Felipe Calderón pretende endilgarnos su guerra contra los capos como si fuera nuestra; no es la guerra de Calderón —dice— sino la de México. Pero nunca consultó a nadie; ni a otros poderes del Estado, ni a los partidos políticos, ni a los expertos en el tema, ni a la sociedad civil. Fue una decisión unilateral —además de precipitada— cuya responsabilidad quiere compartir con todo el país. Pero la deuda histórica será —para bien o para mal— exclusivamente suya. ¿Cómo podremos saber si Calderón ganó su guerra, o cuándo podríamos determinar ese feliz e improbable desenlace? Difícil hacerlo, porque ésta es una guerra sin definición de éxito y con objetivos nebulosos. Ante lo confuso de la estrategia, el propio gobierno ha señalado distintos propósitos en diferentes momentos. Se había dicho que la reducción del consumo era una de las metas; después, cuando se ha visto el incremento del consumo (en México y Estados Unidos) se dijo que no, que no se trataba de reducir el consumo, sino administrarlo. Pero la consigna “para que la droga no llegue a tus hijos” es inequívoca a cuál era el propósito (o uno de ellos).
Se ha dicho también que se trata de fortalecer el Estado de derecho, aplicando la ley sistemáticamente. El problema es, por un lado, que se pretende hacer esto sólo en materia de delincuencia organizada, pero permanece la absoluta impunidad en materia de corrupción general (que es el terreno donde florece el crimen organizado). Ahí no se aplica porque la clase política y sus socios privados se dispararían al pie. En seguida, la aplicación de la ley, al detener o matar capos y consignar sicarios, en este caso no parece generar el efecto buscado en toda aplicación de la ley; disuadir de incurrir en los delitos penalizados. Se señaló también como un objetivo de la guerra recuperar control territorial; si ese es el indicador, pues la cosa está hoy peor que antes. Y si no, que pregunten en Ciudad Juárez, Tamaulipas (incluida Ciudad Mier) y Monterrey. Vaya, ni siquiera hay control en el sistema penitenciario.
El gobierno ha aclarado a veces que reducir la violencia no es un objetivo en sí mismo, y que su incremento temporal es el costo para obtener las otras metas señaladas. También ha dicho que el descabezamiento de capos y captura de sicarios llevará a un punto en que los cárteles se desmoronen, y con ellos la narco–violencia. Hasta ahora, esas medidas se han traducido en un incremento notable de la violencia, en los lugares donde tienen lugar (por la guerra entre grupos y jefes que se disputan el liderazgo y las plazas). Los éxitos parciales del gobierno se traducen en mayor violencia e inseguridad; una paradoja de esta mal planeada guerra. Pero, a veces, como parte de la confusión —y el engaño— el gobierno ha dicho que la violencia disminuiría antes de terminar el sexenio. Fernando Gómez Mont aseguró que la curva de violencia empezaría a declinar este año (cuando al contrario, se ha elevado). Según el gobierno y los apologistas de su estrategia, en algún momento indeterminado empezaremos a ver que la violencia disminuye, pues se habrá desmantelado a los grandes cárteles (como en Colombia, aunque sin los ingredientes que allá fueron esenciales). Pero existe también la posibilidad de que los críticos de esa estrategia —quienes la comparan con patear el avispero— tuvieran razón, cuando afirman que de continuar ésta en sus actuales términos, la violencia seguirá creciendo ad infinitum (por la metástasis involuntaria, pero torpemente provocada). Pero, ¿cómo sabremos quién tenía razón? Al paso del tiempo lo sabremos, se puede pensar. Pero para ello, el próximo gobierno, del color que sea, tendría que continuar con la estrategia calderonista sin modificaciones de fondo. Si por el contrario, y ante el desastre al corte de caja, decide dar un golpe de timón (algo probable), ya no sabremos si la guerra de Calderón era eficaz o no. En tal caso, dados los desastrosos resultados que habrá en 2012, la estrategia quedará registrada como absolutamente fallida, como irracional e incluso contraproducente a los objetivos que buscaba (con todo lo cambiantes y confusos que han sido). Desde luego, y en cualquier caso, la herencia que Calderón dejará a su sucesor en este ámbito será nefasta, pues muchos de los daños provocados por ella parecen irreversibles en el corto plazo.
Se ha dicho también que se trata de fortalecer el Estado de derecho, aplicando la ley sistemáticamente. El problema es, por un lado, que se pretende hacer esto sólo en materia de delincuencia organizada, pero permanece la absoluta impunidad en materia de corrupción general (que es el terreno donde florece el crimen organizado). Ahí no se aplica porque la clase política y sus socios privados se dispararían al pie. En seguida, la aplicación de la ley, al detener o matar capos y consignar sicarios, en este caso no parece generar el efecto buscado en toda aplicación de la ley; disuadir de incurrir en los delitos penalizados. Se señaló también como un objetivo de la guerra recuperar control territorial; si ese es el indicador, pues la cosa está hoy peor que antes. Y si no, que pregunten en Ciudad Juárez, Tamaulipas (incluida Ciudad Mier) y Monterrey. Vaya, ni siquiera hay control en el sistema penitenciario.
El gobierno ha aclarado a veces que reducir la violencia no es un objetivo en sí mismo, y que su incremento temporal es el costo para obtener las otras metas señaladas. También ha dicho que el descabezamiento de capos y captura de sicarios llevará a un punto en que los cárteles se desmoronen, y con ellos la narco–violencia. Hasta ahora, esas medidas se han traducido en un incremento notable de la violencia, en los lugares donde tienen lugar (por la guerra entre grupos y jefes que se disputan el liderazgo y las plazas). Los éxitos parciales del gobierno se traducen en mayor violencia e inseguridad; una paradoja de esta mal planeada guerra. Pero, a veces, como parte de la confusión —y el engaño— el gobierno ha dicho que la violencia disminuiría antes de terminar el sexenio. Fernando Gómez Mont aseguró que la curva de violencia empezaría a declinar este año (cuando al contrario, se ha elevado). Según el gobierno y los apologistas de su estrategia, en algún momento indeterminado empezaremos a ver que la violencia disminuye, pues se habrá desmantelado a los grandes cárteles (como en Colombia, aunque sin los ingredientes que allá fueron esenciales). Pero existe también la posibilidad de que los críticos de esa estrategia —quienes la comparan con patear el avispero— tuvieran razón, cuando afirman que de continuar ésta en sus actuales términos, la violencia seguirá creciendo ad infinitum (por la metástasis involuntaria, pero torpemente provocada). Pero, ¿cómo sabremos quién tenía razón? Al paso del tiempo lo sabremos, se puede pensar. Pero para ello, el próximo gobierno, del color que sea, tendría que continuar con la estrategia calderonista sin modificaciones de fondo. Si por el contrario, y ante el desastre al corte de caja, decide dar un golpe de timón (algo probable), ya no sabremos si la guerra de Calderón era eficaz o no. En tal caso, dados los desastrosos resultados que habrá en 2012, la estrategia quedará registrada como absolutamente fallida, como irracional e incluso contraproducente a los objetivos que buscaba (con todo lo cambiantes y confusos que han sido). Desde luego, y en cualquier caso, la herencia que Calderón dejará a su sucesor en este ámbito será nefasta, pues muchos de los daños provocados por ella parecen irreversibles en el corto plazo.
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