La desinteresada comunicación era más que una frase cursi o una caricatura del simplón humor sajón. Se trataba de la respuesta a una añosa demanda (siete décadas) de la militancia panista: a los papás, a quienes no satisfacía la enseñanza impartida por el Estado y que además tenían el mínimo suficiente para pagar la educación privada de sus hijos (tres millones de niños). A los padres de los otros 17 millones les iban a otorgar un subsidio justo, a efecto de que sus vástagos accedieran a estudios (y ambientes) de calidad.
El anuncio fue recibido jubilosamente por los sectores de la élite beneficiada. Por ejemplo, la Asociación Interamericana de Organizaciones de Padres de Familia, en voz de su presidente, festinó la medida, pero la aceptó sólo como un primer paso, pues, dijo, "no estaremos plenamente satisfechos hasta lograr la total gratuidad de la educación privada". El vocero del Instituto Mexicano de Finanzas, Carlos Cárdenas, aplaudió ese estímulo fiscal, pero lo calificó de "limitado", mientras don Alfredo Harp Helú consideró que el decreto significaba "más causantes, más empleos, más educación de calidad y menos gasto". Por su parte, Marco Antonio Mendoza, de la Unión de Padres de Familia, sostuvo que la medida "fortalece el derecho de los padres a decidir sobre el tipo de escuela que quieren para sus hijos". Y no le falta razón: la educación pública es laica, universal, gratuita, científica, democrática, nacionalista, exenta de prejuicios, fanatismos, privilegios en razón de religión, raza y sexo, y para acabarla de amolar procura, junto con el aprecio a la dignidad de la persona y la integridad de la familia, el interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos de todos los hombres. Como yo hubiera dicho recién egresado de mi colegio: ¡Ufff, qué güeva! O como exclamarían los progenitores de los alumnos de las escuelas Antonio Plancarte, don Juan Bosco, Juan Bautista de la Salle y, por supuesto, el reverendo padre Maciel: ¿Educación subversiva para mis hijos? ¡Jamás!
Y no podía faltar Juan Molinar Horcasitas. Sí, el mismo de la guardería propiedad de la autóctona familia real, de Mexicana de Aviación, la transparente licitación 21 y ahora miembro de la dirección nacional panista. Él nos jura que el decreto de marras no es de manera alguna una medida electorera y populista. (Don Juan, por favor, memoria: octavo mandamiento: no decir falsos testimonios ni mentir.)
La Secretaría de Hacienda, tan actualizada, eficiente y equitativa en el ejercicio de su actividad recaudatoria, señaló de inmediato los requisitos para hacer efectiva la deducibilidad: deberá realizarse por medios electrónicos, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, débito o de servicios. O sea, instrumentos todos de abierta accesibilidad para la mayoría de los padres de familia.
Mención aparte merece la inefable (que no se puede explicar con palabras) señora Paz Fernández Cueto. Dice doña Paz: "Representa un respiro para la población en general". Luego agrega: "En el país hay 32 mil 859 escuelas privadas, con más de 3 millones de alumnos, cifra que corresponde al 10 por ciento de la matrícula escolar". Según ese dato, el total de la matrícula, 100 por ciento, sería de 30 millones (no avalo la cifra, la infiero), pero de ser veraz (mentir es pecado y no creo que la señora se atreva a ponerse obstáculos a su diaria comunión) eso de dar a 10 por ciento de la población grado de general como que resulta ligeramente exagerado. El 10 por ciento no llega a general ni avalado por el de cinco estrellas. Digamos que esa población es, si acaso, sargento o subteniente.
Sigue: "Responde a un clamor generalizado de la sociedad (¿dónde habré estado, que el clamor de los padres de 17 millones de niños no turbó ni siquiera mis febriles insomnios?)"
El galimatías subsecuente que lo reclamen la RAE o de perdida la AML. Doña Paz considera que el decreto es un “reclamo justo que los padres de familia veníamos haciendo desde hace muchísimos años, y del que sencillamente no había habido voluntad política para concretar (sic). Y digo veníamos, porque junto con otros muchos padres de familia se insistía (recontra sic) en la propuesta, mientras pagaba colegiaturas (archi sic) interminables –las correspondientes a una familia numerosa– (se agotaron los sics)”.
Voy a la mitad del alegato de Fernández Cueto y las joyas son tan interminables (como las colegiaturas de las que tanto se duele) que resultarían orgásmicas para el inolvidable Nikito Nipongo. Ya las veremos en próxima entrega, si algo urgente no lo impide. Por ahora sólo un acertijo para quienes lean estos renglones. Dice doña Paz que falta "un gran trecho para acortar las distancias entre el nivel académico que caracteriza las dos ofertas educativas: la pública y la privada". ¿A cual de éstas habrá honrado ella con su inscripción? Su opinión no cambia nada, pero ejercita.
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