Un tiro con mucha precision.

Él ha sido hombre de oscuridades. Así que a la medianoche alguien le quitó su libertad. Esa de que ha gozado los 69 años de su vida este sembrador de vientos y cosechador de tempestades, al que muchos han querido ver preso o, peor aún, muerto.
Del viernes para acá asombran igual quienes le desean que se pudra en los infiernos que quienes lo alaban por la doble hazaña de ser un viejo güevudo y un cabrón bien hecho. En el recuento de los primeros, le atizan por una larga cola de eventos: en el 88 cuando promovió la quema de los paquetes electorales que pudieron documentar el fraude de Salinas sobre Cuauhtémoc; luego cuando en pago a su solidaridad recibió 60 mil metros de terreno en Punta Diamante; en el 94 al rajarse como candidato a la Presidencia luego de ganarles el debate a Zedillo y a Cárdenas; ya en el zedillismo su apoyo al Fobaproa para asumir como deuda pública el quebranto por un millón de millones de pesos de los bancos; más tarde cuando el senador-litigante le quitó al gobierno foxista de su partido primero 1600 millones por devolución de IVA a Jugos Del Valle y luego 1200 de indemnización abusiva por unos terrenos a particulares. Maniobras que le dejaron al menos mil millones de pesos en honorarios para él y sus socios de despacho. Fue entonces que alcanzó el mote de El Jefe, porque no había pleito que no pudiera ganar.


En sentido contrario, se pronuncian también quienes han tomado nota puntual de sus proezas: el haber negociado, desde el Senado, la aprobación de una ley indígena que provocó el rompimiento del diálogo con el EZLN; al final de su periodo como factor clave para la promulgación de la llamada ley Televisa, que luego fue echada abajo por la Corte; pero sin duda alguna las gestas más celebradas por sus aplaudidores —que los hay— son la maquinación de los videoescándalos y el asesoramiento a los propietarios de El Encino, que intentaron frenar y luego desaforar a AMLO en la carrera por la Presidencia en el 2006.


Que no se engañen, ni nos engañen: trátese de secuestro interesado, levantón del crimen organizado, conflicto pasional o mensaje político de un grupo extremo; en cualquier caso, las pesquisas deben incluir a los señores Gómez Mont, Lozano Gracia y Hamdam, que junto con El Jefe Diego han amasado grandes fortunas en la doble y jugosa vía del litigio y la política. Nadie mejor que ellos saben sobre los enemigos de quien por cierto —y ante la flaca caballada blanquiazul— querían volver a hacer candidato a la Presidencia.


Por lo pronto, el tiro realizado desde la oscuridad ha sido de una precisión absoluta.

Ricardo Rocha.

*Articulista del diario "El Universal"

La revelacion.

El estado de la reflexión pública sobre la gravedad de la situación mexicana llega a la consternación. Las señales de alarma van en ascenso dentro y fuera del país mientras el gobierno sube el tono de su inconsciencia y lanza frases pueriles que ocultan el fracaso palmario con un supuesto heroísmo. Anuncia el fin del incendio cuando ardemos por todos lados.


Para mi sorpresa, el título asignado a la conferencia que impartí esta semana en el congreso mexiquense aludía a la proximidad de una “crisis constitucional”. Frente a la quiebra del estado de derecho, la urgencia de implantar un “verdadero sistema democrático”. Escuché matices varios de la desesperanza y ecos de una angustia sin horizontes. A diferencia de los periodos prerrevolucionarios, priva un fatalismo que no osa decir su nombre.


Cuando hace tiempo adelanté que México estaba naufragando en el pantano de un “Estado fallido” fui degradado por los voceros del régimen al rango de traidor a la patria en busca de una intervención extranjera. Cuando sugerí la revocación del mandato presidencial para dar paso a un gobierno de salvación nacional, fui acosado por la injuria y la amenaza. Ahora pocos dudan de la razón que me asiste.


La referencia de Calderón en Alemania a los “cinco jinetes de la Apocalipsis” que hemos derrotado refleja una distorsión esquizoide ni siquiera explicable por su afán compulsivo de atraer inversiones. Es una réplica pueblerina del discurso fundamentalista de la derecha norteamericana. La “guerra” declarada a un enemigo inasible que encubre las tumbas de 23 mil víctimas de una violencia evitable. La prédica religiosa que suplanta la responsabilidad del Estado.


El Apocalipsis es el último libro canónico del Nuevo Testamento. Significa “revelación” y contiene las profecías del apóstol San Juan sobre el fin del mundo. Sus causas: la guerra, el hambre, la peste y la muerte, que arrasan con la furia alegórica de los jinetes. Aunque el caballo blanco signifique también la redención por Cristo, figura a la que tal vez se acoge el Ejecutivo para anunciar el fin de nuestros sufrimientos.


Las declaraciones de su secretario de Gobernación explicitan la fantasía: hacia junio el “ciclo de la violencia” disminuirá y a fines de año “las cifras” del crimen organizado estarán a la baja. En la hipótesis de que exista una distinción entre la violencia y las cifras que dan cuenta de ella, ninguna de las dos aseveraciones tiene soporte empírico. Gesto de médico chambón que anuncia a los familiares la pronta recuperación del enfermo cuando todos los síntomas apuntan al desahucio.


La respuesta no esperó: dos funcionarios de la DEA y el FBI declararon ante el Congreso de Estados Unidos que la violencia en México es “horripilante” y “podría empeorar antes que mejorar”. Reiteraron que “es imperativo sostener el ímpetu y apoyar los esfuerzos del presidente Calderón contra el crimen organizado”. “Quisiéramos —a través de interpósito gobierno— tumbar a los jefes de los cárteles durante los próximos dos años”.


Citaron la extradición de más de 280 presuntos delincuentes a ese país durante la presente administración y la necesidad de asegurar que la “violencia desenfrenada en México no se expanda sobre nuestra frontera”. Aseguraron que el momento es “importantísimo”, puesto que “estamos llegando al final del gobierno de Calderón y no sabemos quién estará en el próximo”. Es decir, su duda de que esta política no sea transexenal y nuestra sospecha fundada de que intenten prolongarla por medios persuasivos.


Sugirieron que pueden ascender a 39 mil millones de dólares anuales los fondos que se trasladan a México por cuenta del narcotráfico pero evitaron decir que esa enorme cantidad de recursos convertida en arsenales vuelve virtualmente imposible la derrota armada de los criminales. Profetizaron la guerra perpetua en nuestro país y el establecimiento de un prolongado interinato regido desde el exterior.



Diputado Federal del P.T.

*Porfirio Munoz Ledo.
Columnista del diario "El Universal".

La marihuana en EE.UU.

Es bastante irracional la prohibición de la mariguana si se considera que, en cifras oficiales de Estados Unidos, medio millón muere ahí anualmente a causa del tabaco, 85 mil por alcoholismo y 17 mil debido al conjunto de drogas ilegales. Pero, por los efectos de la mariguana, la droga ilegal más consumida, y principal exportación ilegal mexicana a ese país, mueren exactamente… cero personas. Probablemente por eso va cobrando fuerza el movimiento a favor de su legalización en la Unión Americana. Sin duda alguna, la opinión pública respecto de las drogas está cambiando sensiblemente. Hace años hubiera sido impensable que aspirantes a la presidencia considerasen siquiera la despenalización de la mariguana. Antes, cuando incluso algún funcionario medio o embajador latinoamericano sugiriera explorar esa vía, la presión del gobierno estadunidense para su cese era incontenible. Menos aún imaginar que los políticos en activo, de ese país, declararan públicamente a favor de esa posibilidad (aunque lo creyeran en lo privado). Era arriesgarse a perder el favor de sus correligionarios, de su respectivo electorado y de la opinión pública en general.

Hoy vemos cómo un representante por Texas, que fue dos veces precandidato a la presidencia, escribe abiertamente contra la política de prohibición. Se trata de Ron Paul, quien además es médico ginecólogo. En un artículo titulado Terminemos la insalubridad de la guerra contra las drogas (20/IV/10), Paul empieza señalando: “Aunque muchos quisiéramos ver la quiebra de las drogas, debemos preguntarnos: ¿no hemos buscado justo eso por varias décadas, sólo para ver cómo florece el mercado negro y cómo escala la violencia?... La prohibición legal de las drogas es el factor número uno que mantiene altas utilidades para los narcomenudistas y los cárteles y garantiza que el crimen organizado domine el mercado”. Continúa: “Cada vez que la ley da un golpe a algún cártel de las drogas, las utilidades crecen para los demás oferentes. Este tipo de fuerzas económicas son indomables por la aplicación de la ley”. En efecto, la ley de la oferta y la demanda supera a la ley civil y penal cuando las utilidades son tan fabulosas como las que arroja el mercado negro de las drogas. Es como querer aplacar las olas del océano con una tabla de madera.

La política de prohibición significa, pues, un gran negocio para los cárteles de la droga, dice Ron Paul, “pero, para el resto de nosotros, en cambio, es un desastre”, dado que se prioriza el combate a las drogas sobre otros delitos que afectan directamente a la ciudadanía, como el secuestro y las violaciones (cuyos reos son soltados en Estados Unidos anticipadamente, para hacer lugar a convictos por consumo o comercio de drogas). “La guerra a las drogas —continúa Paul— distorsiona las prioridades de la ley, en detrimento de los ciudadanos… La legalización del alcohol no le hizo ningún favor al crimen organizado. De igual manera, si hoy queremos mover el piso a los cárteles de la droga… realineemos las prioridades de la aplicación de la ley… y terminemos con la irracionalidad de nuestra guerra contra las drogas”. Ante todo lo cual, termina con una recomendación: “Despenalizar la mariguana a nivel federal sería un buen comienzo”. Declaraciones semejantes, en un legislador estadunidense, hace apenas unos años, eran impensables.

Algo está cambiando rápidamente en favor de estrategias y opciones más racionales y eficaces para enfrentar las drogas, y México se está quedando —como en muchos otros temas— rezagado.

México le reclama a Estados Unidos esta política de despenalización, que en nada ayuda a nuestra estrategia. Es absurdo perseguir y encarcelar a nuestros cultivadores pobres, mientras que los de allá prosperan a la luz del día. Será absurdo que, allá, el Estado recabe impuestos por la mariguana, mientras el nuestro invierta cada vez más dinero en combatirla inútilmente. Lo racional sería seguir los pasos en pro de la despenalización de, por ejemplo, California. Estados Unidos no tendría por qué reclamarnos semejante decisión. Sería un acto de equidad. Por cierto, algunos de los principales asesores de Felipe Calderón en su estrategia contra los capos consideran que, en efecto, despenalizar la mariguana, si bien no sería la solución total del problema, mucho ayudaría a reducir los ingresos de los cárteles y, en esa medida, su poder corruptor y de desafío armado al Estado.


Articulo de Jose Antonio Crespo.
Horizonte politico.
Diario "El Excelsior".

Tension en Canaea.

Apesar del repudio de las organizaciones obreras a la política laboral del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, sigue la cuenta regresiva en Cananea, Sonora, donde la fecha límite para el desalojo de los mineros vence el próximo día 5.

En tanto, hoy empezará, con respaldo de varias organizaciones nacionales y extranjeras, la Convención General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros dirigido, a pesar de todo, por Napoleón Gómez Urrutia.

La cosecha

En protesta por la ley antiinmigrante que promueve Arizona, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, no asistirá a la reunión de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, a realizarse en Phoenix, capital de ese estado de la Unión Americana...

Tras lamentar la falta de respeto del gobierno federal hacia lo que el Congreso determina en el presupuesto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, dijo que hoy se gasta, pero no se invierte, y que hay demasiadas carencias como para seguir permitiendo el uso discrecional, despilfarrador y sin objetivos de los recursos…

Para garantizar el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades de 10 por ciento de las ganancias de las empresas, los diputados priístas Jorge Carlos Ramírez Marín, Armando Neyra Chávez, Tereso Medina Ramírez y Amador Monroy Estrada promueven reformas al artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo…
Es necesario realizar reformas estructurales en materia de trabajo, a fin de que los gobiernos estatales puedan actuar con mayor eficacia, manifestó el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto…

Después de que los líderes de CROC, CTM y CNOP hicieron un reconocimiento al gobierno de Veracruz por sus acciones para fomentar el crecimiento del empleo formal, el mandatario estatal, Fidel Herrera, indicó que los gobiernos deben luchar porque sigan llegando las inversiones…

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, tomó protesta a Dante Delgado como candidato a gobernador de la coalición Únete para ganar Veracruz, con Convergencia...

El gobierno de Oaxaca comunicó oficialmente que, en cumplimiento de disposiciones del IFE, desde ayer se suspendieron todas las campaña de propaganda de sus dependencias, las cuales se reanudarán después del 5 de julio…

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el SUTERM firmaron la revisión del contrato colectivo, con un incremento de 4.9 por ciento al salario y 1.2 por ciento adicional en prestaciones…

Luego de pedir su registro como candidato a gobernador de Quintana Roo de la alianza PRI-PVEM-Panal, Roberto Borge Angulo se declaró listo para emprender el próximo jueves una campaña de altura, con propuestas que garanticen continuidad en el desarrollo.

Articulista;
Miguel Angel Rivera.
Columnista del diario "La Jornada"
"Clase Politica"

Calderon y el crimen organizado.

Ensaya una vez más el Presidente de la República una fórmula directa de relacionarse con los ciudadanos: la entrevista colectiva, directa, sin intermediarios y sin programa. Ad utrúmque paratus, dirían los latinistas trasnochados; o sea hasta donde lleguen las cosas. Conversación con varios al mismo tiempo. Sicodrama a la manera de Edward Albee; terapia de grupo, le llamaría un analista.

Desastre, caos a fin de cuentas, riesgo innecesario, exhibición infructuosa, diría un escéptico. Compromisos sin viabilidad, evasivas sin redención, diría un malqueriente. Ejercicio democrático con todos los riesgos y los beneficios de la libertad.

Usted escoja su definición, pero si ya había probado el Presidente Calderón el acíbar del reclamo cara a cara en la voz de doña Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, ahora enfrenta el rechazo y una demanda similar de acción en lugar de oratoria, esta vez por parte de un joven estudiante del Tec de Monterrey.

En ambos casos la airada petición ha sido la misma: justicia ante los asesinatos de personas ajenas al conflicto derivado (directa o indirectamente) del combate al narcotráfico y sus consecuencias.

Joel Gastélum, en una asamblea abierta, con un formato más de campaña electoral sin aparente provecho como no pueda ser la penitencia, le dijo al Presidente:

“Exigimos que se deje de discursos y se esclarezcan las muertes de civiles provocadas por el crimen organizado en enfrentamientos con las fuerzas militares, como las de nuestros compañeros del Tec (…) y otros civiles, porque tanto su secretario de Gobernación como usted, llevan días diciendo que nos van a entregar un informe y éste no ha aparecido. Queremos saber qué pasó con esas muertes”.

En el airado coro de los reproches también se dijo:

“El paradigma está totalmente equivocado. El enfoque no es policiaco militar; nosotros creemos que debe estar enfocado; usted debió haber empezado con toda esa media hora que habló de plazas y de narcos y de nombres, debió haber empezado con todos los programas hablando de todos los programas sociales que ahora están implementando… queremos preguntar qué tan razonable es esto de reducirlo a un asunto exclusivamente policiaco-militar.

“Ya van 22 mil muertos, ¿cuántos más, cuántos más faltan, cuál va a ser su saldo? (…) es necesaria la reducción de los daños, el combate a daños colaterales”. Y para colmo de la terapia, la reunión con algunos padres de los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo, con todas las consecuencias para quienes sobrevivieron a las heridas graves, y a quienes un año después se les prometen investigaciones con apremiante y definitiva celeridad.

¡Sopas!, le dijo Aquiles a la tortuga.

—¿Le sirven al Presidente estas aparentes demostraciones de estoicismo? Sí, sí lo creo. Son expresiones catárticas en el sentido de la limpieza. Son sacudidas o deberían serlo, o como dicen en ciertas terapias, “sillas calientes”. Reprimendas, actos de contrición pública.

Útiles quizá en lo personal, pero estériles como política de Estado.

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Y el asunto del Ejército vuelve a estar en la primera línea de los análisis, no solo por la auto investigación de la muerte de los niños en Tamaulipas, despreciada por la madre de Bryan y Martín Almanza, sino por el famoso “marco jurídico” con tanta vehemencia solicitado cuya dictamen en el Senado terminó con una mezcla confusa y poco firme.

La cuestión de fondo no se elucida del todo. ¿Violan o no la Constitución los militares en la calle?

La Corte dice no. Entonces la Corte ya les había dado el marco solicitado. ¿No era suficiente? Pues entonces se debería modificar la Constitución para ajustarla a cuanto la Corte opina.

¿No? Entonces resuélvase en sentido contrario.

Las jurisprudencias tienen, de acuerdo con algunos tratadistas, el mismo valor de las palabras escritas en la Constitución, esas cuya sacralidad las hace indelebles, excepto si se hace un complejo proceso de votaciones mayoritarias en todos los congresos estatales con sesudas discusiones en el Congreso de la Unión, convertido en Constituyente Permanente.

—¿De dónde sale el criterio de la Corte en este sentido, y hasta dónde es contundente? Leamos Cien decisiones relevantes de la SCJN, editado por Porrúa.

“Por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que las Fuerzas Armadas —Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, y la Armada de México—, pueden participar, con estricto apego a la Constitución y las leyes, en acciones civiles a favor de la seguridad pública ante situaciones que no requieran la suspensión de garantías”.

—¿Cómo se actúa dentro de la Constitución cuando ésta nos dice casi el exacto contrario? Lo ignoro, pero aquí está esto:

“Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Pero la Corte dijo más en el lejano marzo de 1996.

“El Supremo Tribunal estableció que las acciones que tiendan a la realización de la seguridad pública deben ser respetuosas del Derecho y de las garantías individuales. Las Fuerzas Armadas actuarán en ellas en obediencia a la solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, a las que deberán estar sujetas sin usurpar su esfera de competencia.

“Así el máximo tribunal consideró que son Constitucionales tanto la participación de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades civiles, como la intervención de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Publica, pues tales actividades se encaminan, precisamente, a evitar condiciones graves que obliguen a decretar dicha suspensión de garantías”.

En esas condiciones, la Corte considera como finalidad esencial de todo sistema de Seguridad Pública la vigencia de las garantías individuales (base de los Derechos Humanos) consagradas en el texto constitucional.

—¿No le bastaba al gobierno federal esta tesis para aclarar cualquier inquietud por la salida de las tropas a sustituir a unas policías a todas luces corruptas e ineficientes? Por lo visto no. No le bastaba.

Pero además le han burocratizado facultades al Presidente en esa minuta de Ley de Seguridad Nacional enviada por los senadores a la Cámara de Diputados.

En las atribuciones presidenciales (89) se dice:

“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente; o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior (yo lo subrayé) y defensa exterior de la Federación”.

Hoy la Constitución debería decir, siempre y cuando se lo soliciten y permitan los gobiernos de los estados y lo admita el Consejo de Seguridad Nacional. Lo nunca visto, un procedimiento escalonado (con original y quien sabe cuántas copias) para movilizar a medias al Ejército, enviarlo desarmado a la refriega y hasta pedirle plazos para entregar resultados.

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Hace muchos años todos los aspirantes a poeta escribían su poema en heroica evocación de Tlatelolco. Sonetos, versos libres, elegías dolientes; responsos interminables. Octubre era el tema y la respuesta. Elliot se quedaba chico. Después la moda vino a ser la versificación funeraria sobre la muerte del padre (cosa ya hecha por Manrique en el siglo XV) en abierta imitación del Mayor Sabines.

Ahora, cuando se fatiguen los sociólogos y estudiosos de la migración y sus desventuras, los poetastros, aedas, bardos, similares y conexos van a comenzar la interminable escritura poética de las desventuras de los mexicanos en Arizona.

Pero mientras lo hacen o no vale la pena analizar, entre otras y por razones obvias, las opiniones del senador Manlio Fabio Beltrones y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Dijo Peña en Washington sobre esas disposiciones contenidas en la ley Brewer:

“…son discriminatorias, racistas, xenofóbicas…faltan a los derechos humanos de manera grave y es el punto que hay que atacar, combatir, pues “atenta contra nuestros connacionales…

“…Y debemos reconocer también: en México no hemos estado a la altura de producir una dinámica económica que genere oportunidades y posibilidades de desarrollo individual a todos sus ciudadanos”.

Y Beltrones le escribió al vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden:

“Es por eso deplorable la legislación SB 1070 que podría entrar en vigor en 90 días en Arizona, que inevitablemente generará incomprensión y distanciamiento entre nuestros pueblos… esta legislación y similares podrán ser revocadas en el marco jurídico de ese gran país haciendo prevalecer la salvaguarda de los derechos humanos”.

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Oaxaca es el único lugar donde el PT y su líder no han abandonado las alianzas. Oaxaca es el único estado donde las elecciones ya tienen un prologo sangriento. Le preguntan a Ulises Ruiz sobre los triquis y las elecciones y la pendencia interminable y la lejana paz.

—El asunto de la zona triqui —dice— se va a resolver en el momento en que se firme el acuerdo de paz, por eso insisto yo que al margen de encontrar y castigar a los culpables de los hechos lamentables que se sucedieron y de otros más que se han sucedido en la zona trique...

—¿Esto afectaría las elecciones?

— No. Es un asunto que no es nuevo, tiene más de 40 años la situación que se presenta en esta zona, no es un asunto de coyuntura electoral, es un asunto que va mucho más allá de las elecciones, repito, es el que podamos resolver, ponernos de acuerdo, mostrar la voluntad para firmar estos acuerdos de paz que no tienen nada que ver con el proceso electoral.

Ojalá y no se politice, ojalá no haya señalamientos que quieran revolverlo, es un asunto delicado, sensible que tenemos que respetar tanto el gobierno como los partidos políticos.





Rafael Cardona.

*Articulista del diario "La Cronica de Hoy"

El derecho a migrar.

A propósito de la afrentosa ley SB1070 del estado de Arizona, el Congreso hizo un exhorto al Ejecutivo a que “haga uso de todos los espacios de diálogo diplomático y de los instrumentos y mecanismos que sean necesarios para defender los derechos e integridad de los mexicanos”. El texto no refleja la indignación de los compatriotas que representamos pero va en la dirección acertada.



Arizona no es una ínsula Barataria ni un territorio exento de la aplicación del derecho de gentes. Es parte integrante de la Unión Americana. Diversos tratados de derechos humanos especifican que los estados nacionales de carácter federal son responsables de las violaciones que cometen las entidades que los componen y están obligados a proveer el acatamiento de los compromisos internacionales contraídos.



¿Qué ocurriría si un estado o provincia de la región, o muchos de ellos, transgredieran abiertamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Para evitar semejante caos —que disolvería en la práctica el instrumento— intervendrían según las disposiciones aplicables los gobiernos federales y en su caso los poderes judiciales. Restaurarían el orden perdido.



En algún contencioso sobre la pena de muerte a uno de nuestros compatriotas el gobernador de Texas declaró que esa entidad no había suscrito ningún tratado internacional y se negó a rehacer el procedimiento. El presidente de Estados Unidos tuvo que enviar una misiva al mandatario local en cumplimiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia y la ejecución fue suspendida.



Las soluciones dependen de la energía e imaginación con que actúen el gobierno y la sociedad mexicana. En las relaciones exteriores como en las internas se miden y ponderan las acciones de la contraparte. Son numerosas las medidas que podríamos tomar, de modo concatenado y en estrecha alianza con los mexicanos del exterior, para poner un coto a la humillación y la impunidad.



Desde luego un tono diplomático más enfático y convincente hacia Estados Unidos y la comunidad de naciones, mediante el agotamiento de procedimientos bilaterales y la búsqueda de opciones multilaterales. Por ejemplo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de Naciones Unidas con jurisdicción en la materia, la Asamblea General de la Organización y la propia Corte Internacional de La Haya.



La criminalización de los migrantes va a contrapelo de los avances mundiales en este campo. Abre la vía para que las autoridades locales asuman, al margen de toda responsabilidad, competencias migratorias que por definición son nacionales. Desata un “nativismo histérico” contrario a la globalización y promueve el delito de xenofobia por la persecución fundada en identificación étnica.



Debiéramos sumarnos por entero a la lucha de nuestros compatriotas por su dignidad. Hemos propuesto que desde la Constitución quede estipulado que la nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales, así como la obligación de proteger a los mexicanos en el extranjero. Tendríamos que consagrar cuanto antes el derecho universal a votar en elecciones nacionales para nuestros compatriotas del exterior y a ser votados en el marco de una sexta circunscripción.



Es urgente escapar de la trampa que nos tendió un tratado asimétrico e hipócrita de integración: libertad para la circulación de bienes, servicios y transacciones financieras, pero limitaciones aberrantes y maltratos para los migrantes. El TLC ha propiciado, en sólo 16 años, la salida de 11 millones de mexicanos, tantos como los que habían migrado durante nuestra historia, incluyendo los que quedaron del otro lado después de los Tratados de Guadalupe Hidalgo en 1847.



La relación bilateral y la estrategia regional han de ser replanteadas a la luz de los resultados lamentables alcanzados en el declive del crecimiento económico, la hemorragia laboral, la desigualdad y el drama de la inseguridad. Debe afirmarse también de modo inequívoco, como lo estipulan tratados internacionales, que migrar es un derecho humano inalienable y actuar en consecuencia con determinación.





Diputado federal del PT



*Culumnista del diario "El Universal"