casi todos los asesinatos así contados permanecen impunes, como ocurre con el resto de los delitos cometidos por las bandas violentas: el tráfico de drogas en sí mismo, secuestros, extorsiones, etcétera. Así como hay cifras de la violencia, las hay también de la impunidad. Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, ha encontrado disparidades graves en los datos ofrecidos a ese respecto por el Ejecutivo federal en su Cuarto Informe de Gobierno. En sus anexos estadísticos se da cuenta de que en 2007 fueron detenidos por delitos contra la salud (a los que está asociada la violencia homicida) 29 mil 362 presuntos responsables; 28 mil 597 al año siguiente; 40 mil 950 en 2009, y en el primer semestre de este año, 15 mil 844, todo lo cual suma 113 mil personas.

La población carcelaria debió aumentar en esa proporción en dicho periodo. Pero no es así. Solamente creció en 10 mil 384, de acuerdo con la misma fuente. La abismal diferencia entre los detenidos y los encarcelados llega a poco más de 100 mil personas. Eso quiere decir que las detenciones en sí mismas no dicen nada, los números que las cuantifican son cifras huecas. Si no hay manipulación mentirosa en el total de aprehensiones, es necesario saber qué pasa con las 100 mil personas referidas: "¿fueron liberadas en algún momento?, ¿fueron ejecutadas de forma ilegal?", se interroga el jurista Carbonell, quien dirige esas preguntas al presidente Calderón (El Universal, 4 de noviembre).

A menos que asumamos que hay una guerra sucia, una magna operación de limpieza social, que ultima delincuentes a partir de la sola presunción de que lo sean, estamos ante el caso de una liberación masiva de detenidos, por cualquiera de dos causas, a cual más inquietante: o se captura arbitrariamente, sin fundamento a decenas de miles de personas y la justicia ordena su libertad. O la propia justicia, o el Ministerio Público o la propia policía que detiene liberan a delincuentes que debieran ser encausados. O ellos escapan de la prisión.

El más célebre entre estos últimos, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es uno de los 68 hombres más poderosos del mundo, según dijo ayer la revista Forbes.

¡¡¡Ojo!!!

Con estruendo publicitario sólo comparable al que despliega cotidianamente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó ayer en Torreón -no en Saltillo, sino en La Laguna, para aprovechar el colosal y flamante Coliseo Centenario- su último Informe de Gobierno. Es el quinto, pero no habrá un sexto porque en enero el gobernante pedirá licencia a su cargo a fin de buscar la presidencia nacional del PRI. Lo hará a partir de su propia base de poder, que le permitirá hacer de su hermano Rubén su sucesor, y el apoyo de Elba Esther Gordillo que, como lo hacía en 2006, posee mando de tropas en dos partidos, el suyo y el PRI. También contará con el asentimiento de Peña Nieto, a quien va bien que no sea Emilio Gamboa Patrón quien ocupe el lugar de Beatriz Paredes.

Muerte al receptor analogico.

Independientemente de lo que decida la Suprema Corte de Justicia con respecto a la controversia interpuesta por un grupo de legisladores para anular el decreto publicado el 2 de septiembre en el que se pretende adelantar seis años el apagón analógico, la Secretaría de Economía ha iniciado diversas acciones para tratar de acelerar el tránsito hacia la tv digital, ya sea que el apagón se efectúe en 2015, como pretende el gobierno, o se prolongue hasta 2021 como originalmente estaba previsto.

Norma oficial

El pasado 18 de octubre el Diario Oficial publicó una modificación a la Norma Oficial Mexicana relativa al empaque de productos electrónicos (NOM-024-SCFI-1998), con el fin de que, a partir del 17 de diciembre de este año, los aparatos receptores de televisión vendidos en México garanticen a los compradores que tienen la capacidad para captar señales digitales de acuerdo con el estándar estadunidense A/53 ATSC adoptado por México.

A partir de esa fecha, deberá incluirse en los empaques de televisores la leyenda “sintoniza transmisiones de televisión digital conforme al estándar A/53 del Advenced Televisión Systems Comitee, Inc (ATSC)” en etiquetas adheridas al producto.

La intención es que el comprador tenga la garantía de que su televisor es efectivamente de sintonía digital y, además, que captará las señales del estándar adoptado por México. No vaya a ser que le vendan un televisor digital con estándar diferente.

Posturas divergentes

Adicionalmente, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, informó el 14 de octubre que esa dependencia publicará en breve una norma técnica para que, a partir del próximo año, las tiendas de aparatos electrónicos sólo puedan vender aparatos de tv con recepción digital. Con esta medida y la repartición de sintonizadores digitales se pretende aumentar la capacidad de sintonía para ese tipo de señales en los telehogares mexicanos. Claro, la distribución de sintonizadores tendrá que esperar a que la Suprema Corte determine si el decreto publicado el 2 de septiembre para realizar el apagón analógico es legal.

Hace un año, en diciembre de 2009, cuando todavía era presidida por Héctor Osuna, la Comisión Federal de Telecomunicaciones solicitó a Economía que publicara una nueva norma oficial con el fin de inhibir la venta de aparatos analógicos y acelerar la transición a la tv digital. Osuna proponía, además, prohibir la importación de televisores analógicos para combatir la entrada de esos productos, especialmente los provenientes de Asia.

Paradoja mexicana

Curiosamente, Héctor Osuna solicitaba prohibir la venta e importación de receptores analógicos porque “el país no tiene la capacidad para ofrecer un apoyo para la compra de sintonizadores que permitan a la población captar la señal digital a través de sus aparatos análogos; con la (nueva norma técnica) se busca terminar con la venta de esas televisiones, a fin de acelerar la penetración de los nuevos sistemas digitales” (Reforma, 16/XII/ 2009).

En el lapso de un año el diagnostico cambió. En sentido contrario a lo afirmado por Osuna, el gobierno llegó a la conclusión de que “sí hay capacidad” para repartir convertidores entre la población y ahora, al parecer, intentará las dos vías para acelerar la transición: distribuir convertidores digitales y prohibir la venta de aparatos analógicos.

México vive una paradoja: es uno de los principales productores de televisores digitales en el mundo, pero su consumo de esta tecnología apenas comienza. La industria electrónica en México, dominada por las grandes transnacionales del ramo, produce principalmente para la exportación. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2009 se fabricaron en México 29.6 millones de televisores; de ellos 26.9 millones fueron de tecnología digital y 2.7 millones analógicos. Sin embargo, del total de 29.6 millones, el consumo nacional fue de sólo 3.6 millones, el resto se exportó.

En lo que se refiere al consumo de receptores digitales, de los 26.9 millones de equipos con esa sintonía fabricados en 2009, solamente 1.2 millones fueron para el mercado mexicano. Es decir que para el inicio de este año, el consumo de receptores analógicos nuevos era superior al de aparatos digitales en 2.4 millones de unidades.

Paso lento

La transición hacia la televisión digital avanza en México lenta y dificultosamente. La pretensión gubernamental de adelantar seis años el apagón analógico fue impugnada por legisladores de diversos partidos y se encuentra en análisis por la Suprema Corte de Justicia. Todavía no se decide qué tipo de convertidor se utilizaría para repartir entre los hogares con menores recursos. Y, por supuesto, no se ha expresado una postura oficial por parte de la Cofetel acerca de qué se hará con los nuevos espacios que traerá consigo la digitalización; es decir, si podrán ser ocupados por nuevos operadores o se mantendrán controlados por los actuales concesionarios de televisión abierta.

El I.M.S.S..

El Instituto Mexicano del Seguro Social está en la crisis más grave en toda su historia. El informe sobre la situación financiera del instituto, presentado a la Asamblea General Ordinaria, advierte que ya no habrá dinero para pagar pensiones en 2012. ¿Qué hacer? Existen alternativas, sin duda, pero ninguna será indolora, ya sea para políticos, empresarios o sociedad en general.

La situación del IMSS no es nueva, la habían advertido los especialistas desde hace lustros. El ex director del instituto, Santiago Levy, consideró en febrero de 2004 que el desajuste era insostenible porque cada vez se usaba más dinero de los recursos de operación para el pago de las obligaciones del pasivo laboral. Los más de 50 millones de derechohabientes del IMSS pueden constatar esto en carne propia. En ese entonces, se advertía que de mantenerse las tendencias, en 2017, todos los recursos del Seguro Social serían absorbidos por la nómina y el pago de las pensiones. Sea que el apocalipsis financiero del instituto llegue en dos años o en siete, lo irrefutable es que se dirige al abismo.

¿Cuál es el tamaño del déficit? La tercera parte del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con Daniel Karam, director del IMSS, lo cual no sorprende dada la información disponible desde hace años. Es una bomba de tiempo.

Frente al diagnóstico, el gobierno federal llama a sindicato y legisladores a proponer soluciones, una convocatoria pertinente siempre y cuando no sea una estrategia para deslindarse de responsabilidad. El problema es que, hagan lo que hagan, el margen de maniobra sólo se mueve entre dos variables: el crecimiento económico del país o el adelgazamiento de la seguridad social de millones de trabajadores.

Optar por una reducción de beneficios corre el riesgo de terminar como hoy en Francia, con la furiosa movilización de varios sectores sociales que no están dispuestos a vivir peor que las pasadas generaciones. Lo mismo podría suceder en México.

Hace 40 años tenía sentido un esquema como el actual. Con una tasa de crecimiento del PIB de 4% a 7%, los recursos para sostener las pensiones estaban asegurados. Pero en los últimos 20 años, el PIB no ha superado en promedio el 2%. No hay sistema de pensiones que aguante semejante letargo.

Si México no iguala en pocos años el ritmo de crecimiento económico de Brasil o India, no habrá de otra más que apretarse el cinturón. Lo que deben responder los políticos es: ¿Nos resignamos a que no se puede? La opción por la que ellos han optado últimamente es la única impensable: no hacer nada.

Carta de protesta por la violencia y la impunidad.

¿Cuál es el mensaje que nos quieren dar con el ataque de la policía federal a la marcha contra la violencia?

Si la intención de estas agresiones es silenciar, ocultar lo que es inocultable en Ciudad Juárez tendrán que saber que por cada ataque contra las sociedad que se organiza a pesar de la guerra habrá más respuestas en todo el país, Ciudad Juárez nos duele, nos duele Salvacar, nos enoja que bajo el discurso de la guerra contra el crimen organizado se despliegue una guerra del gobierno federal contra la gente digna, sensible ante la terrible situación que se vive en el país, mientras los delincuentes gozan de protección a los mas altos niveles.

Felipe Calderón insiste ahora en involucrarnos a todos en su guerra contra el crimen organizado, en esa guerra que en Ciudad Juárez, con sus mujeres, sus jóvenes y sus periodistas asesinados, ahora más que una guerra parece un ímpetu genocida. Con toda la sangre que corre a diario quienes arriba lucran con la muerte desde despachos institucionales o mansiones clandestinas tratan de que el miedo haga que el México de abajo se vuelva su cómplice, que aceptemos morir para legitimar sus masacres y abusos, pero les decimos que tan cobardes y asesinas son las balas de los cárteles como las del gobierno, que sin honor ni escrúpulo lanzan en contra de gente inocente.

Estamos indignados por esta situación a lo largo y ancho del país, asì como en otros rincones del mundo; no nos quedaremos callados. Nos indigna y preocupa profundamente la agresión contra el compañero de la Otra Campaña, José Darío Álvarez Orrantia, el día 29 de octubre cuando participaba en una marcha por la paz en esa población fronteriza, preámbulo al Foro Internacional Contra la Militarización y la Violencia.

¡Ni uno más! Ni un joven más tratado como delincuente cuando los delincuentes son los que arriba gobiernan impunes y masacran a la gente de abajo sin importarles ya nada. En este país ya no se puede decir que el gobierno gobierna, ya no se puede creer en sus “razones institucionales”, como dijeron las madres de los jóvenes asesinados en Salvacar: “Esta guerra nosotros no la pedimos”.

Sabemos que la justicia por los asesinatos no vendrá de arriba, ellos son los asesinos. Tienen nombre, lugar, apellido y habitan en muchas instituciones. El pueblo no olvida. Estaremos atentos a lo que siga sucediendo en Ciudad Juárez y a la salud del compañero José Darío. Le damos desde los diversos lugares de donde escribimos un abrazo rebelde a su familia y compañeros.

Ciudad Juárez merece vivir con dignidad, exige poder vivir con una paz digna, algo que será imposible mientras el absurdo gobierna, un absurdo en donde en las más altas esferas crimen y gobierno comparten complicidades y abajo se militariza, se asesina y se intenta destruir a un pueblo que sobrevive y se rebela ante el miedo con enorme valentía, dignidad y profunda esperanza.

¡Ya Basta!

Enlace Urbano de Dignidad

Nodo de
Derechos Humanos

Colectivo Utopía Puebla


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Compartimos nuestra digna rabia y dolor. Les convocamos a firmar esta carta protestando contra la violencia en Juárez.

Difundanla por favor a todos sus contactos en el mundo.





YA BASTA CARAJO!




Enviar firmas (colectivas o individuales) de adhesión al correo:


colectivo.utopia.puebla@gmail.com