jueves, 19 de agosto de 2010

Formaliza Marcelo Ebrard demanda.


México, DF. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, interpuso hoy una denuncia penal contra el arzobispo de Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez, y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, por sus acusaciones de que sobornó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) para que avalaran adopción por parte de matrimonios gay.

“Esta es una demanda en defensa del estado laico, de la SCJN y de la jefatura del gobierno capitalino, pero sobre todo de la separación Iglesia-Estado”, dijo el mandatario capitalino en conferencia posterior a la formalización de la demanda. “A los prelados que injurian y calumnian a las instituciones públicas les recuerdo que vivimos en un estado laico”, indicó.

“No se puede permitir que estas imputaciones transcurran sin acción jurídica alguna porque sería tanto como consentir que se vaya borrando o se borre o se ponga en riesgo la naturaleza del estado laico mexicano, que es la garantía de las libertades de todos, empezando por las de aquellos que nos calumnian”, señaló.

Esperamos que "el juez proceda como se le solicita para que Sandoval Iñíguez comparezca ante tribunales” y pruebe lo que dice o bien se logre que él y los voceros de la Iglesia católica “acepten que están mintiendo y que se comporten con el respeto que le deben a las instituciones públicas", sostuvo.

El estado laico es la garantía de la libertad de todos y todas en una sociedad diversa como la nuestra. Hace más de 140 años se impuso en México la separación de los asuntos públicos, ninguna Iglesia tiene el derecho de imponer su visión moral. Los prelados deben respetar a las instituciones civiles, dijo.

Si como aseguran los prelados, tienen pruebas, que las presenten; de otro modo que se retracten, insistió el jefe de gobierno, quien por la mañana vaticinó que el juicio puede ser largo y al final tanto Sandoval Íñiguez como Hugo Valdemar acabarán pidiendo una disculpa pública.

Daño moral, la imputación jurídica


La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Lo que seguramente será impugnado por los prelados, que se sentirían en desventaja “territorial”, aseguró Ebrard en entrevista radiofónica esta mañana. La ley prevé que puedan apelar en este sentido, pero al final “perderán y ellos lo saben”.

En la denuncia se especifica que “maicear” —el término usado por el cardenal Sandoval Íñiguez— significa literalmente darle de comer a los animales, aunque en el uso común, es pagar por que se realice una acción.

Al decir que el jefe de gobierno con apoyo de organismos internacionales “maiceó” a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de facto se acusa de soborno y corrupción. De modo que la denuncia es por daño al decoro, el honor y la reputación de la persona, explicó Ebrard.

Una vez interpuesta la denuncia, abundó Ebrard, se emite un citatorio para que los demandados presenten sus pruebas con apego al artículo 104 de la Ley de Procesos Civiles del DF; si se comprueban su acusación se debe abrir un proceso por corrupción. Si no hay pruebas lo que procede es una disculpa pública, insistió.

Ebrard especificó que la denuncia es contra Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, quienes al parecer hicieron sus declaraciones a título personal.

La periodista Aristegui le cuestionó si ¿puede alguien en México aspirar a la presidencia de la República si se confronta con la Iglesia católica?

A lo que el jefe de gobierno capitalino respondió que hace lo que debe hacer. “Es congruencia moral. Siempre he defendido la separación Iglesia-Estado. Estamos en un Estado laico”, dijo.

“El cardenal Sandoval cree que vive en el siglo XIX”. No se ha enterado que hubo una reforma para separar los asuntos religiosos de los de gobierno.

El soborno y la corrupción son delitos graves. No se puede haber acusaciones en ese sentido contra gobernantes y magistrados del máximo tribunal sin que se investigue, indicó.

Agregó que del juicio espera que haya una disculpa pública, pero no descarta una sanción económica por concepto de reparación de daños.

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