Los democratas que EE.UU. quieren

Estos son los sujetos serviles que desean los EE.UU., aqui esta el caso de Felipe Calderon, Alvaro Uribe y un prolongado etcetera, donde el nacionalismo y las ideologias queden tan solo como un antecedente, sujetos grises, opacos e impopulares, lo unico que se empeñan es ser unos vulgares tecnocratas y unos amables sujetos a los intereses de los monopolios quizas, por algo son egresados de Harvard y nada mas, pero tambien, unos expertos en enriquecerse de la nocha a la mañana siguiente aunque, la poblacion este en pobreza extrema, sujetos que saben perfectamente como operan los carteles de las drogas y que con el poder, darles algo asi como una exclusividad para que lleguen al consumidor estadounidense sin el minimo problema.
Estos paladines de las modernas democracias globalizadas.



Eucario Nyckz Valverde.

Churchilito.

El intento de diálogo que se prepara entre el Ejecutivo federal y el movimiento en ciernes, despertado a raíz de los trágicos acontecimientos del asesinato de seis jóvenes morelenses, tiene que ser repensado. Las pruebas de la cerrazón que emana desde Los Pinos así lo obligan. En esas enrarecidas cúspides del poder se piensa que se tiene "la ley, la razón y la fuerza". Por tanto, ¿dónde, en esa tesitura, puede caber el diálogo propuesto? Ahí no hay resquicio alguno. Sólo un soberbio acto de monólogos, repetidos hasta el cansancio, se podría dar. El camino, se ha dicho hasta la saciedad, está trazado y no habrá marcha atrás, paso lateral o rectificación de estrategia que pueda responder a las angustias de buena parte de la sociedad.

Los anteriores encuentros fueron un espléndido espectáculo para el despliegue de vanidades, cifras sin reposo ni consistencia y simulaciones por doquier. De poco valieron los alaridos de padres dolidos y madres recias que no sólo reclamaron atención, sino lograron imponer la justicia que se les negaba. Ninguno de los funcionarios presentes en esas solemnes reuniones cumplió con su cometido u honró sus promesas. Ninguno de ellos, tampoco, renunció a causa de su incumplimiento. Ahí andan todos orondos o han sido remitidos al extranjero para gozar de exilios dorados mientras la lumbre se apaga sola.

Los pactos que se signaron quedaron en el papel. Los programas iniciados a todo vapor se fueron difuminando para terminar en lirones de cifras dispersas o de poca monta. El Todos somos Juárez es ejemplo señero del manipuleo del oficialismo y las riñas posteriores entre peticionarios ciudadanos. Las maniobras de alto nivel para mediatizar a los protestantes, a los agraviados, a los desesperados, fueron sutiles, abiertas o forzadas, pero en mucho han logrado su objetivo final: neutralizar el paso de la manifestación airada, callejera, a la formación de agrupamientos organizados que penetren hasta abajo y puedan conducir a la sociedad.

El ¡Estamos hasta la madre! que lanzó al aire Javier Sicilia, y que galvanizó el sentimiento colectivo actual de furia, fatiga y dolor de buena parte de los mexicanos, requiere de un delicado tratamiento y visión de amplio espectro al futuro. No debe exponerse a una aventura mediática, aunque sea lucidor para algunos aparecer en Palacio. Reunión que será, sin duda, montada por expertos maniobreros. Tampoco debe prestarse a un intercambio de reclamos y promesas o de enconos personalizados frente a retóricas vacías. Hay urgencia de trabajar arduamente para ir uniendo lo disperso, para recoger iniciativas y solidificar posturas que inciten a la acción. Tiene este movimiento el respaldo explícito de buena parte de la crítica inteligente que se expresa en medios, al menos los escritos. Tendrá, en lo venidero, las oposiciones frontales, las acusaciones sesgadas y las traiciones de aquellos que se sentirán atacados, de los que defenderán privilegios o intereses surgidos a partir del conflicto, del cruento militarismo por la guerra desatada.

La ruta correcta ya se ha visualizado con claridad por algunas mentes con experiencia en estos menesteres. Ir a Juárez, sí. Ir a Juárez a integrarse, a sumarse y ensanchar los cauces de actuación. Hay que asumir que firmar un pacto es un paso y sólo eso. Después, faltará la larga, tediosa marcha por la República sembrando células y para conocer, de viva voz, las dolencias particulares, las minucias, los detalles de la angustia y recoger esos sentimientos de abandono e impotencia que atiborran la vida de muchos.

El primer paso público, organizativo, perfeccionador, no debe darse frente a un hombre, y su gobierno, en etapa terminal. Muy poco, poquísimo puede hacer un individuo que se siente Churchill en sus tiempos de guerra. El señor Calderón habita ya un laberinto de sospechas trasmutadas en fatigas, de rechazos que asolean sus incomprensiones hacia los demás. Pretende, como otras tantas veces lo ha hecho, dar brincos hacia el vacío y escapar de la presión. Hay que recordar sus fallidos decálogos anunciados con grandes vozarrones en Palacio. Nada quedó de sus promesas de ir por reformas de fondo, ni siquiera las famosas estructurales le salieron bien a pesar de coincidir con los deseos de la plutocracia. Ahora, al cuarto para la hora, vuelve a su ritornelo y ofrece vender Pemex. Pura palabrería de un grupo de ambiciosos que pretenden seguir haciendo negocios, no más de eso.

El movimiento, cuando nazca y tenga los arrestos requeridos para la conducción social, tiene que fijar la vista en 2012. Tiene la obligación de inquirir a todos y cada uno de los que pretenden ganar la voluntad ciudadana sobre sus planes de cambio. No todos quieren y podrán enfrentar la adversidad actual. No todos tienen el ánimo transformador ni las capacidades efectivas o los aliados adecuados para asegurar la paz con dignidad y oportunidades para todos. Algunos de ellos, Peña Nieto en lo particular, ya fue a Estados Unidos a prometer, desde ahora y para concitar apoyo, continuar con la estrategia guerrera americana para combatir al narco. ¿Será él ese candidato esperado, el requerido para saldar cuentas, para curar heridas, para responder al movimiento? Hay que saber que el sistema de privilegios exige, para existir y prolongarse, de un entramado de corrupción que permea todos los resquicios de la convivencia. Y la corrupción es la indisoluble pareja de la impunidad, el cemento de las complicidades que atan al poder. No cualquier candidato puede dar garantías de reformar esta tupida red malograda que impide el avance nacional. A eso bien podría abocarse el movimiento en ciernes.

I.N.M.: depuracion e interrogantes.

Luego de que salieron a la luz pública las denuncias interpuestas en contra de agentes por su presunta complicidad en el secuestro de migrantes nacionales y extranjeros –quienes posteriormente fueron entregados a bandas del crimen organizado–, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció ayer, en un comunicado, la destitución de sus delegados regionales en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo. De acuerdo con el boletín citado, la medida forma parte de un proceso de "depuración" del organismo y se complementará con el reforzamiento de los controles de confianza aplicados al personal del instituto. Cabe recordar que un día antes el comisionado del INM, Salvador Beltrán, había informado que mil 200 de los 5 mil 400 funcionarios de esa institución han sido sometidos a nuevos exámenes de confianza; que 200 agentes migratorios fueron separados de sus cargos y que unos 40 de éstos serán procesados por la vía penal.

Estas remociones deben ser cotejadas con los secuestros masivos de migrantes, un fenómeno tan extendido que tan sólo entre abril y septiembre de 2010 han sido documentados cerca de 178 episodios por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales, según ese organismo, han derivado en la privación ilegal de la libertad de 11 mil 333 personas. Por añadidura, han de considerarse las palabras del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el sentido de que este cálculo podría ser conservador, habida cuenta de que "la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de secuestro".

Aun sin proyectar las cifras mencionadas a los cuatro años transcurridos de la administración calderonista –con lo cual el número de secuestrados ascendería a más de 90 mil– resulta por demás improbable que la cifra referida por la CNDH haya podido ocurrir sin el conocimiento y la participación de un universo mucho mayor de funcionarios públicos que los ahora procesados: antes bien, resulta inevitable sospechar que los agentes denunciados recientemente son sólo la punta del iceberg de una descomposición institucional mucho más amplia y la expresión de un patrón de complicidad entre bandas delictivas y funcionarios del organismo.

Por lo demás, es obligado preguntarse, ante el reconocimiento oficial de la necesidad de una "depuración" en el INM, si medidas semejantes no tendrían que ser adoptadas en corporaciones policiales también señaladas por su participación en la cadena de atropellos y vejaciones en contra de migrantes.

En este contexto es relevante lo expresado en reiteradas ocasiones por el sacerdote Alejandro Solalinde y por las propias víctimas en el sentido de que varios agentes de la Policía Federal y de fuerzas estatales y municipales han estado involucrados en el secuestro de ciudadanos extranjeros e incluso de nacionales.

En suma, si es verdad que el gobierno comienza a demostrar –así sea en forma tardía– voluntad política para moralizar las corporaciones gubernamentales involucradas en el maltrato a migrantes, es necesario que las pesquisas y sanciones contra malos funcionarios del INM lleguen a sus últimas consecuencias y a todos los niveles, y que se amplíen a otras dependencias gubernamentales. De lo contrario, la sociedad no tendrá razones para ver en las destituciones ayer anunciadas algo más que una medida de control de daños del gobierno federal o, peor aún, un nuevo ardid publicitario de la actual administración.

Mexico-China: Los resultados.

Mientras la adormilada economía mexicana acumula tres décadas con un registro apenas cercano a 2 por ciento anual, la de China dio el gran brinco, y en ese mismo periodo pasó de ser una nación severamente atrasada a la segunda potencia mundial, y la mayor exportadora de bienes en el mundo, con un dinamismo exportador acompañado de un rápido cambio en la estructura productiva hacia actividades de mayor sofisticación tecnológica y de un fuerte aumento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación.

Aquí se presumen migajas (el 2 por ciento del "vamos por el rumbo correcto"); allá no sólo celebran el éxito, sino que meten el acelerador, con tasas de crecimiento promedio anual superiores a 10 por ciento, con ganas de que en un lapso no muy amplio la economía china desbanque a la estadunidense en la primera posición internacional. De acuerdo con la Cepal, el crecimiento económico de esa nación asiática ha provocado, a pesar de una mayor desigualdad del ingreso, una considerable reducción de la pobreza y un aumento del bienestar de la población. "Si bien en una primera fase fueron los indicadores de nutrición, esperanza de vida y pobreza absoluta los que reflejaron esta mejora, en la última década se ha visto cómo un porcentaje cada vez mayor de la población accedía a nuevos bienes de consumo y servicios".

La economía china ha seguido un camino marcado unas décadas antes por otras economías asiáticas que también tuvieron fuertes tasas de crecimiento económico, expansión de las exportaciones, reducción de la pobreza y avances tecnológicos. Existen paralelismos con los llamados tigres asiáticos, que comenzaron su fuerte desarrollo a partir de los años sesenta y que han alcanzado o superado el nivel de vida de los países industrializados, e incluso con otras naciones que comenzaron un rápido crecimiento más tarde (como Malasia o Tailandia), y a los que China está alcanzando ya en algunos indicadores de desarrollo.

En los años 60, la economía china crecía a un ritmo notoriamente inferior (cerca de 4 por ciento anual) con respecto a la mexicana (6.7 por ciento). En los años 70 México mantuvo el citado promedio, pero la nación asiática ya registraba avances similares. Para los 80, el crecimiento de nuestro país se desplomó (2.3 por ciento anual), pero en China el registro superaba el 8 por ciento anual. A partir de los 90, el diferencial entre uno y otro país de cinco tantos, favorable, obviamente, a los chinos.

Mientras en México el gobierno (Miguel de la Madrid en adelante) desmanteló la infraestructura productiva del Estado y "olvidó" el mercado interno, en China la participación de las empresas públicas marcó la diferencia (positiva, desde luego), y su enorme mercado interno "ha facilitado la atracción de inversiones extranjeras directas y ha permitido a ciertas empresas nacionales alcanzar un gran tamaño antes de comenzar su expansión internacional, especialmente en industrias protegidas de la competencia internacional, como la banca, los hidrocarburos o las telecomunicaciones".

La Cepal subraya que, "en definitiva, en la estrategia de China se ha combinado el desarrollo de su gran mercado interno con una agresiva y exitosa estrategia exportadora. Su estrategia de promoción de las exportaciones estuvo en un inicio claramente ligada a la atracción de inversión extranjera directa. Para ello se crearon en 1980 las zonas económicas especiales como laboratorios de las reformas económicas que comenzaban en el país. Su primer objetivo fue aumentar las exportaciones, pero también vincular al país con los mercados manufactureros mundiales y facilitar la modernización del aparato productivo, principalmente mediante la operación de empresas trasnacionales allí establecidas".

Durante los primeros años posteriores a estas reformas los flujos de inversión extranjera directa fueron relativamente modestos, pero a partir de 1990 aumentaron de manera notable. Desde 1993 China ha sido el principal receptor entre los países en desarrollo, pero la importancia de las empresas trasnacionales en su economía ha ido disminuyendo paulatinamente (lo contrario de México) a medida que la economía se desarrollaba y las empresas chinas crecían y adquirían nuevas capacidades. Así, aunque la IED fue una parte muy significativa de la inversión total en la formación bruta de capital fijo a mediados de la década de los 90, ha ido perdiendo importancia hasta llegar a sólo 4 por ciento en 2009, frente a 10 por ciento en promedio de los países en desarrollo.

China ha restringido la IED en muchas actividades consideradas estratégicas (lo contrario que en México), mientras en manufacturas ha forzado al capital extranjero a formar empresas conjuntas con sociedades locales y a transferir tecnología (aquí existe subsidio fiscal en tecnología para los consorcios, con único beneficio para ellos). La política de atracción de inversión foránea en China "ha sido muy intervencionista, como una parte integral de su estrategia de desarrollo de largo plazo, lo que contrasta claramente con lo sucedido en otras partes del mundo, en especial en América Latina y el Caribe donde, en el contexto de las reformas de los años ochenta y noventa, aún se espera que las decisiones estratégicas sean sólo el resultado de las fuerzas del mercado".

La "insistencia" de las autoridades chinas en forzar a las trasnacionales a invertir en alianzas estratégicas con empresas locales ha generado un canal importante de transferencia tecnológica y ha favorecido el desarrollo de capacidades locales en muchas industrias. Este es el caso de la industria automotriz, donde se comenzó con alianzas estratégicas entre empresas de autopartes chinas y trasnacionales en las décadas de los 70 y 80, se siguió con la producción masiva de autos para el mercado interno, y actualmente China cuenta con docenas de empresas con marcas propias y capacidad de fabricar autos cada vez más sofisticados.

En fin, el resultado es más que obvio: México de 6.7 por ciento en los 70 a un promedio anual de 1.7 por ciento en la primera década del siglo XXI; China de 4 a más de 10 por ciento.

Aguas:

"Resistencia civil si no frenan la violencia", es la propuesta del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Bien. Apoyémosla, pero extendamos el concepto de violencia al plano económico, político y social… Por su novena velita, un beso de su tamaño para mi adorado Chícharo.

El frenesî.

La contrarreforma oficial en materia "de seguridad nacional" de Felipe Calderón, tendiente a "legitimar" el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.

1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.

2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de "ley de seguridad". Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.

4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender "dividir a los mexicanos", como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas

5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.

6. El escollo principal para frenar la militarización del país y la puesta en vigor de algunos de los principios aberrantes de la ley lo constituyen por lo mismo los compromisos de los panistas en este sexenio, primero con Bush hijo y luego con Obama. Estados Unidos ha hecho el objetivo fundamental de sus políticas al sur de la frontera el de hacer de México un Estado policiaco-militar, ya que el incremento de la violencia y la intensificación de la guerra contra el narco "justificarían", según ellos, su intervención militar abierta; de ahí que tienen a Calderón sometido en esa dirección, alentándolo a seguir destruyendo en desbocado frenesí las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.

7. La firma de Felipe Calderón el pasado 29 de abril de un "acuerdo" con los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile y Perú para enfrentar a la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –con la que los gobiernos más dignos del continente están buscando romper el dominio del capitalismo neoliberal– constituye una vergüenza para México, pero es una señal de la sumisión absoluta de Calderón a Washington y de su traición a las causas de Latinoamérica.

8. Washington definió desde los años 80 este proyecto de intervención creciente en México, pero no había sido hasta ahora, con el gobierno sumiso de Calderón, que le ha brindado con particular entreguismo todas las facilidades para ello, que se instauró de manera clara el proceso intervencionista en México, que urge detener.

9. Una legislación moderna en "seguridad nacional" –que no es la que quiere Calderón, empeñado en "colombianizar" a México– tiene que sustentarse en el respeto a una serie de principios constitucionales fundamentales que son hoy de observancia universal: a) el anteponer a cualquier política los derechos de los individuos conforme al artículo primero constitucional; b) el reconocer que estos derechos no puede suspenderlos más que el Congreso mediante una ley, como lo dispone el artículo 29; c) el reconocer que las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) no pueden en ningún caso, ni siquiera como excepción, ejercer funciones policiales o de Ministerio Público, tal y como lo establecen los artículos 21 y 129; d) el respetar el principio de que las fuerzas armadas y policiales mexicanas no pueden en ningún caso subordinarse a agencias extranjeras, como Calderón las ha obligado a hacerlo, ni mucho menos integrar misiones de intervención en otros países, ni siquiera de la ONU, que está hoy subordinada a Washington; y, desde luego, e) el reconocer que la investigación y persecución de los delitos debe correr a cargo de las policías judiciales o ministeriales, federal y locales, y con respeto irrestricto al sistema federal y a las autonomías municipales.

10. La seguridad nacional del país puede garantizarse con las instituciones actuales y el marco legal vigente. Por eso el reclamo que está uniendo a los mexicanos va dirigido a todos, pero sobre todo a quien ha generado y está alentando con sus políticas esa escalada de la violencia con fines sectarios y de grupo: el gobierno entreguista de Felipe Calderón, al que el pueblo no se cansará una y otra vez de decirle: "¡Ya basta!".

De nuevo los Mineros, un gremio totalmente explotado.

De nueva cuenta la negligencia, la corrupción y los abusos de empresarios protegidos por los Gobierno Federal y Estatal han ocasionado una tragedia laboral.

En la mañana del 3 de Mayo explotó un "pocito" habilitado como mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, que ha cobrado hasta el momento-de manera oficial- la vida de tres trabajadores, aun faltan 11 mineros por ser rescatados o bien sus cuerpos entregados a sus familias, además de que un menor de 15 años ha quedado con el cuerpo mutilado por la exploción.

Esta tragedia trae a la mente otro desastre minero, el de Pasta de Conchos, también en el estado de Coahuila. Pone de nueva cuenta, el "dedo en la herida" sobre las condicione infrahumanas en las que se trabaja en las minas de carbón en México, es decir, no existen las condiciones mínimas de seguridad para prevenir accidentes fatales y mucho menos se cuenta con seguridad social, por lo que ante desastres como los de Sabinas o Pasta de Conchos los mineros y sus familias se encuentran totalmente desprotegidos, además de que se incurré en delitos graves al tener a menores trabajando en las minas.

Ante este tipo de accidentes, las autoridades correspondientes solamente alcanzan a culparse unos a otros, o bien a lamentar los hechos a través de sus cuentas de "Twitter" como es el caso del Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien es uno de los principales responsables de las muertes de mineros debido a su negligencia, sin embargo, nada ha hecho por informar de manera certera a las familias de los mineros atrapados.

Es responsabilidad del Secretario del Trabajo supervisar continuamente las condiciones laborales en la insdustria minera y sancionar a las empresas que incurran en faltas, por mínimas que sean, con el fin de evitar tragedias como las de Pastas de Conchos y Sabinas.

Lo que se vive en las minas de carbón en México es una verdadera situación esclavitud, donde no se respeta en lo mínimo la dignidad humana de los trabajadores, por el contrario, estos son vistos como bestias de carga tanto por empresarios como por los políticos de los tres níveles de gobierno.

Sobre seguridad nacional.

La esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional que la semana pasada entró en la congeladora legislativa es la pretendida reglamentación y/o "normalización" del régimen de excepción y el estado de inseguridad radical instaurado el 1º de diciembre de 2006. Desde entonces, la "democracia" en pie de guerra de Felipe Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de la vida nacional. El riesgo latente, ahora, es que del Estado autoritario conservador construido durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar "legalizado", subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo en abril de 2009 encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad, con la consiguiente politización de las fuerzas armadas con base en el secreto y el mantenimiento del fuero de guerra. A partir de una rocambolesca "teoría de los grises" sobre guerra y paz, dicha iniciativa, profundizada ahora por aliados priístas, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y la Marina las funciones de Ministerio Público, con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano.

A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las fuerzas armadas un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos, sin contrapesos ni controles institucionales (del Congreso, el Ifai, la CNDH, etcétera), lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Con eje en un pretendido "proyecto nacional" encarnado por el Ejecutivo, que lleva a una virtual personificación del Estado en el mandatario de turno, a quien se adjudicaría la preservación de la condición de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (ya no de la nación), se abre las puertas a un régimen dictatorial.

Otra vertiente de la militarización y centralización represiva en el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las fuerzas armadas de la atribución de solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de "obstáculos" a la seguridad nacional que consigna el artículo quinto. En la lista de causas o factores que afectan la seguridad nacional se encuentran delitos ya tipificados en el Código Penal Federal (traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración) y se les agregan otros que exceden el listado y que podrán ser interpretados de forma abusiva dada su formulación ambigua o equívoca.

De aprobarse ese remedo de la Ley Patriótica estadunidense se profundizaría la criminalización de la protesta. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del consejo, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social podrían constituir un "desafío" o una "amenaza" a la seguridad nacional. Eso abriría la puerta a un mayor autoritarismo, con la consiguiente afectación de las libertades públicas, civiles y los derechos humanos.

La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense es una doctrina militar. Contiene una rigidez completamente militar: es una ciencia de la guerra. Fue concebida en el marco de la "guerra de espectro total" contra el comunismo y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran los "objetivos nacionales". Ergo, el interés nacional o proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se comporte de manera diferente de las fuerzas armadas. También desaparecen las fronteras entre la guerra y la diplomacia, entre política exterior y política interior, entre la violencia reservada a las fuerzas armadas y la acción no violenta del Estado. Borra la distinción entre violencia preventiva y violencia represiva. La seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Si la Constitución molesta, se cambia.

Cabe recordar que en la guerra sólo cuentan los golpes dados al enemigo (devenido en "enemigo interno"). Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o sicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. La doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos. Y dado que es un Estado en tiempo de guerra (o de "paz relativa", diría Alfonso Navarrete Prida), significa que no es sólo una "democracia" que hace la guerra, sino una "democracia" concebida en función de la guerra, sea ésta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares.

Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón. Sólo que el culto por la (in)seguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase. Es la envoltura ideológica para ocultar un sistema de dominación y explotación vía las fuerzas armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Felipe Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno dadas… haiga sido como haiga sido.