miércoles, 18 de mayo de 2011

Churchilito.



El intento de diálogo que se prepara entre el Ejecutivo federal y el movimiento en ciernes, despertado a raíz de los trágicos acontecimientos del asesinato de seis jóvenes morelenses, tiene que ser repensado. Las pruebas de la cerrazón que emana desde Los Pinos así lo obligan. En esas enrarecidas cúspides del poder se piensa que se tiene "la ley, la razón y la fuerza". Por tanto, ¿dónde, en esa tesitura, puede caber el diálogo propuesto? Ahí no hay resquicio alguno. Sólo un soberbio acto de monólogos, repetidos hasta el cansancio, se podría dar. El camino, se ha dicho hasta la saciedad, está trazado y no habrá marcha atrás, paso lateral o rectificación de estrategia que pueda responder a las angustias de buena parte de la sociedad.

Los anteriores encuentros fueron un espléndido espectáculo para el despliegue de vanidades, cifras sin reposo ni consistencia y simulaciones por doquier. De poco valieron los alaridos de padres dolidos y madres recias que no sólo reclamaron atención, sino lograron imponer la justicia que se les negaba. Ninguno de los funcionarios presentes en esas solemnes reuniones cumplió con su cometido u honró sus promesas. Ninguno de ellos, tampoco, renunció a causa de su incumplimiento. Ahí andan todos orondos o han sido remitidos al extranjero para gozar de exilios dorados mientras la lumbre se apaga sola.

Los pactos que se signaron quedaron en el papel. Los programas iniciados a todo vapor se fueron difuminando para terminar en lirones de cifras dispersas o de poca monta. El Todos somos Juárez es ejemplo señero del manipuleo del oficialismo y las riñas posteriores entre peticionarios ciudadanos. Las maniobras de alto nivel para mediatizar a los protestantes, a los agraviados, a los desesperados, fueron sutiles, abiertas o forzadas, pero en mucho han logrado su objetivo final: neutralizar el paso de la manifestación airada, callejera, a la formación de agrupamientos organizados que penetren hasta abajo y puedan conducir a la sociedad.

El ¡Estamos hasta la madre! que lanzó al aire Javier Sicilia, y que galvanizó el sentimiento colectivo actual de furia, fatiga y dolor de buena parte de los mexicanos, requiere de un delicado tratamiento y visión de amplio espectro al futuro. No debe exponerse a una aventura mediática, aunque sea lucidor para algunos aparecer en Palacio. Reunión que será, sin duda, montada por expertos maniobreros. Tampoco debe prestarse a un intercambio de reclamos y promesas o de enconos personalizados frente a retóricas vacías. Hay urgencia de trabajar arduamente para ir uniendo lo disperso, para recoger iniciativas y solidificar posturas que inciten a la acción. Tiene este movimiento el respaldo explícito de buena parte de la crítica inteligente que se expresa en medios, al menos los escritos. Tendrá, en lo venidero, las oposiciones frontales, las acusaciones sesgadas y las traiciones de aquellos que se sentirán atacados, de los que defenderán privilegios o intereses surgidos a partir del conflicto, del cruento militarismo por la guerra desatada.

La ruta correcta ya se ha visualizado con claridad por algunas mentes con experiencia en estos menesteres. Ir a Juárez, sí. Ir a Juárez a integrarse, a sumarse y ensanchar los cauces de actuación. Hay que asumir que firmar un pacto es un paso y sólo eso. Después, faltará la larga, tediosa marcha por la República sembrando células y para conocer, de viva voz, las dolencias particulares, las minucias, los detalles de la angustia y recoger esos sentimientos de abandono e impotencia que atiborran la vida de muchos.

El primer paso público, organizativo, perfeccionador, no debe darse frente a un hombre, y su gobierno, en etapa terminal. Muy poco, poquísimo puede hacer un individuo que se siente Churchill en sus tiempos de guerra. El señor Calderón habita ya un laberinto de sospechas trasmutadas en fatigas, de rechazos que asolean sus incomprensiones hacia los demás. Pretende, como otras tantas veces lo ha hecho, dar brincos hacia el vacío y escapar de la presión. Hay que recordar sus fallidos decálogos anunciados con grandes vozarrones en Palacio. Nada quedó de sus promesas de ir por reformas de fondo, ni siquiera las famosas estructurales le salieron bien a pesar de coincidir con los deseos de la plutocracia. Ahora, al cuarto para la hora, vuelve a su ritornelo y ofrece vender Pemex. Pura palabrería de un grupo de ambiciosos que pretenden seguir haciendo negocios, no más de eso.

El movimiento, cuando nazca y tenga los arrestos requeridos para la conducción social, tiene que fijar la vista en 2012. Tiene la obligación de inquirir a todos y cada uno de los que pretenden ganar la voluntad ciudadana sobre sus planes de cambio. No todos quieren y podrán enfrentar la adversidad actual. No todos tienen el ánimo transformador ni las capacidades efectivas o los aliados adecuados para asegurar la paz con dignidad y oportunidades para todos. Algunos de ellos, Peña Nieto en lo particular, ya fue a Estados Unidos a prometer, desde ahora y para concitar apoyo, continuar con la estrategia guerrera americana para combatir al narco. ¿Será él ese candidato esperado, el requerido para saldar cuentas, para curar heridas, para responder al movimiento? Hay que saber que el sistema de privilegios exige, para existir y prolongarse, de un entramado de corrupción que permea todos los resquicios de la convivencia. Y la corrupción es la indisoluble pareja de la impunidad, el cemento de las complicidades que atan al poder. No cualquier candidato puede dar garantías de reformar esta tupida red malograda que impide el avance nacional. A eso bien podría abocarse el movimiento en ciernes.

sábado, 14 de mayo de 2011

I.N.M.: depuracion e interrogantes.



Luego de que salieron a la luz pública las denuncias interpuestas en contra de agentes por su presunta complicidad en el secuestro de migrantes nacionales y extranjeros –quienes posteriormente fueron entregados a bandas del crimen organizado–, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció ayer, en un comunicado, la destitución de sus delegados regionales en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo. De acuerdo con el boletín citado, la medida forma parte de un proceso de "depuración" del organismo y se complementará con el reforzamiento de los controles de confianza aplicados al personal del instituto. Cabe recordar que un día antes el comisionado del INM, Salvador Beltrán, había informado que mil 200 de los 5 mil 400 funcionarios de esa institución han sido sometidos a nuevos exámenes de confianza; que 200 agentes migratorios fueron separados de sus cargos y que unos 40 de éstos serán procesados por la vía penal.

Estas remociones deben ser cotejadas con los secuestros masivos de migrantes, un fenómeno tan extendido que tan sólo entre abril y septiembre de 2010 han sido documentados cerca de 178 episodios por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales, según ese organismo, han derivado en la privación ilegal de la libertad de 11 mil 333 personas. Por añadidura, han de considerarse las palabras del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el sentido de que este cálculo podría ser conservador, habida cuenta de que "la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de secuestro".

Aun sin proyectar las cifras mencionadas a los cuatro años transcurridos de la administración calderonista –con lo cual el número de secuestrados ascendería a más de 90 mil– resulta por demás improbable que la cifra referida por la CNDH haya podido ocurrir sin el conocimiento y la participación de un universo mucho mayor de funcionarios públicos que los ahora procesados: antes bien, resulta inevitable sospechar que los agentes denunciados recientemente son sólo la punta del iceberg de una descomposición institucional mucho más amplia y la expresión de un patrón de complicidad entre bandas delictivas y funcionarios del organismo.

Por lo demás, es obligado preguntarse, ante el reconocimiento oficial de la necesidad de una "depuración" en el INM, si medidas semejantes no tendrían que ser adoptadas en corporaciones policiales también señaladas por su participación en la cadena de atropellos y vejaciones en contra de migrantes.

En este contexto es relevante lo expresado en reiteradas ocasiones por el sacerdote Alejandro Solalinde y por las propias víctimas en el sentido de que varios agentes de la Policía Federal y de fuerzas estatales y municipales han estado involucrados en el secuestro de ciudadanos extranjeros e incluso de nacionales.

En suma, si es verdad que el gobierno comienza a demostrar –así sea en forma tardía– voluntad política para moralizar las corporaciones gubernamentales involucradas en el maltrato a migrantes, es necesario que las pesquisas y sanciones contra malos funcionarios del INM lleguen a sus últimas consecuencias y a todos los niveles, y que se amplíen a otras dependencias gubernamentales. De lo contrario, la sociedad no tendrá razones para ver en las destituciones ayer anunciadas algo más que una medida de control de daños del gobierno federal o, peor aún, un nuevo ardid publicitario de la actual administración.

martes, 10 de mayo de 2011

Mexico-China: Los resultados.



Mientras la adormilada economía mexicana acumula tres décadas con un registro apenas cercano a 2 por ciento anual, la de China dio el gran brinco, y en ese mismo periodo pasó de ser una nación severamente atrasada a la segunda potencia mundial, y la mayor exportadora de bienes en el mundo, con un dinamismo exportador acompañado de un rápido cambio en la estructura productiva hacia actividades de mayor sofisticación tecnológica y de un fuerte aumento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación.

Aquí se presumen migajas (el 2 por ciento del "vamos por el rumbo correcto"); allá no sólo celebran el éxito, sino que meten el acelerador, con tasas de crecimiento promedio anual superiores a 10 por ciento, con ganas de que en un lapso no muy amplio la economía china desbanque a la estadunidense en la primera posición internacional. De acuerdo con la Cepal, el crecimiento económico de esa nación asiática ha provocado, a pesar de una mayor desigualdad del ingreso, una considerable reducción de la pobreza y un aumento del bienestar de la población. "Si bien en una primera fase fueron los indicadores de nutrición, esperanza de vida y pobreza absoluta los que reflejaron esta mejora, en la última década se ha visto cómo un porcentaje cada vez mayor de la población accedía a nuevos bienes de consumo y servicios".

La economía china ha seguido un camino marcado unas décadas antes por otras economías asiáticas que también tuvieron fuertes tasas de crecimiento económico, expansión de las exportaciones, reducción de la pobreza y avances tecnológicos. Existen paralelismos con los llamados tigres asiáticos, que comenzaron su fuerte desarrollo a partir de los años sesenta y que han alcanzado o superado el nivel de vida de los países industrializados, e incluso con otras naciones que comenzaron un rápido crecimiento más tarde (como Malasia o Tailandia), y a los que China está alcanzando ya en algunos indicadores de desarrollo.

En los años 60, la economía china crecía a un ritmo notoriamente inferior (cerca de 4 por ciento anual) con respecto a la mexicana (6.7 por ciento). En los años 70 México mantuvo el citado promedio, pero la nación asiática ya registraba avances similares. Para los 80, el crecimiento de nuestro país se desplomó (2.3 por ciento anual), pero en China el registro superaba el 8 por ciento anual. A partir de los 90, el diferencial entre uno y otro país de cinco tantos, favorable, obviamente, a los chinos.

Mientras en México el gobierno (Miguel de la Madrid en adelante) desmanteló la infraestructura productiva del Estado y "olvidó" el mercado interno, en China la participación de las empresas públicas marcó la diferencia (positiva, desde luego), y su enorme mercado interno "ha facilitado la atracción de inversiones extranjeras directas y ha permitido a ciertas empresas nacionales alcanzar un gran tamaño antes de comenzar su expansión internacional, especialmente en industrias protegidas de la competencia internacional, como la banca, los hidrocarburos o las telecomunicaciones".

La Cepal subraya que, "en definitiva, en la estrategia de China se ha combinado el desarrollo de su gran mercado interno con una agresiva y exitosa estrategia exportadora. Su estrategia de promoción de las exportaciones estuvo en un inicio claramente ligada a la atracción de inversión extranjera directa. Para ello se crearon en 1980 las zonas económicas especiales como laboratorios de las reformas económicas que comenzaban en el país. Su primer objetivo fue aumentar las exportaciones, pero también vincular al país con los mercados manufactureros mundiales y facilitar la modernización del aparato productivo, principalmente mediante la operación de empresas trasnacionales allí establecidas".

Durante los primeros años posteriores a estas reformas los flujos de inversión extranjera directa fueron relativamente modestos, pero a partir de 1990 aumentaron de manera notable. Desde 1993 China ha sido el principal receptor entre los países en desarrollo, pero la importancia de las empresas trasnacionales en su economía ha ido disminuyendo paulatinamente (lo contrario de México) a medida que la economía se desarrollaba y las empresas chinas crecían y adquirían nuevas capacidades. Así, aunque la IED fue una parte muy significativa de la inversión total en la formación bruta de capital fijo a mediados de la década de los 90, ha ido perdiendo importancia hasta llegar a sólo 4 por ciento en 2009, frente a 10 por ciento en promedio de los países en desarrollo.

China ha restringido la IED en muchas actividades consideradas estratégicas (lo contrario que en México), mientras en manufacturas ha forzado al capital extranjero a formar empresas conjuntas con sociedades locales y a transferir tecnología (aquí existe subsidio fiscal en tecnología para los consorcios, con único beneficio para ellos). La política de atracción de inversión foránea en China "ha sido muy intervencionista, como una parte integral de su estrategia de desarrollo de largo plazo, lo que contrasta claramente con lo sucedido en otras partes del mundo, en especial en América Latina y el Caribe donde, en el contexto de las reformas de los años ochenta y noventa, aún se espera que las decisiones estratégicas sean sólo el resultado de las fuerzas del mercado".

La "insistencia" de las autoridades chinas en forzar a las trasnacionales a invertir en alianzas estratégicas con empresas locales ha generado un canal importante de transferencia tecnológica y ha favorecido el desarrollo de capacidades locales en muchas industrias. Este es el caso de la industria automotriz, donde se comenzó con alianzas estratégicas entre empresas de autopartes chinas y trasnacionales en las décadas de los 70 y 80, se siguió con la producción masiva de autos para el mercado interno, y actualmente China cuenta con docenas de empresas con marcas propias y capacidad de fabricar autos cada vez más sofisticados.

En fin, el resultado es más que obvio: México de 6.7 por ciento en los 70 a un promedio anual de 1.7 por ciento en la primera década del siglo XXI; China de 4 a más de 10 por ciento.

Aguas:

"Resistencia civil si no frenan la violencia", es la propuesta del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Bien. Apoyémosla, pero extendamos el concepto de violencia al plano económico, político y social… Por su novena velita, un beso de su tamaño para mi adorado Chícharo.

sábado, 7 de mayo de 2011

El frenesî.



La contrarreforma oficial en materia "de seguridad nacional" de Felipe Calderón, tendiente a "legitimar" el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.

1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.

2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de "ley de seguridad". Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.

4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender "dividir a los mexicanos", como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas

5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.

6. El escollo principal para frenar la militarización del país y la puesta en vigor de algunos de los principios aberrantes de la ley lo constituyen por lo mismo los compromisos de los panistas en este sexenio, primero con Bush hijo y luego con Obama. Estados Unidos ha hecho el objetivo fundamental de sus políticas al sur de la frontera el de hacer de México un Estado policiaco-militar, ya que el incremento de la violencia y la intensificación de la guerra contra el narco "justificarían", según ellos, su intervención militar abierta; de ahí que tienen a Calderón sometido en esa dirección, alentándolo a seguir destruyendo en desbocado frenesí las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.

7. La firma de Felipe Calderón el pasado 29 de abril de un "acuerdo" con los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile y Perú para enfrentar a la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –con la que los gobiernos más dignos del continente están buscando romper el dominio del capitalismo neoliberal– constituye una vergüenza para México, pero es una señal de la sumisión absoluta de Calderón a Washington y de su traición a las causas de Latinoamérica.

8. Washington definió desde los años 80 este proyecto de intervención creciente en México, pero no había sido hasta ahora, con el gobierno sumiso de Calderón, que le ha brindado con particular entreguismo todas las facilidades para ello, que se instauró de manera clara el proceso intervencionista en México, que urge detener.

9. Una legislación moderna en "seguridad nacional" –que no es la que quiere Calderón, empeñado en "colombianizar" a México– tiene que sustentarse en el respeto a una serie de principios constitucionales fundamentales que son hoy de observancia universal: a) el anteponer a cualquier política los derechos de los individuos conforme al artículo primero constitucional; b) el reconocer que estos derechos no puede suspenderlos más que el Congreso mediante una ley, como lo dispone el artículo 29; c) el reconocer que las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) no pueden en ningún caso, ni siquiera como excepción, ejercer funciones policiales o de Ministerio Público, tal y como lo establecen los artículos 21 y 129; d) el respetar el principio de que las fuerzas armadas y policiales mexicanas no pueden en ningún caso subordinarse a agencias extranjeras, como Calderón las ha obligado a hacerlo, ni mucho menos integrar misiones de intervención en otros países, ni siquiera de la ONU, que está hoy subordinada a Washington; y, desde luego, e) el reconocer que la investigación y persecución de los delitos debe correr a cargo de las policías judiciales o ministeriales, federal y locales, y con respeto irrestricto al sistema federal y a las autonomías municipales.

10. La seguridad nacional del país puede garantizarse con las instituciones actuales y el marco legal vigente. Por eso el reclamo que está uniendo a los mexicanos va dirigido a todos, pero sobre todo a quien ha generado y está alentando con sus políticas esa escalada de la violencia con fines sectarios y de grupo: el gobierno entreguista de Felipe Calderón, al que el pueblo no se cansará una y otra vez de decirle: "¡Ya basta!".

jueves, 5 de mayo de 2011

De nuevo los Mineros, un gremio totalmente explotado.



De nueva cuenta la negligencia, la corrupción y los abusos de empresarios protegidos por los Gobierno Federal y Estatal han ocasionado una tragedia laboral.

En la mañana del 3 de Mayo explotó un "pocito" habilitado como mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, que ha cobrado hasta el momento-de manera oficial- la vida de tres trabajadores, aun faltan 11 mineros por ser rescatados o bien sus cuerpos entregados a sus familias, además de que un menor de 15 años ha quedado con el cuerpo mutilado por la exploción.

Esta tragedia trae a la mente otro desastre minero, el de Pasta de Conchos, también en el estado de Coahuila. Pone de nueva cuenta, el "dedo en la herida" sobre las condicione infrahumanas en las que se trabaja en las minas de carbón en México, es decir, no existen las condiciones mínimas de seguridad para prevenir accidentes fatales y mucho menos se cuenta con seguridad social, por lo que ante desastres como los de Sabinas o Pasta de Conchos los mineros y sus familias se encuentran totalmente desprotegidos, además de que se incurré en delitos graves al tener a menores trabajando en las minas.

Ante este tipo de accidentes, las autoridades correspondientes solamente alcanzan a culparse unos a otros, o bien a lamentar los hechos a través de sus cuentas de "Twitter" como es el caso del Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien es uno de los principales responsables de las muertes de mineros debido a su negligencia, sin embargo, nada ha hecho por informar de manera certera a las familias de los mineros atrapados.

Es responsabilidad del Secretario del Trabajo supervisar continuamente las condiciones laborales en la insdustria minera y sancionar a las empresas que incurran en faltas, por mínimas que sean, con el fin de evitar tragedias como las de Pastas de Conchos y Sabinas.

Lo que se vive en las minas de carbón en México es una verdadera situación esclavitud, donde no se respeta en lo mínimo la dignidad humana de los trabajadores, por el contrario, estos son vistos como bestias de carga tanto por empresarios como por los políticos de los tres níveles de gobierno.

martes, 3 de mayo de 2011

Sobre seguridad nacional.



La esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional que la semana pasada entró en la congeladora legislativa es la pretendida reglamentación y/o "normalización" del régimen de excepción y el estado de inseguridad radical instaurado el 1º de diciembre de 2006. Desde entonces, la "democracia" en pie de guerra de Felipe Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de la vida nacional. El riesgo latente, ahora, es que del Estado autoritario conservador construido durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar "legalizado", subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo en abril de 2009 encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad, con la consiguiente politización de las fuerzas armadas con base en el secreto y el mantenimiento del fuero de guerra. A partir de una rocambolesca "teoría de los grises" sobre guerra y paz, dicha iniciativa, profundizada ahora por aliados priístas, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y la Marina las funciones de Ministerio Público, con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano.

A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las fuerzas armadas un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos, sin contrapesos ni controles institucionales (del Congreso, el Ifai, la CNDH, etcétera), lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Con eje en un pretendido "proyecto nacional" encarnado por el Ejecutivo, que lleva a una virtual personificación del Estado en el mandatario de turno, a quien se adjudicaría la preservación de la condición de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (ya no de la nación), se abre las puertas a un régimen dictatorial.

Otra vertiente de la militarización y centralización represiva en el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las fuerzas armadas de la atribución de solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de "obstáculos" a la seguridad nacional que consigna el artículo quinto. En la lista de causas o factores que afectan la seguridad nacional se encuentran delitos ya tipificados en el Código Penal Federal (traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración) y se les agregan otros que exceden el listado y que podrán ser interpretados de forma abusiva dada su formulación ambigua o equívoca.

De aprobarse ese remedo de la Ley Patriótica estadunidense se profundizaría la criminalización de la protesta. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del consejo, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social podrían constituir un "desafío" o una "amenaza" a la seguridad nacional. Eso abriría la puerta a un mayor autoritarismo, con la consiguiente afectación de las libertades públicas, civiles y los derechos humanos.

La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense es una doctrina militar. Contiene una rigidez completamente militar: es una ciencia de la guerra. Fue concebida en el marco de la "guerra de espectro total" contra el comunismo y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran los "objetivos nacionales". Ergo, el interés nacional o proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se comporte de manera diferente de las fuerzas armadas. También desaparecen las fronteras entre la guerra y la diplomacia, entre política exterior y política interior, entre la violencia reservada a las fuerzas armadas y la acción no violenta del Estado. Borra la distinción entre violencia preventiva y violencia represiva. La seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Si la Constitución molesta, se cambia.

Cabe recordar que en la guerra sólo cuentan los golpes dados al enemigo (devenido en "enemigo interno"). Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o sicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. La doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos. Y dado que es un Estado en tiempo de guerra (o de "paz relativa", diría Alfonso Navarrete Prida), significa que no es sólo una "democracia" que hace la guerra, sino una "democracia" concebida en función de la guerra, sea ésta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares.

Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón. Sólo que el culto por la (in)seguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase. Es la envoltura ideológica para ocultar un sistema de dominación y explotación vía las fuerzas armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Felipe Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno dadas… haiga sido como haiga sido.

domingo, 24 de abril de 2011

El incesto:Delito acallado en Mexico.



En la penumbra y el silencio de la intimidad, las niñas víctimas de incesto padecen el dolor de haber sido abusadas por un familiar y no denuncian, por lo que el delito queda en la impunidad, reporta la organización Save The Children-México.

Para colmo, la agrupación internacional Human Right Watch (HRW) advierte que en las leyes de algunos estados del país las menores de 18 años también son sancionadas penalmente por incesto, toda vez que el delito es definido como “un abuso contra la unidad familiar”.

En nuestro país no existe un registro nacional de niñas y niños víctimas de todas las formas de abuso sexual, a pesar de ser un delito que, afirma la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), va en ascenso.

La Redim asegura que México carece de información sistemática que muestre la magnitud del problema, y además no se cuenta con sistemas que faciliten tanto el diagnóstico en niñas y niños víctimas de abuso como la denuncia eficaz.

“Es aún un problema cargado de un fuerte estigma, y aunque la frecuencia va en crecimiento, no es un tema muy documentado por los sistemas de justicia y salud… Lo que sí se sabe es que es un tipo de maltrato que se ejerce más sobre las niñas”, añade.

La PGJDF informó en octubre de 2010 que los casos de abuso sexual y violaciones contra menores de edad –en su mayoría niñas– sumaron 4 mil 742 de 2006 a 2009. No hubo registro de alguna denuncia por incesto, precisó la dependencia.

Un estudio reciente de la UNAM revela que los casos de abuso sexual infantil se cometen en su mayoría por padres, tíos y primos y no por personas ajenas a las víctimas.

Organismos de Derechos Humanos reportan que la edad promedio de las víctimas es de 5.7 años y que el 77 por ciento son mujeres. En el 19 por ciento de los casos, la víctima conocía al agresor que era el hermano; el padrastro en el 18 por ciento; el tío en un 16 por ciento y el padre en un 15 por ciento.

De acuerdo con IPAS-México, la Secretaría de Salud hospitalizó durante 2009 a una de cada tres niñas de entre 10 y 14 años por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, lo que hablaría del índice menores de edad que son abusadas sexualmente en el seno familiar.

Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC), explica que la falta de denuncias por el delito de incesto se debe a que las niñas víctimas no hablan al respecto.

Abunda que en gran medida ese silencio se debe a la educación estereotipada que se da a las niñas para “darse a los demás”. La mayoría de ellas piensa que al ser tocadas sexualmente por algún familiar es una forma de demostrar “que se les quiere” y que así se toca a “todas las niñas”.

Martínez Rodríguez aclara que cuando esos casos se logran denunciar son juzgados como abuso sexual o violencia sexual y no por incesto, a pesar de que tienen características diferentes.

Laura Martínez apunta que en el caso del incesto la violencia contra las niñas se da a través de la “seducción”: el victimario se fija en niñas y niños que están abandonados y con autoestima baja.

A excepción de Puebla y Tlaxcala, el resto de las entidades federativas contemplan el delito de incesto en sus Códigos Penales. Chiapas, el DF, Oaxaca, Sonora, Baja California, Chihuahua y el Estado de México lo consideran un delito “contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”.

Guerrero, Morelos y Veracruz lo estipulan como un delito “contra la familia”. Las demás entidades lo consideran como parte de los delitos sexuales.

El artículo 272 del Código Penal federal señala que en el delito de incesto se sancionará a los ascendientes (padres, abuelos, tíos, bisabuelos) que tengan relaciones sexuales con sus descendientes.

Las sanciones son diferentes si los victimarios son ascendientes (padres, abuelos, tíos) o descendientes (hermanos, primos). En el caso de los primeros la pena es de uno a seis años de prisión; en el caso de los descendientes la pena de cárcel será de seis meses a tres años. Igual que a los descendientes se aplicará pena en el caso de incesto entre hermanos.

HRW advierte que en las leyes mexicanas el incesto no es considerado generalmente como un delito contra la integridad física y sexual de la víctima, sino contra la familia, y lo definen como sexo “consensual” (con el aparente consentimiento de la víctima) entre padres, hijos o entre hermanos.

“Dado que el delito es definido como un abuso contra la unidad familiar y que la relación sexual está legalmente definida como ‘consensual’, ambas partes se hallan sujetas a sanciones penales, incluidas las víctimas menores de 18 años de edad, precisa el organismo en su informe “Víctimas por partida doble”.

El artículo 255 del Código Penal de Oaxaca establece que se impondrá de uno a seis años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. Pero aclara que “los descendientes mayores de 16 años que voluntariamente tengan relaciones sexuales con sus ascendientes, serán sancionados con la pena de seis meses a tres años de prisión”. El código también estipula la misma pena “en caso de incesto entre hermanos”.

miércoles, 20 de abril de 2011

Elba Esther y los priîstas.



Algo está pasando. El 13 de julio de 2006 Elba Esther Gordillo fue expulsada de las filas del PRI. Fue acusada de incurrir en conductas contrarias a los estatutos de ese instituto político, como apoyar la formación de un partido político antagónico y respaldar a candidatos de otras fuerzas políticas Sin embargo, entre 2010 y 2011 ha retornado triunfalmente a dirigir, así sea por la puerta de atrás, al tricolor.

Apenas hace unos días, Eruviel Ávila, el candidato del PRI a la gubernatura del estado de México no tuvo empacho en reconocerlo. Durante el último día de su precampaña en Metepec dijo: "Necesito de la maestra Elba Esther y necesito de los maestros y maestras del estado de México del sector federalizado". En el nombramiento del alcalde de Ecatepec como candidato de su partido, la maestra fue clave.

Hace apenas unos meses, el primero de diciembre de 2010, tomó posesión como gobernador de Veracruz el priísta Javier Duarte. Elba Esther asistió a la ceremonia. Llegó tarde, se sentó cerca de César Duarte, gobernador de Chihuahua, de Beatriz Paredes y de Enrique Peña Nieto, su amigo y aliado. Al terminar la ceremonia, el nuevo mandatario jarocho saludó de beso a la maestra.

Tanto amor fue generosamente recompensado. A pesar de que el Partido Nueva Alianza (Panal) no apoyó al PRI en la entidad y que, por el contrario, se la jugó a fondo con su amigo Miguel Ángel Yunes y el PAN, el partido de Elba Esther obtuvo posiciones dentro del nuevo gobierno.

Los vientos están cambiando. En 2007 Jorge Hank Rhon, alcalde Tijuana, fue postulado por el Revolucionario Institucional como candidato a la gubernatura de Baja California. No obstante que es enemigo jurado de Gordillo, ella hizo de la campaña electoral en la entidad un campo de batalla. El 2 de agosto, la profesora se reunió en Tijuana con 800 maestros traídos de diversos estados del país para afinar la operación electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Panal, en apoyo al candidato de Acción Nacional. Su línea fue impedir que los rojos (PRI) ganaran la elección.

“Los rojos –dijo Gordillo a sus operadores electorales– representan la delincuencia y la corrupción. Y aunque los azules son soberbios y prepotentes, en esta ocasión Nueva Alianza aún no tiene la fuerza para contender sola y ganar la elección. Por eso vamos en alianza con los azules (...) No somos panistas porque no somos conservadores, pero estamos en una coyuntura especial”. El PAN triunfó en los comicios.

A finales de 2010, el profesor Humberto Moreira, entonces mandatario de Coahuila y futuro dirigente nacional tricolor, afirmó durante su quinto informe de labores: "Todos somos amigos de la maestra Elba Esther. Es amiga del Presidente, de gobernadores, del magisterio, de muchos miembros del gabinete y hasta de Marcelo Ebrard". Aseguró que ella "es la dirigente de la organización sindical a la que yo también pertenezco". Hoy, Moreira, pieza política de Elba Esther desde siempre, está al frente del tricolor.

Por supuesto, la maestra niega que vaya a regresar al PRI. Entrevistada por Leo Zuckerman sobre su posible retorno, respondió: “No, no, no, nunca. Yo no me fui, yo no hice nada malo; yo sabía de algunas gentes que habían tenido conductas verdaderamente penosas. Yo lo que hice fue escribir, hablar, luchar por que el PRI se renovara, por que el PRI cambiara, y no está en mi agenda de vida personal volver al PRI. Ahora, no puedo obligar a los maestros que son priístas a que dejen de ser priístas…”

Pero, la verdad, ni falta le hace retornar formalmente al partido si es capaz de manejarlo desde afuera. Hoy tiene una libertad y una capacidad de maniobra privilegiadas.

Durante los comicios de 2010, el Panal se alió con el PRI en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y Sinaloa. Salvo en esta última entidad, ganó en todas. En Oaxaca y Veracruz, su partido perdió las elecciones, pero ganó posiciones en el gobierno. Colaboradores de Elba Esther se integraron a los gabinetes. Por si fuera poco, el Panal obtuvo el año pasado 39 diputados en los 15 estados que renovaron su Congreso local. En coalición, 337 presidentes municipales ganaron los comicios. Pero, más allá de los resultados electorales, su influencia en multitud de gobiernos priístas es incuestionable. Personeros suyos ocupan puestos claves en los gabinetes tricolores.

Aliada al PAN durante los dos sexenios, la maestra ha pactado ya con Enrique Peña Nieto. Así las cosas, la coalición PRI-Panal-Partido Verde rumbo a 2102 camina sobre ruedas.

Elba Esther ha forjado un círculo virtuoso: el control del SNTE le facilita el acceso a múltiples recursos y relaciones, y éstos le han permitido formar una red mediante la cual ha penetrado en diferentes ámbitos de la vida política del país, convirtiéndose en una figura con peso propio.

Es una espiral. El control del gremio le facilita acumular poder y dinero, que a su vez le permite mantener el control gremial. Su fuerza le abre la puerta para obtener recursos del Estado al margen de las negociaciones laborales. Sus alianzas no distinguen entre PRI y PAN. Sus relaciones le permiten que su gente clave se coloque en posiciones estratégicas.

Elba Esther ha tejido una compleja red con otros partidos políticos que, sin el menor empacho, postulan candidatos escogidos por ella. Es el caso de Luis Maldonado, dirigente de Convergencia y personaje muy cercano a Esteban Moctezuma –una de las debilidades de la dirigente sindical–, quien ocupa la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, gracias a ella. Recientemente, en un torneo de halagos mutuos la maestra le reconoció a Maldonado su capacidad para conciliar los problemas entre los maestros cuando trabajó en la Secretaría de Educación Pública federal. Él respondió que la consideraba una mujer excepcional y una mexicana comprometida. "Ha participado activamente en los procesos de transformación más relevantes de las últimas décadas", dijo.

De cara a las elecciones federales de 2012, Elba Esther Gordillo se apresta a abandonar el buque panista, a punto de naufragar. Apuesta por Enrique Peña Nieto. Formalmente ya tiene al PRI en sus manos. Falta ver si, antes de los comicios, desde Los Pinos deciden pasarle la factura.

martes, 19 de abril de 2011

El S.M.E.: Camino al aislamiento.

A 18 meses de que el titular del Ejecutivo federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 16 mil afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas persisten en su reclamo de que se les restituya su fuente de trabajo, en tanto que el autor de la entonces llamada “valiente” pero nunca talentosa decisión, insiste en la defensa de sus inamovibles posiciones: LFC costaba 50 mil millones de pesos al año en subsidios y “estaba estorbando para el crecimiento de la economía”.

La polarización de los actores en el conflicto es más pronunciada un año y medio después, el servicio de energía brindado por la Comisión Federal de Electricidad --en el Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla-- no muestra mejoría respecto al que proporcionaba Luz y Fuerza, la arbitrariedad en los cobros por el servicio acumula miles de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor y en las páginas de los diarios, mientras que el director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, se retiró en medio de homenajes --incluido el reconocimiento presidencial y del rector José Narro Robles--, en los que se ignoraron hechos de corrupción que florecieron bajo su prolongado ejercicio y algunos de los cuales están documentados en Estados Unidos.


En este lapso, el SME reconquistó su personalidad jurídica y todavía permanecen abiertos los espacios de diálogo y negociación con las autoridades que primero aplicaron el decretazo a deshoras de la noche y con la Policía Federal como principal argumento.


El hecho es que 18 meses después, el del SME y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es --junto al de los mineros y metalúrgicos-- uno de los dos conflictos laborales más importantes y, sin duda, el que mayor capacidad de movilización y respuesta muestra en las calles y plazas del centro del país, sobre todo en el DF, en formas y ritmos que parecen inagotables.


Esas formas tuvieron novedades preocupantes en Melchor Ocampo y Marina Nacional, donde se ubicaban las oficinas centrales de la CFE, y los propietarios o usuarios de cuatro automóviles fueron despojados de ellos, para enseguida incendiarlos y agredir con piedras a los bomberos cuando intentaron apagar el fuego. Previamente fueron cerrados los carriles centrales del Circuito Interior y más tarde se desató un enfrentamiento entre trabajadores y policías porque éstos les impidieron entrar a las instalaciones del otrora organismo público. Detalles aparte, otros incidentes se reprodujeron en los alrededores de la Secretaría de Gobernación y en el Zócalo. Los saldos son 12 detenidos y dos reporteros golpeados e incluso robados.


Pareciera oportuno el deslinde que hizo Martín Esparza respecto a los hechos violentos y la no participación de afiliados del SME, los que atribuyó a “infiltrados”, pero es del todo insuficiente si nos atenemos, por ejemplo, al testimonio de la reportera Patricia Muñoz Ríos sobre el fotógrafo Marco Peláez. “Más de 30 lo empezaron a rodear y lo golpearon; (…) hasta que tres integrantes del comité les gritaron: ‘Ya paren, cabrones, es de La Jornada!’” Sólo eso lo salvó de una agresión peor.


El linchamiento mediático que durante 18 meses sufren los electricistas no justifica ni explica la agresión al colega jornalero, medio que como ninguno da una cobertura informativa al conflicto. Tampoco el despojo sufrido por automovilistas y la agresión a los bomberos y usuarios del metro.


Las autoridades ministeriales están obligadas al esclarecimiento de los lamentables hechos y los electricistas a demostrar su inocencia ante la opinión pública, salvo que la estrategia de los dirigentes sea emprender el camino del aislamiento, ruta directa a la derrota.

sábado, 16 de abril de 2011

Los beneficiarios.



La pregunta de a quién beneficia la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón tiene una respuesta evidente: al proyecto intervencionista de Washington y a los intereses económicos, financieros y políticos del grupo yunquista-calderonista en el poder en México. De ahí la negativa violenta de Calderón a detener la escalada de violencia en la que funda sus políticas de ambición transexenal.

1. El clamor nacional de "¡Ya basta!", dirigido al gobierno del PAN, más intenso tras la ejecución del joven Juan Francisco Sicilia y sus compañeros el 28 de marzo en Temixco, Morelos, está siendo desvirtuado por una virulenta campaña propagandística y de desinformación del gobierno, pretendiendo que debe ser dirigido "al crimen organizado" y no a los panistas, que son, como todo mundo sabe, quienes han generado la violencia y la están administrando en función de sus intereses económicos y políticos, y que para muchos mexicanos forman parte de una mafia que debe ser calificada también como parte del "crimen organizado".

2. Tras de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó al gobierno el retiro, a corto plazo, del Ejército de este escenario (31 de marzo), un vocero oficial respondió que los militares continuarían en las calles, pero ahora que ha crecido la movilización promovida por el poeta Javier Sicilia –que al no obtener respuesta exige la renuncia de las autoridades de Morelos y anuncia una marcha a la capital–, el propio Calderón reiteró fúrico su negativa a terminar con la violencia en un discurso desbocado el martes 12, en el que pretendió eximirse de responsabilidad por haber llevado a México a un baño de sangre en función de intereses privados.

3. Las sinrazones del gobierno calderonista para seguir administrando la violencia y confundiendo a los mexicanos son muy claras: cumplir sus compromisos entreguistas con Washington, a fin de conseguir el respaldo de la Casa Blanca para que Acción Nacional siga en Los Pinos en 2012 y los beneficiarios de la violencia continúen adueñándose del país.

4. La cuestión de ¿cuál es el sentido de la supuesta "guerra de Felipe Calderón" contra el narcotráfico? se la formula también, entre otros, Noam Chomsky en su último libro Esperanzas y realidades (Tendencias Editores, Barcelona, 2011), respondiéndose que para interpretarla habría que responder a la cuestión de "¿a quien beneficia?", y no duda en afirmar, coincidiendo con diversos especialistas de Naciones Unidas, que esta "guerra" es "una caricatura", pues ha dejado intactos los poderes económicos privados "que participan masivamente en el tinglado".

5. El endurecimiento fascistoide del gobierno entraña por lo mismo una serie de señales a esos beneficiarios de la guerra "de Calderón" que son las grandes corporaciones trasnacionales, que él busca no lo abandonen en el año 2012. De ahí el perverso intento oficial por criminalizar al movimiento electricista y al SME, torpemente secundado por Marcelo Ebrard, también por ambiciones futuristas, o la desesperación de Los Pinos por hacer aprobar al Congreso la contrarreforma laboral que pretende dejar en letra muerta el artículo 123 y cancelar los derechos de los trabajadores mexicanos.

6. La política intervencionista de Estados Unidos en la era postbushiana se ha sustentado en cuatro "argumentos" que han quedado evidenciados en lo que va del siglo XXI como pretextos mal fundados: la defensa de los derechos humanos (Libia) y la lucha contra el terrorismo (Irak), la guerrilla (Colombia) y el narcotráfico (México), calificados alternativamente como narcoterrorismo. La pretendida "lucha contra el narcotráfico" es ahora el más utilizado, y por eso a pocos especialistas extrañó que la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, auspiciada por la DEA, se efectuara en Cancún del 5 al 7 de abril, ni que su presidente fuese Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública –señalado en diversas ocasiones por sus vínculos con el narcopoder–, ni mucho menos que la principal conclusión de esta reunión fuese la tesis intervencionista de la administración Obama: que la lucha contra el narcotráfico debe ser en el futuro "global", para obviamente "legalizar" la entrada de las agencias estadunidenses armadas a los países en los que Washington tenga intereses estratégicos.

7. Las sospechosas matanzas de días recientes, atribuidas sin fundamento al narco, inciden en este escenario de intervencionismo, pues tras el descubrimiento a principios de mes de por lo menos 120 fosas en San Fernando (Tamaulipas) –donde en agosto de 2010 fueron ejecutados 72 migrantes–, el miércoles 13 varios legisladores estadunidenses, tras reiterar el argumento de que México es "un Estado fallido" y que la situación representa un peligro para el pueblo de Estados Unidos, se plantearon la posibilidad de enviar tropas a nuestro país.

8. El senador Michael McCaul, tras pretender que no hay una estrategia "integral" de Washington sobre México y sugerir en una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, se apliquen aquí "los esquemas de Colombia", recordó que ahora hay un gobernante en México que quiere trabajar con ellos, pero que al desconocerse en Washington que acontecerá en las próximas elecciones y si seguirán teniendo, tras 2012, "las mismas oportunidades", era la hora de diseñar una "nueva estrategia" que debería iniciarse con lo que llamó "una operación militar conjunta".

9. Muy significativo es que el miércoles 13 en su programa nocturno los locutores de Televisa coincidieran con la tesis del "desastre institucional" que permite "justificar" el intervencionismo y que, como lo hicieron algunos diarios mexicanos del 14, sostuvieran que Tamaulipas "no es ya parte del Estado mexicano", que no ejercen ahí sus funciones "el gobierno estatal ni las autoridades municipales" (Loret de Mola), que existe "un gobierno del crimen organizado" y estamos ante "un Estado fallido" (López Dóriga). A casi un año del homicidio no aclarado de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, el 28 de junio de 2010, se busca arrebatar a los priístas la entidad, llevarla a un estado de excepción y, con vistas a 2012, utilizarla como el escenario de ensayo de un abierto intervencionismo estadunidense.

10. El consenso nacional que se ha ido generando en estos meses es muy claro frente a todo esto. La "estrategia" del gobierno panista de facto para supuestamente luchar contra el narco, ha generado una espiral de violencia y está permitiendo a las fuerzas más oscuras del yunquismo-calderonismo auspiciar matanzas brutales para justificar la tesis del "Estado fallido" y el intervencionismo de Washington, y no puede ser considerada como una "estrategia equivocada", como suponen ciertos sectores. Es abiertamente una estrategia perversa, con objetivos económicos y políticos muy evidentes, y por eso se le está espetando a Calderón, señalado como responsable del desastre, ese contundente: "¡Ya basta!".

miércoles, 13 de abril de 2011

Femicidios en Mexico.



De 1985 a 2009, 34 mil 176 mujeres y niñas fueron asesinadas, lo que revela la importancia de reformar el Código Penal federal para tipificar el feminicidio y así salvaguardar la integridad y los derechos de las mujeres, pero sobre todo, prevenir la violencia de género, aseguró la ex diputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos.

En entrevista con CIMACNOTICIAS, la presidenta de la Comisión especial de feminicidios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados dijo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) es una ley preventiva pero necesita de una reforma en los Códigos Penales para cumplir con su fin de erradicar la violencia de género.


En opinión de la también presidenta de la Red Nacional de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, al tipificar el feminicidio se reconocerá que los asesinatos de mujeres tienen características particulares que los diferencian de los homicidios masculinos y se reconocerán los 34 mil 176 homicidios de mujeres y niñas que se registraron en 24 años.


“De no quedar esto en la ley, no se entenderá que hay homicidios por razones de género ni que existe un entorno social que produce violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres”, aseguró la antropóloga, quien a través de sus investigaciones ha documentado estos crímenes y ha impulsado el tema en la legislación cuando fue diputada de 2003 a 2006.


Las cuatro iniciativas


Hasta el momento se han presentado cuatro iniciativas para tipificar el feminicidio. Tres de ellas se encuentran en las Comisiones unidas de Equidad y Género y Justicia de la Cámara de Diputados, una en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y una ya fue aprobada por el Congreso del Estado de México.


En San Lázaro se han presentado tres iniciativas: una la presentó la diputada perredista y presidenta de la Comisión especial de feminicidios, Teresa Incháustegui Romero; otra es de la diputada panista Laura Elena Estrada Rodríguez y una más de la legisladora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo.


La iniciativa de la diputada Incháustegui Romero es apoyada por la Red Nacional de Investigadoras (encabezada por Lagarde) y señala que este delito se acreditará cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.


Por otra parte la iniciativa de la diputada Estrada Rodríguez precisa que el feminicidio lo comete un hombre.


En tanto la iniciativa de la legisladora Gástelum Bajo –apoyada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuya titular es Laura Carrera, y por la experta en Derechos Humanos, Patricia Olamendi– castigará el delito con penas de 30 a 60 años de prisión y hasta mil 500 días de multa


Reforma insuficiente


De acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en un lapso de año y medio se han denunciado 4 mil 773 violaciones en contra de mujeres y de enero de 2005 a agosto de 2010 se registraron 922 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en esta entidad.


Ante esta situación el OCNF presentó una solicitud para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG), misma que con 20 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones fue rechazada por el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres).


Luego de este resultado, el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, anunció la tipificación de este delito. Finalmente, el 17 de marzo de este año el Congreso mexiquense aprobó una reforma en la materia, la cual fue calificada por organizaciones civiles como insuficiente.


En un análisis, el OCNF precisa que esta iniciativa hace más complicado comprobar el delito ya que será difícil probar cuáles son las lesiones asociadas a “la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo”, términos que utiliza la ley para definir la violencia de género.


Feminicidio, un pendiente en el DF


Además de las iniciativas que se analizan en las Comisiones unidas de Equidad y Género y Justicia de la Cámara baja, el 8 de marzo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el DF, para tipificar este delito.


La propuesta es apoyada por la Red Nacional de Investigadoras, el Instituto de las Mujeres del DF y por la Procuraduría de Justicia capitalina. De acuerdo con la iniciativa, el feminicidio se castigaría con penas que van de los 30 a los 60 años de prisión.


Sobre este tema, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandra Barrales, dijo en entrevista que en la Ciudad de México también se aborda la problemática de la violencia de género, por lo cual se han hecho reformas para que el maltrato físico contra las mujeres deje de ser algo común.


La presidenta de la Mesa Directiva de la ALDF destacó que “en unos días” se estará retomando el debate para tipificar la figura del feminicidio y con ello garantizar que ninguna mujer sea lastimada o que pierda la vida sólo por ser mujer. También precisó que el gobierno capitalino debe brindar garantías para que ninguna mujer sea asesinada y de ser así que haya condenas severas.

jueves, 7 de abril de 2011

Carta Internacional de solidaridad a Javier Sicilia.




A la familia Sicilia Ortega

A los padres, madres, hermanos, esposos, esposas e hijos de los muertos y muertas de esta guerra

Al México que exige NO MÁS SANGRE

¡Basta ya a la Guerra de Calderón!

Para quienes hacen de la muerte su negocio y su único horizonte, la rebeldía que busca defender esa vida es un acto que no pueden tolerar. La muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega ha sido un golpe más a la dignidad de un país sumergido en una guerra cada vez más cruenta y cada vez más absurda. Es una nueva herida sobre las cerca de 40 mil heridas provocadas por la prepotencia y la impunidad de esta guerra. Una guerra en la que los criminales que la favorecen desde sus cárteles, cuarteles u oficinas de gobierno, han convertido nuestras vidas en un campo de batalla y han hecho que los muertos sean nuestros hijos, madres, padres y hermanos.

La atrocidad y el dolor nos ha dejado sorprendidos una vez más. Esta vez se hizo una llaga en el tiempo, nos hizo voltear nuevamente a ver el rostro de los jóvenes que por medio del rostro de Juan Francisco expresan la injusticia y la inhumanidad de esta guerra. ¿Cómo pueden llamarle a este acto tan vil los que cometen estas atrocidades? ¿Errores, daños colaterales, ajustes?

Quienes se esconden detrás de mensajes en mantas o detrás de cargos públicos deben saber que la sangre inocente que tienen en las manos, la sangre de Juan Francisco y tantos otros es de un rojo tan vivo que su marca indeleble hará que la justicia en algún momento encontrará la forma de hacer de sus actos consecuencias.

La muerte de Juan Francisco debe convertirse en esas muertes que mueren por la vida, que engendran vida, que nos hacen reflexionar, hablar y actuar sobre lo que está pasando, que nos obligan a buscar caminos de vida, a luchar contra la lógica de la sangre y de la guerra. La sensatez está en los corazones que a pesar del dolor laten aún esperando con esperanza activa.

Compartimos el dolor y estrechamos las manos sabiendo que las palabras y lo que está lastimando a corazones tan dignos habrá de hacer nacer momentos en los que la justicia y la paz no se hagan esperar.

Javier, sabemos que no hay palabras suficientes con las que podamos dimensionar el dolor que hoy ensombrece tu corazón y el de tu familia, pero en ese mismo dolor nos hermanamos con ustedes y se reafirma nuestro compromiso por que la justicia encuentre su tiempo y la esperanza vuelva a dibujar el horizonte.

¡NO MÁS SANGRE!

¡Basta ya a la Guerra de Calderón!


MÉXICO


Red Contra la Represión y por la Solidaridad (México)

Nodo de
Derechos Humanos (Puebla)

Enlace Urbano de Dignidad (Puebla)

Comisión Takachiualis de
Derechos Humanos (Puebla)

Escuela Primaria "Rafael Ramírez" (Puebla)

Catedra Alain Touraine (Puebla)

Instituto de
Derechos Humanos Ignacio Ellacuria (Puebla)

Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana (Puebla)

Democracia y Sexualidad (Puebla)

Contracorriente (Puebla)

Colectivo de Trabajadores
Democráticos (Puebla)

El Taller, A.C. (Puebla)

PRADE, A.C. (Puebla)

Unión de Promotores y
Defensores de
Derechos Humanos (Puebla)

CNUC (Tlaxcala)

Colectivo Acertijo (Tlaxcala)


INTERNACIONALES


Confederación General del Trabajo (CGT) Estado Español

Gruppe B.A.S.T.A., Münster (Alemania)

Grupo Les trois passants (Francia)

La Union Mexicana Suiza ( UMES ) de Zürich Suiza

La Red-Latinoamerica de Zürich (RLZ) Suiza

Plataforma vasca de solidaridad con chiapas (Pais Vasco)

Caracol mundo-eco de latido en solidaridad Viena (Austria)

Colectivo ALANA Solidaridad-Resistencia-Dignidad (Grecia)

El Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ (Estado Español)

FugaEmRede de Galiza

Grupo IRU (Estado español)

martes, 5 de abril de 2011

El desafio de la mirada.



La parábola es ridículamente imposible. ¿Cómo imaginar que el emperador anda desnudo y nadie percibe su condición? ¿Cómo creer que todos la ven cuando un cortesano se atreve a revelarla?

Su eficacia deriva de algo sorprendente: describe un fenómeno común, que ocurre todos los días en todas partes. No vemos realidades enteramente evidentes: el prejuicio es más fuerte que los hechos. Hasta que alguien desgarra nuestra ceguera…

La consagración universal de la democracia trajo universal desencanto. Están a la vista sus horrores y decepciones. Pero seguimos atrapados en el marco mental que le atribuyen a Churchill: “La democracia es el peor de todos los sistemas posibles… a excepción de todos los demás”. Este marco mental no considera auténticas alternativas. Si "todos los demás" son reyes, emperadores o déspotas como Hitler, Pinochet o Mubarak, lo que aún llamamos democracia parece claramente preferible.

Consideremos la situación inmediata, actual, que vivimos en México en estos días.

A la vista de todos está la lamentable situación de nuestros procedimientos electorales. No podrán evitarse las trácalas que se han cometido siempre en el país y se repetirían en 2012, a menos que impidiéramos esa desgracia, la realización misma de las elecciones.

Todo mundo conoce y reconoce el carácter de las campañas electorales, que formarían el juicio de los votantes. Todos sabemos que son un circo mediático, en que la manipulación de los poderes constituidos, apoyando ilegalmente a sus candidatos, es insignificante junto a la que practican los "poderes fácticos", poniendo dinero en las campañas o a través de los medios masivos de comunicación.

Es un hecho público y ampliamente reconocido que este fenómeno que se ha vuelto habitual sería aún peor en 2012. Lo vemos desde ahora, porque el circo empezó hace tiempo. No hay forma de evitar el flujo de dineros sucios hacia partidos y candidatos, no importa cuántas vestiduras se rasguen quienes podrían hacer algo al respecto. Son sorprendentemente débiles los procedimientos para prevenir el desvío de recursos públicos a fines electorales. Finalmente, no puede ser más clara y evidente la injerencia ilegítima e ilegal de los "poderes fácticos" en el proceso electoral.

Todo esto se discute abierta y continuamente en ámbitos privados y públicos. Es enteramente evidente. Es como si todo mundo hubiera estado hablando de la desnudez del emperador, lo que según la parábola no ocurrió. Así podemos ver que el asunto es un poquito más complicado. Lo que no vemos es la opción, aunque esté cada vez más a la vista de todos. No nos atrevemos a verla. Preferimos cerrar los ojos, apretar los dientes y ponernos bajo la ducha fría. Concentramos el empeño en fabricar la ilusión de que todo eso que sabemos no ocurriría esta vez, que en 2012 sería mágica y sorprendentemente posible vencer el fraude y la manipulación y que así podría expresarse libremente una voluntad ciudadana consciente y lúcida que tomaría la mejor decisión para el país y garantizaría que el nuevo salvador de la patria hiciera los prodigios que deberíamos esperar de él.

Este fenómeno social tan descaradamente insensato tiene incluso explicación epistemológica. Los hechos no existen como tales. Todos los hechos son socialmente construidos. Pero un "hecho" no podrá ser reconocido como tal si no encaja en el marco mental que domina la percepción, por más evidente que sea. "No", explicaban los "primitivos" a los antropólogos: "ese hombre no murió porque se haya partido la cabeza al caer al precipicio; murió porque una fuerza oculta decidió su muerte." "Veían" las fuerzas ocultas, no las interpretaciones médicas. Dentro de su marco mental era imposible ver otra explicación de una muerte. Según Einstein, ningún problema puede ser resuelto dentro del mismo marco mental que lo creó.

Millones de mexicanos siguen atentos el canto de las sirenas, hasta cuando les disgusta profundamente. Construyen de nuevo las ilusiones que les prometen. Que esta vez sí se respetarán los votos, que se elegirá a un gran hombre y que él podrá arreglarlo todo… O bien, piensan que todo es una porquería, pero que no hay de otra.

El emperador está desnudo y su desnudez no es estética. Lo sabemos. Ya no hace falta que un cortesano lo revele. Ahora necesitamos enfrentar con entereza las consecuencias. Despejar la mirada. Darnos cuenta de que la ruta cada vez más repugnante hacia las elecciones de 2012 no es algo inevitable, fatal, el único camino a seguir. Se trata de des-cubrir la opción, darnos cuenta que está ahí, frente a nuestros ojos, que basta abrirlos. Y luego aguantar a pie firme lo que veamos.

domingo, 3 de abril de 2011

Derecho a la alimentacion: ¿Cuestion de Estado o partido?.



Hay tsunamis más letales que los del océano Pacífico. Porque matan de hambre, lentamente. Son los tsunamis de la especulación y lucro con los alimentos... El solo incremento de los granos básicos durante la oleada alcista de 2006-2008 aumentó el número de personas en pobreza alimentaria en México en 5 millones, afectando a uno de cada cinco mexicanos. A nivel mundial, la misma oleada produjo 147 millones de nuevos pobres tan sólo de 2006 a 2009.

La gente podrá trabajar duro para obtener sus alimentos básicos; podrá haber capacidad productiva en el planeta para nutrirnos a todos, pero cuatro factores se conjugan para que haya hambre: a) el salario aumenta menos que los alimentos; b) los alimentos son el nuevo y más rentable negocio trasnacional, c) el gobierno mexicano mantiene una política agroalimentaria que nos hace importar 42 por ciento de lo que nos comemos y, d) el propio gobierno no cuenta con reservas de alimentos básicos controladas por él para los tiempos de escasez.

El poder de los estados nacionales se ha ido abdicando ante las grandes empresas trasnacionales mediante los tratados de libre comercio y un manejo mercantilista de la política agrícola y alimentaria. Aceptamos el papel que nos asignan los agronegocios: comprarles volúmenes crecientes de granos, oleaginosas y cárnicos y disputarnos con otros países pobres el acceso a sus mercados para nuestras productos tropicales. Así, países como el nuestro pueden obtener más divisas, pero crecen la desnutrición y la malnutrición. La balanza de pagos contra la balanza de la salud de las personas.

Desde los años 90, una serie de organizaciones sociales, campesinas y de consumidores vienen luchando para que el derecho a la alimentación se consagre en nuestra Carta Magna. Por fin lograron que la Cámara de Diputados apruebe una minuta que eleva este derecho a rango constitucional, reformando dos artículos: al 4º constitucional se le agregaría el siguiente párrafo: "El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad". Y al 27 en su fracción XX se le añadiría: "El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca".

Pero a la hora de llevarse la minuta aprobada al Senado, las y los legisladores del PAN piensan en sentido contrario a sus homólogos blanquiazules en San Lázaro y rechazan la reforma constitucional sobre el derecho a la alimentación. Seguramente piensan que con ella el Estado se va a convertir en un gigantesco repartidor de despensas, habilidad en que los priístas llevan una enorme delantera.

Las y los senadores panistas también se ponen a contar los chiles. Les parece demasiado consignar el término "garantizar" la alimentación en el texto constitucional. Aprendieron de su jefe Calderón que vetó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estipule que el presupuesto anual para el campo, el Programa Especial Concurrente, no disminuya en términos reales de un año a otro. Pero no ponen ningún remilgo al párrafo constitucional que establece que el Estado “… garantizará el financiamiento a los partidos políticos”. El país de los partidos ricos y de los ciudadanos hambreados.

Aquí sobresalen las ganas de no entender las cosas, la pobreza de imaginación y la mezquindad partidista. Hay que entender en primer lugar que el hecho de que se reformen tanto el artículo 4º constitucional, como el 27, obliga al Estado a cambiar drásticamente su política agroalimentaria: en lugar de orientarla a producir alimentos para la exportación, lo obliga a dirigirla a garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos para nuestra población. No se trata de dar pescados, sino de garantizar las condiciones para que haya pescados y todo mundo pueda pescar, e impedir que lucren con la situación los dueños de los anzuelos y de los estanques. Ni tampoco de acabar de un año a otro con la pobreza alimentaria, sino de hacer un plan con auténtica voluntad política y compromisos, comenzando, por ejemplo, porque el Estado garantice la nutrición adecuada y suficiente a todos los niños menores de cinco años y a las madres lactantes y gestantes. Luego se iría extendiendo a otros estratos vulnerables de la población. Para esto además de imaginación se requiere una visión de Estado y no de partido: el no querer arriesgar a los gobiernos de mi partido a realizar enormes desembolsos.

Garantizar el derecho a la alimentación sana y suficiente es garantizar el derecho a la vida: que digan, si no, los nutriólogos, los perinatólogos, los pediatras, los sicólogos. Es muy fácil decir que se está por el derecho a la vida porque se fustiga y se persigue a las mujeres que se deciden a abortar, cuando no hay el mínimo compromiso para que las y los mexicanos que viven, vivan con dignidad.

miércoles, 30 de marzo de 2011

Violacion a la Autonomia Universitaria en Chiapas.




San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 29 de marzo de 2011.

A la organizaciones sociales, políticas y populares

A los Centros de Derechos Humanos

A los medios de información

Al pueblo en general

A la Comunidad estudiantil

Compañeros y compañeras: la autonomía universitaria está siendo violada por el gobernador Juan Sabines Guerrero, quien el pasado 4 de diciembre de 2010 impuso como Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, al aún Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda. Por lo cual denunciamos públicamente ser el brazo derecho del gobernador para ejercer la represión política dentro de la Universidad y suprimir todo tipo de organización y lucha estudiantil, de docentes y sindicales en defensa de sus derechos. Además el expresidente municipal es impuesto sin tener el mérito académico que establece la legislación universitaria ni el mínimo compromiso por la cuestión académica de nuestra Universidad.

A casi cuatro meses de su imposición ha demostrado que su trabajo e interés es plenamente político, presentándose en diferentes puntos del estado de Chiapas con organizaciones civiles, funcionarios públicos y presidentes municipales, tratando asuntos ajenos a la Universidad y utilizando la institución para encubrir sus aspiraciones políticas, preparando las condiciones para postularse como candidato a gobernador para el periodo electoral de 2012.

Dentro de la UNACH, el discurso que ha manejado desde que tomó protesta es “ser un hombre respetuoso de las leyes y las instituciones”, por lo que, el “orden” universitario para él y el gobernador son fundamentales para la gobernabilidad del estado de Chiapas, sobre todo, el orden manifestado en las leyes y las instituciones que justifican la oleada de represión física, psicológica, política y social en nuestro estado y a nivel nacional.

La imposición desde arriba es un método utilizado por la burguesía-capitalista oligárquica que en las elecciones presidenciales de 2006 impuso al gobierno autoritario y fascista de Felipe Calderón Hinojosa para lograr el mayor control y manipulación del pueblo de México, frenando todo tipo de descontento y movilización social, así como reprimir los brotes de protesta por las graves condiciones de violencia, multi-asesinatos, militarización, paramilitarización, privatización, desempleo, pobreza, hambre, migración y conflicto social que vivimos en México cotidianamente.

Autoritarismo que, a los 35 años de historia universitaria llegó con el mayor descaro y despotismo en la UNACH. Y hoy, concretamente, se demuestra en nuestra Facultad de Ciencias Sociales con la imposición del supuesto “Consejero Universitario” José Manuel Meléndez Arteaga por el Director Jorge Luis Fidel Torres Rojas bajo las órdenes del impostor Jaime Valls Esponda, en complicidad con el Mtro. Hugo Armando Aguilar Aguilar quién acepto las condiciones impuestas por el gobernador de continuar con la Secretaria General con el acuerdo de asumir la Rectoría en 2012.

José Manuel Meléndez Arteaga junto a su compañero de grupo Fernando Aquino (ambos estudiantes de la Lic. En Economía) se dieron a conocer en la Facultad de Ciencias Sociales por sus posturas en contra de la lucha y organización estudiantil, en la asamblea del 09 de noviembre de 2009, donde estaban presentes autoridades de Dirección y Rectoría, demostrando el claro interés de trabajar con ellos, dando la espalda a las demandas y necesidades estudiantiles. Interés que fue aprovechado por el ex-Rector Ángel René Estrada Arévalo y el Director Jorge Luis Fidel Torres Rojas designándoles el trabajo de informantes del movimiento estudiantil. Motivo por el cual José Manuel “Chema” fue expulsado de la huelga estudiantil el día miércoles 24 de febrero de 2010.

Estos alumnos, a partir de esa fecha se han dedicado a conformar un grupo de choque en contra del Comité Estudiantil y de los grupos políticos estudiantiles que existen dentro de la Facultad, asesorados por el Director y el Mtro. Pascual del Solar Escobar (este último ha sido denunciado por sus alumnos de ser un docente deficiente carente de los conocimientos básicos de economía política).

El trabajo desempeñado de estos estudiantes fue premiado por el Director y el ex-Rector, designándolos como Consejeros Técnicos Alumnos de la Lic. En Economía, en marzo de 2010, para conformar el Consejo Técnico Universitario de la Facultad de Ciencias Sociales. Esta cobertura institucional les ha permitido trabajar descaradamente junto a algunos docentes en contra de los intereses de la comunidad estudiantil, disfrutando de beneficios personales que Rectoría les da por el pago de su trabajo. Además de las cuotas y viáticos que cobran por la figura de “Consejeros Técnicos” en supuesta representación de la comunidad estudiantil.

Por otra parte, este grupo de estudiantes están coordinados con Sídney Alonso Morelia Trujillo (estudiante de la Lic. En Sociología) que funge como Delegado Municipal de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chiapas (FEUCH) para desprestigiar y desorganizar la lucha estudiantil. Este grupo, a partir de agosto de 2010 se han dedicado a organizar y negociar fiestas en bares y antros de la Ciudad impulsados desde la Dirección fomentando los malos vicios para distraer y manipular a la comunidad estudiantil de las condiciones reales que padece nuestra Facultad.

La FEUCH es una organización partidista afiliada al Partido Acción Nacional (PAN) financiada directamente por Josefina Vázquez Mota, aspirante a candidata para las elecciones presidenciales de 2012. Llegó a la UNACH en 2008, promovida por estudiantes de afiliación partidista, a quienes les pagan cuota fija por su trabajo, enfocado a la orientación partidista de los estudiantes que fungen como base electoral. Su estrategia es ofrecer beneficios a la comunidad estudiantil como becas y descuentos en tiendas comerciales, a cambio de afiliarse a la organización (FEUCH).

Estas condiciones las ha aprovechado Jaime Valls Esponda para imponer al supuesto Consejero universitario sin consentimiento de la comunidad estudiantil con el claro objetivo de desaparecer la lucha y organización estudiantil representada por el Comité estudiantil quienes han asumido responsablemente la defensa de nuestros derechos y buscando el beneficio de todos.

Con todas estas acciones se ha violentado la Autonomía universitaria, por lo tanto hacemos un llamado a todos los estudiantes, profesores y trabajadores de la UNACH para defender la autonomía de la Universidad y no permitamos que el gobierno de Juan Sabines Guerrero se apodere de nuestra institución educativa imponiendo a sus representantes y los utilice de bastión político para Jaime Valls Esponda. No permitamos que el Partido de Acción Nacional (PAN) disfrazado de FEUCH nos involucre con los partidos políticos y nos vean como reservas electorales. Defendamos la organización y la lucha estudiantil, de docentes y de los trabajadores en la defensa de nuestros derechos y buscando siempre el mejorar la educación dentro de la Facultad de Ciencias Sociales para el servicio del pueblo y no del gobierno y de la clase burguesa y explotadora.

POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

“Por una educación gratuita, científica, popular y libertaria”

NÚCLEO ESTUDIANTIL EN RESISTENCIA Y REBELDÍA. POR LA OTRA CAMPAÑA.

martes, 29 de marzo de 2011

Ausencias remediables.



Los primeros tambores de guerra electoral en serio empiezan a retumbar, y nos prometen por ahora una conflagración desastrosa. Tenemos por ahora un programa sin partido y un partido sin programa. Tenemos también otro partido cuyo discurso dice que hacerse nuevamente de la Presidencia de la República es casi un trámite. Y tenemos un tercer partido que no se entiende bien si es el que está ocupando la silla presidencial. Pero las cosas caminan con rapidez, y quizá no debamos esperar mucho para conocer a los contendientes y sus armas de combate (sus programas).

Si en esta ocasión en la arena de la lucha se colara un poco de lógica, este ciudadano que ve no sin desazón esa arena, creería que los contendientes tendrían que ser Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el PRD y compañeros del lado izquierdo o cuasi izquierdo; Josefina Vázquez Mota, por el PAN, y el al parecer ya afianzado Enrique Peña Nieto, por el partidazo. Los dos últimos no han presentado hasta ahora un programa, y AMLO ha presentado, en la forma de un documento para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional, un esbozo de un programa de gobierno.

AMLO ha hecho más de lo suficiente política y programáticamente, para que los Jesuses y Marcelo se apresuren a alzarle el brazo en un gesto de determinación vigorosa frente a la sociedad, de reunir la mayor fuerza en pos de la Presidencia. La necesitará como nunca porque, entre otras cosas, tendrán en contra no sólo a los otros dos partidos, sino a una gran parte de los poderes fácticos.

Andrés Manuel ha hecho cambios en algunas de sus ideas o en la presentación de las mismas. Las cincuenta propuestas del Morena prefiguran el programa de un partido socialdemócrata y su Estado de bienestar. No podría ser, desde luego, la socialdemocracia del norte de Europa en sus años dorados. Sino una mexicanizada, en el marco de la globalización, con una economía mundial en crisis, que vive un intenso movimiento de transformaciones en el centro dominante. Inescapable la elaboración de un conjunto de posiciones políticas frente a ese contexto, y es éste uno de los grandes pendientes y de los vacíos del programa del Morena.

En el programa del Morena no existen las palabras equidad ni género: el tema de derechos efectivos entre hombres y mujeres, y entre éstos y las minorías sexuales; una necesidad imperiosa si las hay en un Estado democrático de bienestar. Aunque hay algunas alusiones, no existe la idea de una reforma fiscal, que está esperando este país desde principios de los años 60 del siglo pasado. No existe tampoco, extrañamente, la idea de una redistribución del ingreso susceptible de establecerle metas que puedan ser medidas anualmente, y que se alcanzan en lo fundamental por el lado del gasto público.

Tampoco existe la idea de poner fuera de la política a las iglesias. Se trata nada menos que del Estado laico, uno que es ajeno a cualquier influencia o intromisión externa ya religiosa, ideológica o filosófica, sostenido por un conjunto de principios y valores irrenunciables: libertad de conciencia, neutralidad confesional, educación laica, bien común, principio de igualdad, principio de libertad, principio de no discriminación, principio de separación del Estado y las iglesias teniendo como fundamento ético los derechos humanos. Su única fuerza la origina la adhesión de todos los ciudadanos, quienes lo consideran la objetivación de su propia soberanía. AMLO no puede hacer a un lado estos temas cruciales.

Está mencionada la reforma educativa, pero no hay ninguna idea de sustancia sobre la misma. Se limita a comprometerse con una absorción escolar sin cortapisas, que hace al tema de la cobertura, pero no a la forma y el contenido del aprendizaje. Se trata de un tema extraordinariamente extenso y complejo cuyo "último" y enorme capítulo es el vínculo entre el conocimiento y el desarrollo. Ninguna de estas dos palabras aparecen en el programa del Morena. Desarrollo se le usa para cuestiones parciales, pero no se trata del extenso y profundo contenido de este concepto. El concepto de conocimiento tampoco está, ni hay alusión al inmenso impacto que ha tenido sobre el desarrollo de países como Irlanda, Finlandia, Sudcorea, India, y otros de desarrollo reciente, que es preciso tenerlos en cuenta en el contexto anterior a la gran crisis financiera, que se trocó en económica. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, no son mencionados por el programa del Morena. Probablemente los dos temas referidos en este párrafo son las dos ausencias mayores del programa.

Dejo sin mencionar la falta de claridad de algunas de las propuestas. Pero entiendo que se trata de un documento en desarrollo y que ninguno de los temas apenas aludidos en este espacio chocan con los propósitos de refundación de los que habla López Obrador. Coincido plenamente con el diagnóstico de partida: "todos los mexicanos sabemos que nuestro país padece de una grave crisis en todos los órdenes de la vida pública. Hay desempleo, migración, carestía, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, pérdida de valores, temor, tristeza y desencanto."

El del Morena es un programa que apunta, completándolo y desarrollándolo, a combatir el mar de azotes, estragos e infortunios que aplastan a la gran mayoría de los mexicanos.

lunes, 28 de marzo de 2011

El S.M.E., en el laberinto.


La lucha que sostienen los electricistas desde hace más de 17 meses en los frentes jurídicos, legislativo y político nuevamente se ha estancado. No cabe duda de que el gobierno de Felipe Calderón le apuesta al desgaste y la desesperación de los 16 mil 599 ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF) que esperaban una respuesta expedita de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)


El sábado la presidenta de la Junta Especial número 5 de la JFCA decidió unilateralmente suspender la audiencia hasta el próximo 9 de abril, para continuar el periodo de entrega de pruebas. Burda maniobra dilatoria.


Los plantones en el Zócalo y el iniciado ayer a las puertas de las instalaciones de esa Junta no fueron suficientes para que la burocracia de la Secretaría del Trabajo abandonara la calculada intransigencia con que por órdenes de Felipe Calderón trata a ese combativo gremio.


Las demandas de pago de salarios caídos y recontratación por un patrón substituto que podría ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o una nueva empresa creada para proveer de electricidad a la capital del país y zona conurbada, siguen pendientes.


El Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) después de haber acudido a la secretaría de Gobernación sin recibir una sola propuesta de solución, ahora espera que una comisión de legisladores creada para impulsar su propuesta tenga éxito.


Nada más iluso que esperar que lo que hasta ahora no se ha resuelto con la movilización, se solucione en los turbios tribunales laborales donde jueces tanto o más venales que Héctor Palomares (a) El Pipiolo, vuelto famoso por aparecer en el documental Presunto Culpable, les den la razón.


Igual por lo que respecta a que legisladores acostumbrados a negociar con los intereses populares cumplan con su obligación de defender una causa justa pugnando por la creación de la empresa que sustituya a la desaparecida CLF. La historia del país es la historia de las traiciones al pueblo por parte de quienes se dicen sus representantes.


Cuando el secretario general del SME Martín Esparza amenaza con acudir a la Cámara de Diputados “para que vea la forma en que dilata los asuntos esta Junta, la cual obedece al gobierno y a los patrones” (La Jornada, 26.03.2011) parece olvidar que diputados y senadores sólo sirven al ejecutivo y al gran capital. Y que el PRI y el PAN apoyaron la imposición del modelo neoliberal en el país.


¿Puede alguien confiar en el PRI, hoy empeñado en que se aprueben por la vía del fast track una reforma a la Ley Federal del Trabajo que destruiría las principales conquistas de la clase obrera mexicana y una reforma fiscal que gravaría alimentos y medicinas? ¿Deben los trabajadores esperar que politicastros que han apoyado abyectamente la liquidación de LFC y la narcoguerra que ya ha costado más de 35 mil muertes los ayuden a vencer a quien llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado técnico y se sostiene en el poder sólo por el apoyo que le brinda el gobierno de Estados Unidos y el ejército?


La lucha de los electricistas es heroica y justa. Se sostiene por la voluntad de casi 17 mil trabajadores que han aprendido en la escuela de la lucha de clases que el gobierno y el Estado de la burguesía son sus enemigos.


Su triunfo no se mira cercano. Pero el tiempo corre en contra del gobierno panista. El país está a punto de estallar porque la miseria, el desempleo y la injusticia están colmando la paciencia del pueblo.


Los reafirma en su convicción de mantenerse en pie de lucha, la suerte que han corrido los 27 mil que renunciaron a defender sus derechos y aceptaron liquidarse, por creer en las promesas de que serían recontratados. Según su vocero, el esquirol Alejandro Muñoz, sólo a 200 se les ha colocado en alguna empresa.


Las condiciones económicas y sociales del país lo están convirtiendo en un polvorín. Y en todos lados comienzan a surgir muestras de inconformidad. En el estado de Chiapas, gobernado por el PRD y asolado por grupos paramilitares, miles de maestros de la sección 7 del SNTE realizaron bloqueos en carreteras para manifestar su rechazo a la reformas laboral, hacendaria, educativa y de seguridad pública. Y también demandaron la renuncia de Felipe Calderón.