Desde el pasado 9 de febrero Claudia y Marisela Reyes Salazar iniciaron una huelga de hambre frente a la Fiscalía de Ciudad Juárez, Chihuahua, en denuncia del hostigamiento que sufre su familia y por la desaparición de sus hermanxs y cuñada.
Durante estos días las propiedades de la familia sufrieron agresiones. La versión oficial es que todo ha provenido del crimen organizado, sin embargo, esta versión sólo busca deslindar de responsabilidades a las autoridades por los asesinatos.
Sara Salazar, madre de Josefina quien lucho fuertemente contra la militarización en Valle de Juárez, culpa directamente al gobierno de Chihuahua y al gobierno federal por las agresiones que desde el 2009 ha sufrido su familia.
Hoy por hoy, lxs defensorxs de derechos humanos en México viven una situación de peligro real, no hay que olvidar que a finales del 2010 también fue asesinada, frente a la sede del gobierno de Chihuahua, Marisela Escobedo quien exigía al gobierno justicia para su hija Rubí víctima de feminicidio; y a principios de este año otra activista, Susana Chávez, quien acuñara la frase Ni una muerta más, también fue asesinada sin que el gobierno diera señales de tomar acciones para hacer justicia.
El caso de la familia Reyes Salazar, al igual que el de Marisela y Susana son crímenes de Estado, aunque el gobierno quiera hacerlos pasar por otra cosa.
Exigimos a los gobiernos estatales, en especial al de Chihuahia encabezado por Cesar Duarte, y a Felipe Calderón que cesen los ataques a lxs defensorxs de derechos humanos en el país. Exigimos también castigo a los responsables de las muertes de cada una de lxs activistas que han perdido la vida por sus labores de denuncia y defensa.
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