Rechazo y Refugio.

La Cámara de Diputados aprobó una Ley sobre Refugiados y protección complementaria con el propósito de introducir en el derecho interno, disposiciones vigentes desde hace muchos años en el orden internacional. Se trata de un avance sustantivo que fue, no obstante, empañado por el prurito de mantener escapatorias para su incumplimiento.

La concesión del asilo fue orgullo de la conducta exterior mexicana. Así, las decisiones visionarias de Cárdenas cuando la Guerra Civil española y la protección a los perseguidos por las dictaduras en Chile, Guatemala, Argentina, Brasil y otros países hermanos. La defensa de esas vidas implicó, en ocasiones, heroísmo diplomático y constituyó definición política irrecusable. Generó también la leyenda del candil y la oscuridad.


Nuestro comportamiento ante los refugiados ha sido diferente. Estos ingresan al país de manera espontánea y con frecuencia “no saben que lo son”. El gobierno debiera concederles un estatuto especial, de acuerdo a su condición, que casi siempre les regateó. Se distinguen de los otros migrantes en que no se desplazan por razones económicas o aventureras, sino por acontecimientos políticos y amenazas a su libertad, propiedad o seguridad.


Las Naciones Unidas codificaron ese fenómeno en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Estos instrumentos fueron ratificados por México hasta abril del 2000: 49 años después de que apareció el primero.


Tal retraso desnudó la resistencia de las autoridades migratorias a conceder la protección y su tenacidad en cerrar el paso por la frontera sur, en consonancia con la política de Washington, que no podrá sellar nunca la frontera norte.


Lo asumimos una vez apaciguadas las revoluciones centroamericanas —después del niño ahogado— y mucho después de haber establecido, a comienzo de los ochenta, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta fue creada por las gestiones del Alto Comisario de la ONU, quien denunciaba la dicotomía entre los informes triunfalistas de la Cancillería y el hostigamiento que se observaba en la realidad.


El doble lenguaje no ha terminado —se antoja parte de nuestra naturaleza. Tampoco la ignorancia. Por eso la mayoría de la Cámara rechazó, sin discutirlas, las enmiendas que presenté en el pleno. La primera fue para cambiar el título de la ley a fin de llamar “protección ampliada” a la que se designa “complementaria”. No se trata de complementar un estatuto que ya se otorga, sino de ampliarlo a otras categorías de personas.


El afán es sustantivo. La declaración de Cartagena de 1984 había extendido la protección original que se concedía a los perseguidos por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política. Había ya incluido los casos de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos y violación masiva de los derechos humanos. Propusimos ampliarla a cualquier forma de vulneración de derechos fundamentales, pero no quisieron o no entendieron.


Objetaron que la denegación de esa prerrogativa pudiera impugnarse ante la CNDH. Tampoco respetaron el texto original, que establece los “temores fundados como causal del refugio”. A contrapelo del derecho internacional y de la lógica, definieron éstos como “actos y hechos reiterados” o “acumulación de acciones”.


Cambiaron una situación subjetiva –aunque fundada— por otra que requiere la comprobación de circunstancias que ocurrieron en el pasado y en otro país. Una puerta franca a la discrecionalidad que haría nugatoria toda la ley.


Propusimos un artículo transitorio para dejar sin efecto las reservas que el Gobierno introdujo en esos mismos instrumentos, a pesar de haberlos suscrito. Prefirieron mantener flagrantes contradicciones entre la ley adoptada y nuestra posición jurídica exterior.

El pretexto: que el Congreso carece de competencia en política exterior, a pesar que legisle sobre ella y el Senado ratifique los Tratados. Qué tontería.


Urge una reforma constitucional en profundidad que esclarezca competencias, elimine subterfugios y fije el rumbo de una política exterior de Estado.

Mexico:"Menos Democratico" y "Mas Corrupto".

México obtuvo su peor calificación de los últimos 10 años en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Fue calificado con 3.1, en una escala donde 10 es la máxima. En la lista de las 178 naciones estudiadas, México pasó del puesto 89, que obtuvo en 2009, al 98.

El IPC, realizado anualmente por la organización Transparencia Internacional (TI), da cuenta de que los mejores países en transparencia fueron Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur, que comparten el primer lugar con una puntuación de 9.3, mientras que el último lugar lo ocupa Somalia, con 1.1.

En Latinoamérica, el país mejor colocado fue Chile, con una calificación de 7.2; los peores evaluados fueron Venezuela, con 2, seguido de Haití y Paraguay, con 2.2 en ambos casos.

Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, Brasil, Cuba, República Dominicana, Jamaica y Costa Rica obtuvieron mejores calificaciones que México en el estudio.

TI consideró que uno de los mayores males de México es que “sigue anclado a prácticas del pasado”.

Alejandro Salas, responsable del departamento de las Américas de Transparencia Internacional, aseguró que el caso de México es “muy interesante” y parecido al de Brasil, por ser miembro de grupos poderosos como el G20 o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tener “una institucionalidad muy avanzada” en algunos campos y, sin embargo, contar con toda una serie de organizaciones que sigue “enquistada”.

Afirmó que aunque México fue uno de los primeros Estados de América Latina en ratificar convenios internacionales anticorrupción, y uno de los pioneros en sistemas de acceso a la información pública, en él sigue habiendo una “fuerte dualidad”.

En algunas instituciones o gobiernos locales, por ejemplo, persisten viejas prácticas como el amiguismo o la compra de votos, lamentó.

La concesión ilegal de licencias es un ejemplo de ello, dijo el experto al recordar el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niños y otros 75 resultaron heridos.

A ello se suma que en México sigue habiendo un nivel de impunidad muy alto. “Por eso sigue estancado en la mitad de la tabla”, afirmó.

Al presentar el informe, TI comentó que, “si bien los gobiernos destinan grandes cantidades de fondos a combatir los problemas mundiales más acuciantes, como la inestabilidad de los mercados financieros, el cambio climático y la pobreza, la corrupción continúa siendo un obstáculo para lograr los avances necesarios en estas áreas”.

El IPC 2010 muestra que casi 75% de los 178 países incluidos tuvo una puntuación menor a cinco en la escala de 10. Huguette Labelle, presidenta de TI, dijo que “estos resultados indican que se necesitan medidas más enérgicas para fortalecer la gobernanza en todo el mundo, dado que estos altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas”.

Acepta México el informe

Para el caso mexicano, el IPC se integra con datos de organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial, Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit, Institute for Management and Development y Global Insight, publicados en los últimos dos años.

El IPC mide la percepción de la corrupción en temas como contrataciones públicas, comercio exterior, facilidades para inversión, acceso a servicios públicos, calidad regulatoria y extorsiones.

El gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo respetar los resultados del IPC y aceptó lo que considera “un llamado de atención para fortalecer la lucha contra la corrupción, pero también como una oportunidad para recordar que mejorar la calificación de México depende del esfuerzo de diferentes actores: los tres órdenes de gobierno, los tres Poderes de la Unión y la sociedad en su conjunto”.

Aceptó que la corrupción en el país “es un grave problema” que “frena” la competitividad y “erosiona” el tejido social.

Capitales Golondrinos.

Durante los últimos 12 meses inversionistas extranjeros han adquirido bonos de deuda mexicana a tasa fija (Bonos M) por más de 13 mil 800 millones de dólares, para los cuales el gobierno del país paga tasas de rendimiento hasta de 18.5 por ciento, indican reportes de Banamex Citigroup.

Hasta la primera mitad de este mes la inversión extranjera en esos instrumentos llegó a la cifra histórica de 35 mil 700 millones de dólares. Desde octubre de 2009 al mismo mes de 2010, la tenencia de Bonos M en manos de inversionistas extranjeros creció casi 65 por ciento.

La rentabilidad que se ofrece a los inversionistas extranjeros contrasta significativamente con las dos tasas líderes en el mercado nacional, la de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, de 4.05 por ciento, y la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), de 4.875 puntos. Pero si se le compara con la que pagan los bonos del Tesoro estadunidense a 10 y 30 años, de 2.57 y 3.99 por ciento, respectivamente, destaca más el papel de refugio en que se han convertido los bonos mexicanos para las inversiones de cartera provenientes del extranjero.

“Inversionistas en busca de mayores rendimientos, en combinación con prospectos sobresalientes para México –reforzados por la reciente inclusión en el WGBI (siglas del World Govermment Bond Index) y la exitosa colocación de deuda en los mercados internacionales–, han hecho de México un destino comparativamente atractivo para los inversionistas”, comentó la analista Hilda Ramírez, de Banamex Citigroup.

De acuerdo con un seguimiento de ese grupo financiero, hasta la primera mitad de este mes el rendimiento de los Bonos M había alcanzado 14.55 por ciento en lo que va del año, mientras la tasa anualizada se ubicó en 18.5 por ciento.

Un seguimiento regular que hace Banamex Citigroup sobre la tenencia de Bonos M por extranjeros da cuenta de que en octubre de 2009 la participación en dólares era de 21 mil 300 millones, mientras para el último reporte, del pasado 6 de octubre de 2010, la cifra se elevaba a 35 mil 100 millones.
Registros del Banco de México sobre tenencia de valores del gobierno mexicano no identifican específicamente los llamados Bonos M y utilizan la moneda nacional para referirse al “total de valores gubernamentales, residentes en el extranjero”. Los informes del instituto central señalan que esos valores sumaban al 13 de octubre de este año 538 mil 649.6 millones de pesos, lo que representa un aumento de 72 por ciento en lo que va del año, equivalente a 225 mil 468.9 millones de pesos.

Si bien la tenencia de valores gubernamentales en manos de inversionistas extranjeros en lo que va de este año resulta alta, la evolución a lo largo del actual gobierno rebasa cualquier expectativa, con un aumento de 319 por ciento: en diciembre de 2006 la tenencia extranjera de bonos del gobierno mexicano era, según los datos del Banco de México, de 128 mil 523.7 millones de pesos, cifra que se elevó hasta los 538 mil 649.6 millones del pasado 13 de octubre.

En opinión de los analistas Arnulfo Rodríguez, y Theany Bazet, de Banamex Citigroup, “hacia adelante el mercado local mantiene una perspectiva positiva, sustentada en el persistente descenso en la trayectoria de inflación general, reconocido por el Banco de México en su comunicado de política monetaria, lo que sienta las condiciones para su tasa de referencia en 4.50 por ciento, quizás hasta el primer semestre de 2011, lo que elimina este factor de riesgo para el mercado de bonos M.

“El último reporte de inflación de Estados Unidos, que demuestra que los temores de una deflación permanecen latentes, fortalece la posibilidad de que la Fed implemente una segunda etapa de estímulos monetarios (Quantitative Easing “QE2”). Estas medidas adicionales favorecerán mayores descensos en las tasas de los bonos del Tesoro, con la consecutiva ampliación del diferencial contra las tasas de los bonos locales, que incrementarían su atractivo para inversionistas foráneos. La relativa fortaleza del peso en los mercados cambiarios estimula la inversión extranjera de cartera, en particular, en los bonos M”.

Encuentro Incomodo.

El de ayer fue un encuentro incómodo para todos. En Apatzingán, ante un alcalde, Genaro Guízar, que hace sólo unas semanas enfrentaba en prisión cargos relacionados con delitos contra la salud, ahora exonerado y en funciones, y ante un Congreso estatal dominado por un PRD que mantiene viva la herida del michoacanazo, el presidente Felipe Calderón asistió a la sesión solemne para conmemorar el aniversario de la expedición del Decreto Constitucional para la América Mexicana. Y escuchó al diputado Raúl Morón Orozco reclamar a nombre del Poder Legislativo del estado la politización de la justicia, y demandar una reforma de Estado para desaparecer, por “injustificadas”, las figuras del arraigo y los testigos protegidos, porque propician la violación a los derechos humanos. Pero fue un toma y daca, ya que en su oportunidad Calderón recordó el ejemplo de José María Morelos y Pavón, quien nunca pactó con los enemigos de los mexicanos, y afirmó que éstos ahora son los criminales. Al final se dieron la mano el Presidente, el gobernador Leonel Godoy y el alcalde Guízar, pero sus rostros reflejaron en todo momento el ánimo del encuentro. Simplemente muy incómodo.





Stratfor es una consultoría de renombre en Estados Unidos, que ha centrado sus análisis de los últimos días en el caso de la muerte del estadounidense David Hartley en la presa Falcón. La consultoría sostiene, por ejemplo, que sus fuentes confirman que fue asesinado por un error de dos zetas que “estarían pagando por ello”, y que el cadáver nunca será encontrado. Stratfor analiza el comportamiento de la prensa estadounidense respecto al caso y concluye que hay una suerte de presión en aumento, pero no para exigir justicia o que el caso quede totalmente esclarecido, sino como un pretexto para que la administración de Barack Obama gestione ante autoridades mexicanas la autorización para que los contratistas estadounidenses de seguridad privados operen en territorio azteca. El asunto tiene fondo: los contratistas que trabajan como milicias privadas y cuyos métodos quedaron evidenciados en Afganistán e Irak, ya perdieron el negocio en aquella zona del planeta. Stratfor sugiere que México es el nuevo objetivo de estas compañías y que el tema del narco es el pretexto. Veremos primero si la administración de Obama cede a la presión y, en su caso, cómo reacciona el gobierno mexicano.





A Andrés Manuel López Obrador no le pudo ir mejor en el IFE. El miércoles, cuando el tabasqueño fue a defenderse de la acusación del PAN, el instituto le habilitó una sala en la Dirección Jurídica, transmitió por circuito cerrado la comparecencia, distribuyó en CD copias de la videograbación de la reunión y hasta prestó sus instalaciones para que el equipo de prensa del presidente legítimo realizara su despacho de información a todo el país. Y eso que los llamó “majaderos”.







Apunte final: Los enterados de cómo se juega el ajedrez político en las cúpulas del PAN y de Los Pinos, nos aseguran que el inminente registro del joven diputado federal Roberto Gil —recién salido de la Subsecretaría de Gobernación— como candidato a la presidencia del CEN blanquiazul, puso nerviosos a los otros cuatro aspirantes. A los senadores Gustavo Madero y Blanca Judith Díaz; al diputado federal Francisco Ramírez Acuña, y a la ex titular del INM, Cecilia Romero, como que no les cayó muy en gracia que se sumara otra pieza a la contienda. Sin embargo, por los rumbos de Los Pinos no ha cambiado la señal: siguen viendo con simpatía al senador Madero. La moneda está en el aire y la última palabra la tendrán los consejeros, o al menos a eso le apuestan algunos de los aspirantes.

La ingenuidad perredista.

Hasta hace tres meses, cuando estaba a punto de renovarse la Cámara de Diputados, se hablaba de “narcopolíticos” más como un riesgo que como una realidad. Todos los partidos decían tener los controles necesarios para enfrentar la infiltración. El PRD en particular tenía una razón para sentirse confiado: el fracaso de la acción judicial contra el gobierno perredista de Leonel Godoy en el famoso caso del michoacanazo.

En ese contexto “cerró filas” el sol azteca en torno de Julio César Godoy Toscano, hermano del gobernador de Michoacán, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de vínculos con el narcotráfico. Varios diputados de ese partido maniobraron para meter a escondidas al prófugo a la Cámara de Diputados y de esa manera hacerle rendir protesta como diputado federal para que obtuviera fuero. Públicamente salieron a defenderlo los dirigentes del partido de las diversas corrientes, desde el coordinador parlamentario Alejandro Encinas hasta el presidente del partido, Jesús Ortega.

Todo cambió cuando se difundió en medios de comunicación la grabación entre Godoy Toscano y La Tuta, líder del cártel de La Familia michoacana. Tardó varias horas el legislador federal en salir ante los micrófonos para responder a las revelaciones. Ese fue el momento clave que lo definió a él y al PRD frente a la opinión pública. La credibilidad de ambos en este tema se derrumbó en el momento en que Godoy repitió una y otra vez que el audio ya había sido desestimado por los jueces. “¿Es o no es su voz?” Le preguntaron los reporteros sin cesar. Nunca contestó.

El PRD tuvo entonces que tragarse su defensa e incluso debió solicitar la renuncia de Godoy al partido para tratar de aminorar el daño a su imagen. Su propio hermano Leonel estuvo de acuerdo con la medida. ¿Qué hizo que todos al interior del sol azteca creyeran ciegamente en la inocencia del legislador? Tal vez fue la palabra empeñada del gobernador de Michoacán. Quizá el exceso de confianza por la falta de pruebas, algo común en la PGR. O ambos factores. Sea cual sea la respuesta el hecho es que el PRD cometió un error muy grave en política: meter las manos al fuego por un personaje cuya incorruptibilidad no estaba garantizada.

La ingenuidad conduce a la derrota política. Esa es la lección que lastimosamente dio el PRD durante la última semana.

La Tragedia del I.F.E..

El Instituto Federal Electoral (IFE) nace en 1990 como una abierta simulación salinista y hoy, a sus 20 años, dramáticamente parece estar retornando a sus orígenes. A la manera de un personaje trágico, el IFE no ha logrado extirpar de su interior su defecto fatal”, o hammartia, en griego, que en este caso reside en un exceso de burocratismo, oficialismo y autocomplacencia. Si no corrige el rumbo pronto, una dolorosa y trágica muerte institucional podría estar a la vuelta de la esquina.

Aquel IFE vinculado a las conquistas ciudadanas fue producto de la pluralidad política de la época. Los avances de la institución no fueron concesiones de sus titulares, sino conquistas arrancadas por los movimientos sociales que también impregnaron los intensos debates internos.

Hoy, Carlos Salinas, Emilio Chauyffet, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés buscan presentarse como ilustres constructores de la democracia mexicana, cuando en realidad son también culpables de muchas de las fallas y deficiencias que todavía hoy aquejan a los procesos electorales.

La reforma electoral de 1989-1990 fue a todas luces una contrarreforma. Con el fin de detener el avance de la oposición, Salinas elimina las candidaturas comunes y amplía la famosa “cláusula de gobernabilidad”. También se centraliza el control sobre la organización y la calificación de las elecciones a través de la reducción del Colegio Electoral de 500 a 100 diputados y con la creación de una institución bajo el control directo del gobierno federal y el PRI.

Durante la negociación de la reforma, Salinas comete una más de sus múltiples traiciones al desconocer la “carta de intención” firmada entre el PRI y PAN en la víspera de la aprobación de la reforma constitucional. Este documento incluía candados que aseguraban mayor independencia para el instituto electoral, como requisitos más estrictos para ser “consejero magistrado” y un procedimiento más democrático para su selección.

El PRI aceptó firmar la carta con tal de contar con los votos para aprobar la reforma constitucional. Pero inmediatamente después incumple sus compromisos a la hora de diseñar la ley secundaria, dado que ya no precisaba del apoyo legislativo del PAN. El resultado fue una reforma totalmente repudiada por la izquierda, y también por una amplia franja del PAN.

Hoy el IFE engaña abiertamente a la ciudadanía cuando afirma, en su sitio web conmemorativo de sus 20 años, que en 1990 el instituto “surge como un órgano público y autónomo”. El artículo 41 constitucional aprobado en 1989, explícitamente señalaba que “la organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión”. No es hasta 1994, en el contexto del levantamiento zapatista y después del asesinato de Colosio, cuando el IFE se convierte formalmente en un “organismo público autónomo”, y tendremos que esperar hasta 1996 para que el instituto se independice plenamente del Ejecutivo.
A partir de 1996 el cambio no fue inmediato. Una de las primeras acciones de Woldenberg como presidente del IFE fue nombrar a Felipe Solís como secretario ejecutivo del instituto. Solís, sumamente cercano a Manlio Fabio Beltrones, era uno de los representantes más destacados del pasado autoritario del IFE. A su salida, Solís se convierte en representante del PRI ante el mismo instituto y hoy es diputado federal de este mismo partido. Woldenberg también se opuso de manera tajante a fiscalizar los gastos de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, y nunca auspició la verdadera democratización interna del IFE. Años después, también apoyaría el carpetazo inicial que se dio al caso de los Amigos de Fox.

Otros consejeros serían los verdaderos responsables del gran prestigio alcanzado por el IFE entre 1996 y 2003. Destacan entre ellos Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, quienes desde muy temprano en su carrera de servidores públicos hicieron esfuerzos olímpicos por combatir el burocratismo conservador que tanto daño hacía a la institución.

Pero ya sabemos que la historia oficial la escriben “los vencedores”. La ceremonia oficial del IFE del pasado 11 de octubre fue un popurrí de vacíos discursos autocomplacientes y burocráticos. Al más puro estilo priísta, las conquistas sociales han sido transformadas en “logros institucionales” y los éxitos institucionales en gracias otorgadas por los directores generales y presidentes correspondientes.

La verdadera historia del IFE tendría que poner el acento en las décadas de luchas ciudadanas gestadas, en particular desde la izquierda. La creación del IFE se debe a las protestas de 1988. La autonomía es consecuencia directa del levantamiento zapatista de 1994. La plena ciudadanización surge de la confrontación del PRD y los náufragos de la crisis económica con Ernesto Zedillo en 1995. Y de igual forma la reforma de 2007-2008 es resultado directo de la movilización ciudadana de 2006.

Hoy el PRI pretende colocar dos nuevos alfiles en el Consejo General. Pero lo que necesitaría un IFE verdaderamente ciudadano no son más defensores del viejo régimen, sino al menos un par de actores progresistas que, sin ser representantes de los partidos de izquierda, pudieran ser portadores de una visión auténticamente ciudadana frente a los retos actuales del instituto electoral. Hoy, el IFE no cuenta con absolutamente nadie con este perfil. Tal exclusión de la izquierda ha dañado enormemente la institución y prepara ya el camino para otro desastre en 2012. Esperemos que la Cámara de Diputados no desaproveche esta oportunidad para corregir el rumbo.

Cronica de una renuncia anunciada.

Lo que sucedió con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del estado de México, Ricardo Moreno, es una suerte de “crónica de una renuncia obligada”. Hace ocho días, el legislador se opuso con vehemencia a la estrategia de alianzas electorales que finalmente se impuso. Ayer, llegó al recinto legislativo para encontrarse con la sorpresa de que sus compañeros de bancada simplemente lo habían sustituido. Por la tarde envió una carta de tres párrafos al dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, que en su parte medular consigna que “en un acto de congruencia política, el día de hoy presento mi renuncia a mi militancia dentro del PRD y hago votos para que esta línea política claudicante y entreguista pronto llegue a su fin”. Dicen los enterados que esta es la primera, pero que en camino vienen más.

Todo es cuestión de enfoques. Mientras la Cancillería y la Secretaría de Gobernación emitieron un comunicado en el que destacaron los halagos de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, en torno a los avances en el sistema judicial del país, en su último día de visita a México la experta se reunió con medios de comunicación y arremetió en serio contra el sistema de justicia. Después de reunirse con funcionarios federales, juzgadores, magistrados, abogados y visitar, además del DF, el estado de México, Nuevo León, Yucatán y San Luis Potosí para conocer de primera mano la situación en el país, fustigó al Ejecutivo por criticar la actuación del Poder Judicial y tener supeditado al Ministerio Público, a gobernadores que de facto designan a presidentes de tribunales de justicia estatales restándoles independencia; habló de deficiencias en investigaciones, de arraigos para detener y después investigar a sospechosos, de denegación de justicia para los más desprotegidos; sólo se salvó la Corte por su transparencia y acceso a la información y sus sesiones públicas para tomar decisiones clave en la agenda del país.





El que de plano debe considerar que visitar Tlacotalpan no fue precisamente la mejor idea, es el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Resulta que los damnificados por las lluvias lo rodearon, jalonearon y lanzaron toda clase de consignas. Le pedían a gritos ayuda. El mandatario intentó evadir a la multitud que lo siguió hasta unos billares, donde finalmente logró zafarse. Ante funcionarios y medios, Herrera dijo que “los tlacotalpeños no tienen llenadera”. Cabría recordar que Tlacotalpan tiene dos meses bajo el agua y que sus habitantes perdieron enseres del hogar, negocios, ganado y siembras. Tal vez por eso “no tienen llenadera”.





Siguiendo puntualmente el dicho de que “la unión hace la fuerza”, cinco alcaldes electos de Quintana Roo, dos del PAN y tres del PRD, decidieron formar una coalición extraelectoral para negociar con los gobernadores, el actual, Félix González Canto, y el próximo, Roberto Borge, del PRI, asuntos relacionados con finanzas, programas de gobierno y pedir, además, respeto mutuo. La alianza incluye a los ediles electos de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Así se advirtió que la alianza del PAN, PRD, PT y Convergencia en los comicios del pasado 4 de julio no concluirá, ya que los cinco alcaldes formarán una coalición de gobierno de oposición.







Apunte final. El jefe de Gobierno del DF sigue moviendo sus piezas. Ayer designó a Alfonso Brito nuevo director de Comunicación Social del GDF, en sustitución de Óscar Argüelles, quien asume la coordinación operativa de la fundación Equidad y Progreso. Nos dicen que Ebrard no quiere perder tiempo ni dejar nada al azar, y que por eso no debe extrañar que su círculo más cercano se mude en cuestión de semanas hacia la estructura con la que busca la candidatura de 2012.

Salinas,matraquero de Peña Nieto.

Las expresiones de Carlos Salinas de Gortari de que la alternancia llegó para quedarse y será bienvenida en 2012 fueron interpretadas por Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, como “un mensaje con jiribilla” con el que el ex presidente se muestra como “matraquero” de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.

Es claro que Salinas, como no puede pagar spots en radio y televisión, utiliza cuanto escenario tiene para ser el heraldo del regreso del PRI en 2012, subrayó Navarrete al advertir que así como se le vio en el IFE, con su colmillo retorcido “y otras cosas”, se le verá en cuanta boda, bautizo o cumpleaños haya en el país, donde quiera que haya prensa para seguir siendo el mensajero de su candidato, eso está perfectamente claro”.

Lo dicho por Salinas generó reacciones diversas en el Senado en donde también el priista Pedro Joaquín Coldwell dijo que su partido ya está listo para la alternancia y llamó al PAN a “no espantarse por ésa, que es una realidad”.

El también priista Jesús Murillo dijo que espera una alternancia en 2012 e hizo ver que su partido “está luchando por eso”.

El perredista Pablo Gómez sostuvo que Salinas “no es el agorero de México” al tiempo que hizo ver que el ex presidente lo que busca es promover una alternancia cosmética en la que sólo se cambien el poder la derecha del PRI y la derecha del PAN.

Es cierto, señaló, el escenario de la alternancia está puesto desde hace años, eso no requiere mucha discusión, es algo obvio, el problema es ver hacia dónde, “si vamos a la alternancia de mentiritas de la derecha panista a la derecha priista, o si vamos a la izquierda, que ahí sí habría transformación política, económica y social”.

Lo dicho por Salinas fue desestimado en la bancada panista, en la que el senador Alejandro González Alcocer rechazó que los comentarios del expresidente puedan significar un golpe para Acción Nacional toda vez que, sentenció, viniendo de quien vienen esos señalamientos, al que afectan más es al PRI.

Para el líder de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, el ex presidente dice la “verdad”, porque el país sí está preparado para la alternancia, tras considerar que en la última década algunos “esfuerzos han fracasado”, como los que tienen al país en una crisis social, económica, y política “muy grave”.

El priista opinó que “hay una clase política que no termina de saber estar a la altura de la ciudadanía”, con lo que refrendó que en lo dicho por Salinas “está expresada una verdad absoluta, el país está preparado para la alternancia en 2012”.

Por su parte, el líder del PRD, Alejandro Encinas, afirmó que en el país aún no llega la alternancia al poder, por lo que mencionó que Salinas habla de “una regresión, una restauración del viejo régimen y del priismo”, porque “Calderón protege a los mismos grupos que favoreció Salinas”.

Encinas insistió en que “pensar en la restauración del viejo régimen no implica alternancia, sino una regresión que, lamentablemente, se está configurando en el país”.

- Claves

Hortensia Aragón

• La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, afirmó que de la izquierda dependerá que la alternancia en 2012 no signifique el regreso del PRI a Los Pinos y que el primer paso será una alianza amplia en el Estado de México.

• Sostuvo que la alternancia política en las elecciones presidenciales de 2012, como la plantea Salinas, “no es otra cosa que la posibilidad de que el PRI regrese a Los Pinos”.

• “Es el anuncio de que desde su trinchera Salinas trabajará a su manera y con todos los recursos a su alcance para lograr que su ahijado político llegue a la Presidencia en 2012”, afirmó.

Mando unico y corrupcion policial.

Finalmente, en el cuarto año de ejercicio, el Ejecutivo federal envió al Senado de la República la iniciativa para establecer un mando único en las policías de las entidades y prácticamente desaparecer las policías municipales, las cuales para existir deberán someterse a un proceso de acreditación ante la autoridad estatal y federal.

Para Calderón, esta propuesta representa un golpe de timón en el modelo de organización policial que permitirá al Estado garantizar la seguridad pública, al fortalecer su capacidad para reaccionar hacia el delito, permitirá fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección y proximidad ciudadana de los cuerpos policiales y replantear el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública municipal y estatal. Es innegable que se necesita una reestructuración de los cuerpos de seguridad pública, aunque el problema no se debe reducir a la cuestión policial. Existe una profunda debilidad institucional que ha llevado a una crisis del modelo de seguridad pública y procuración de justicia, así como un proceso continuado de empobrecimiento y exclusión de la población que arroja a miles de jóvenes a los brazos de la delincuencia organizada.


Nadie duda que la corrupción ha permeado las corporaciones policíacas. Estamos frente a datos contundentes; por ejemplo, un estudio de Edgardo Buscaglia señala que 81% de los municipios están penetrados por la delincuencia organizada. Pero el problema es mayor, y si bien la corrupción es profunda en el ámbito municipal, ésta se extiende en las corporaciones estatales y federales, las cuales, a diferencia de las municipales, tienen capacidad operativa y recursos, y son el eslabón más importante en la cadena que ha penetrado la delincuencia para su operación.


Se trata de una crisis en la que concurren múltiples factores. Desde problemas de visión estratégica, mando, operación y corrupción, que hoy se pretende descargar toda la responsabilidad en la debilidad de las policías municipales.


Retomando cifras oficiales: 12 de las 31 entidades federativas no tienen policía en todos sus municipios, 400 de los 2,441 municipios de México no tienen policía, de los 2 mil restantes el 65% tienen de uno a 30 elementos, 10 municipios concentran al 15% de los elementos. El 20% de los policías gana mil pesos mensuales, el 68% tiene educación básica y el 2% es analfabeta. En resumen, en la absoluta mayoría de los municipios la policía es inexistente.


Pero el reclamo de la federación hacia los municipios es que éstos no apoyan, y lejos de fortalecer a los municipios, la iniciativa trastoca principios constitucionales fundamentales del municipalismo, pues, lejos de apoyar a la autoridad más cercana al ciudadano, propicia su debilitamiento al establecer una línea de mando que concentra un enorme poder en la SSP federal, como si el modelo de policía estatal y federal fuera exitoso e incorruptible, vulnerando la norma constitucional que establece como atribución prioritaria del municipio brindar la seguridad pública.


Abundan los ejemplos de corrupción policial, como los recientes escándalos de la Policía Federal en Ciudad Juárez, o los cientos de policías federales dados de baja. Cabe recordar cómo en esta administración la AFI desapareció por corrupción. Ahora el mismo responsable de esa policía, el actual secretario de Seguridad Pública federal, asumiría el mando único.

Se requiere una transformación integral de las policías, lo que exige en primer término replantear el sistema de seguridad y justicia del país diseñado para servir al poder y no para proteger a los ciudadanos.


Existen diversas propuestas para alcanzar este propósito sin necesidad de crear un embrollo centralista que rompe con el sistema federal mexicano, pues con esta iniciativa se erigiría un jefe policiaco máximo, con un poder inmenso y capacidad para intervenir una policía estatal. La Policía Federal tendría mando sobre las policías estatales. Este sería el jefe de jefes de todas las policías, con lo que se correría el riesgo de replicar experiencias nefastas para el país como las tristemente célebres gestiones del general Alfonso Durazo o el Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, policías tan fuertes como corruptas.

El Miedo.

El escenario político del país está marcado de manera cada vez más evidente por las querellas entre sí de los grupos mafiosos en el poder, que se advierten en la ruptura de la antigua alianza entre PRI y PAN y en la actitud de apanicamiento de Felipe Calderón, cada vez más incapaz de liderear a la ultraderecha mexicana.

1. El mecanismo de las "alianzas electorales" entre PAN y PRD, que de proseguir en 2011 en el estado de México, y aún después, permitirían al gobierno calderonista confundir al electorado sobre las propuestas de ambas formaciones políticas y someter más claramente la cúpula perredista al proyecto de la derecha de mantenerse en el poder en 2012, para lo cual habría que llegar al ignominioso escenario de un candidato "de unidad" PAN-PRD para oponérselo a Enrique Peña Nieto, casi seguro abanderado presidencial priísta, ha quedado desenmascarado al mostrarse que su objetivo fundamental es cerrarle el camino a una candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

2. El ardid de "las alianzas electorales" PAN-PRD fue posible por las negociaciones entre el perredista Jesús Ortega y César Nava, presidente de Acción Nacional, que llevaron al gobierno a imponer hace dos años a Ortega en la dirección del PRD, mediante un fallo del tribunal electoral, que validó decenas de miles de votos fraudulentos a favor de los Chuchos en la elección interna, a cambio de que Ortega y su grupo pudieran apoderarse del aparato del partido y prestarse a las pretensiones del gobierno.

3. No es de sorprender que dicho acuerdo entre el calderonismo y los Chuchos hubiese sido ultimado por Ortega con el que ha sido señalado como uno de los funcionarios más corruptos del calderonismo, César Nava, acusado en el sexenio pasado de haber entregado concesiones anticonstitucionales a multinacionales hispanas durante su paso como funcionario de Pemex (en los años en que Calderón fungía como titular de Energía) y ahora de un "enriquecimiento inexplicable" al adquirir un departamento en Rincón del Bosque por cerca de 30 millones de pesos.

4. El miedo de Calderón ante el 2012 lo está llevando a cometer todo género de ilícitos, y ya está empezando ante el azoro de sus propios compañeros de partido que sostenían en privado que se repetiría el escenario de 2006, y lo más significativo es que él se asume como responsable de aquellas y de estas acciones delictivas. Al quedar desenmascarada la "estrategia" de las alianzas PAN-PRD, adelantándose a los tiempos electorales Calderón ha tenido que descender aún más al lodazal, y durante la entrevista que le organizaron desde Los Pinos con Pablo Hiriart y Salvador Camarena el martes 5 por la noche en W Radio, arremetió una vez más contra López Obrador, el principal líder de la oposición, calumniándolo otra vez como "un peligro para México" y acusándolo de realizar "una campaña de rencor y odio", no sin antes reconocer que la verdadera campaña de odio, que fue la suya, la decidió su "equipo de campaña", que el eslogan de descalificación acuñado por los publicistas Dick Morris y Antonio Solá es de su equipo, según se ufanó, no sin antes enredarse en mil y una explicaciones por haber afirmado en 2006 que no le importaba que se le considerara ganador "haiga sido como haiga sido", según informó El Universal el miércoles 6.

5. La respuesta a Calderón no se hizo esperar, y desde distintos horizontes políticos se reconoce que su proceder configura una violación a las libertades electorales de los mexicanos, y no puede conducir más que a que se torne en el hazmerreír de todos y a que, de persistir, se le forme juicio político para destituirlo, conforme al 108 constitucional. Los panistas Creel y Espino lo acusaron de no gobernar y estar dedicado a la campaña de 2012. Los consejeros y el presidente del IFE se aterraron ante la posibilidad de que se reviva el trauma de 2006, cuando el propio instituto fue artífice del fraude y fungió además como encubridor de las acciones delictivas de Fox y de Calderón, perdiendo toda credibilidad. Y PRI, PRD y PT lo acusaron de ser "el burro hablando de orejas" y lo exhortaron a dejar de actuar como "jefe de campaña" del PAN y de seguir polarizando a la sociedad con sus desatinos (La Jornada, 7 de octubre).

6. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, fue más allá, y tras señalar que la afirmación de Felipe Calderón es una señal de "autoritarismo e intolerancia", pidió a la PGR señalar cuáles son los verdaderos peligros para el país (El Universal en línea, del 7 de octubre).

7. La campaña de irracionalidad de los extremistas fanáticos de la ultraderecha ha sido así de momento silenciada, y éstos deberán tener más cuidado en sus planteamientos desaforados con vistas al 2012. Más difícil les va a resultar traer a México a personalidades de la derecha trasnacional para que le hagan el juego a los intereses trasnacionales, como lo hicieron hace una semana con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que por muy Premio Nobel que sea ahora, desconocía y desconoce la realidad de México y el papel del gobierno corrupto, entreguista y antidemocrático del PAN.

8. La respuesta de López Obrador no fue por breve menos significativa, pues al presentar en la Alameda capitalina su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, que tanto ha ofuscado a Calderón y a los que han sido sus cómplices durante estos cuatro años en el desmantelamiento de la nación, se limitó a decir que esa frase "burda y ofensiva" no se atrevería a usarla ni siquiera contra Calderón, a pesar de que "han perdido la vida cerca de 30 mil mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud".

9. La campaña para la sucesión de quien ha sido no sólo un gobernante espurio e inepto sino un individuo violento y de gran perversidad que se prestó a ser instrumento de los poderes trasnacionales para atentar contra los derechos del pueblo mexicano, está abierta, como dicen los franceses malgré lui, a pesar suyo, por su propio miedo, y no anuncia nada bueno para los mexicanos. Se anuncia como una campaña que va a residir en lo esencial en el poder del dinero para comprar y corromper dirigentes y cuadros partidistas y en el poder de los medios para confundir, engañar y someter a los mexicanos, sin olvidar la violencia desatada por Calderón para amedrentar a todos: a fin de impedirles que sean verdaderos ciudadanos libres, con plena capacidad para elegir a sus representantes.

10. El escenario electoral de ilegalidad y de violencia que reposa en el papel del dinero y de los medios no es empero privativo de México, sino que se anuncia como el modelo institucional del neoliberalismo en todas las latitudes. Gobernantes de distintos países están siendo señalados por haberse apoyado en sus campañas en financiamiento ilegal. En Francia Nicolás Sarkozy está siendo acusado de haber recibido de Liliana Bettencourt –dueña de L’Oreal– multimillonarias sumas ilegales para su campaña y deberá afrontar a la justicia, como en España el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, miembro del PP. Y en Estados Unidos, si se acusó también a Obama de ser un peligro para Estados Unidos, ahora se denuncia que el multimillonario australiano Rupert Murdoch, dueño de una vasta red de diarios conservadores en el mundo, ha donado en vísperas de las legislativas un millón de dólares para impulsar a la cadena Fox y al grupo ultraderechista del Tea Party (El País, 6 de octubre).

El poder del dinero y de los medios no puede sin embargo más que el poder del pueblo, y ese va a ser el verdadero desafío en 2012.

Sindrome de Estocolmo.

El michoacanazo y sus secuelas dejan al calderonato ante una encrucijada ineludible: o sufre de una ineptitud inconmensurable en materia de procuración de justicia (y en otras, claro) y ya podemos dar por perdida la guerra contra la delincuencia, o bien es una dictadura mendaz que siembra droga en los bolsillos de sus opositores para hacerlos a un lado y ganarles elecciones a la mala.

Por lo pronto, y a reserva de que el desgobierno federal demuestre que actuó de buena fe y que no guardaba contra los imputados un designio distinto al de hacer cumplir la ley, lo ocurrido a 34 de los 35 funcionarios y alcaldes michoacanos encarcelados por Calderón se parece mucho a una privación ilegal de la libertad o, más precisamente, a un secuestro de Estado, cuya recompensa no se pensó en pesos ni en dólares sino en sufragios. La debilidad de las acusaciones deja entrever que el propósito principal de Medina Mora y de García Luna no era llevar a los capturados ante un tribunal, sino exhibirlos en la televisión.

La diferencia entre esto y las tradicionales prácticas autoritarias del priísmo es que las segundas eran operadas con mayor perversión, refinamiento y sentido político. Pero, en el fondo, la criminalización por muestreo del perredismo michoacano no es diferente a las acusaciones infames montadas contra los presos políticos del 68, a las persecuciones echeverristas y lopezportillistas de dirigentes sociales, al quinazo salinista o a las órdenes de aprehensión dictadas por el zedillato contra reales o presuntos militantes zapatistas, con el panista Lozano Gracia como ejecutor.

Cuando ocupó la presidencia, Fox copió sin pudor ni astucia aquellas formas de hacer política: persiguió judicialmente a López Obrador y fabricó contra dirigentes de San Salvador Atenco y de Oaxaca unos delitos tan falsos que los acusados ya están libres.

La parcialidad de la procuración de justicia en tiempos de Calderón es escandalosa. La criminalización regular de opositores políticos y sindicales contrasta con la impunidad que se otorga a integrantes del gabinete y a gobernadores panistas sospechosos, por un sinnúmero de indicios, de múltiples acciones delictivas.

Las distorsiones judiciales para mantener el control político son uno de los elementos (además de la corrupción, la política económica depredadora, el manejo patrimonialista de los recursos públicos, el recurso al fraude electoral) que permiten afirmar que de 2000 a la fecha el único cambio experimentado por el régimen antidemocrático es de logotipos y colores. La resistencia al desgobierno panista es la expresión de una lucha más larga y de mayor aliento contra un grupo político, empresarial y mediático que controla el país y sus instituciones cuando menos desde 1988 y que incluye a los priísmos representados por Peña Nieto y Beltrones, al grupito gestor del calderonato, a la mafia gordillista y a delincuencias menos presentables. La pretensión de aliarse a una de ellas para cerrar el paso a otras equivale a hacer migas con el Cártel del Pacífico para enfrentar al del Golfo, como algunos sospechan que ha venido ocurriendo.

En esas andan, por cierto, Manuel Camacho, Jesús Ortega y sus seguidores (camachuchos, para abreviar): tratando de convencer a medio mundo de que para derrotar a Drácula hay que irse a la cama con el Hombre Lobo, o al revés; a lo que puede verse, ya se les olvidó que el objetivo principal era más bien demoler la casa de los sustos. Significativamente, sus aspavientos contra Peña Nieto son fingidos: la prueba es que, en su discurso, la figura central de enemigo no la ocupan el PRI y el mexiquense, sino López Obrador y el movimiento aglutinado en torno a él.

La descolocación es tan grotesca y obvia que parece fruto de una grave indigencia intelectual o bien de una transacción político-pecuniaria como las que documentadamente realiza el calderonato. Pero como uno queremos ser mal pensados, supongamos mejor que los camachuchos padecen de eso que se conoce como síndrome de Estocolmo y que consiste, para decirlo en lenguaje llano, en el cariñito y la complicidad que el rehén desarrolla hacia su secuestrador: en este caso, Felipe Calderón, principal responsable del golpe político-policial contra el perredismo conocido como michoacanazo.

La industria del secuestro en Mexico.

El secuestro, uno de los delitos que más preocupa en México, es un negocio tan lucrativo para delincuentes y policías que no tiene visos de reducirse, aseguró el periodista y escritor mexicano Humberto Padgett en su libro "Jauría".

"Todo el mundo gana dinero, salvo una familia que ve fatalmente interrumpida su secuencia de vida", dijo el periodista, que ha invertido dos años en investigar a secuestradores y agentes de la ley y a hablar con sus víctimas.

Según datos oficiales, en México se cometen cerca de tres secuestros por día (1.181 casos el año pasado, un 40 por ciento más que en 2008 y casi el doble que en 2006). Las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que sólo uno de cada cuatro secuestros se denuncia.

Los delincuentes trabajan con ventaja: las estadísticas muestran que sólo hay una posibilidad entre nueve de que sean capturados. Su actividad no se entiende sin la colaboración policial -cuyas instituciones son percibidas a menudo como infestadas de corrupción- y que el autor define de varias maneras.

Por un lado, la banda puede tener un infiltrado en alguna fiscalía que les avise de si se denuncia el secuestro o no, y de por dónde avanza la investigación, para eludir la acción de la ley.

En otros casos, son los propios policías quienes participan en la privación de libertad de la víctima, en su custodia o en la gestión del pago del rescate.

Finalmente, el experto acusó a las policías judiciales de haberse convertido en "gestores del secuestro": algunos trabajan en complicidad con alguna banda, les indican potenciales víctimas o permiten a los criminales operar impunes.

En cualquier momento, no obstante, pueden decidir dejar de "ordeñar la bolsa" y detienen a los criminales como muestra de su efectividad. "El boletín de prensa nunca dice 'a estas personas las pudimos haber detenido antes de que ocurrieran 14 secuestros más, todos con mutilaciones'", agregó el escritor.

Ese fue el caso precisamente al respecto de uno de los secuestradores más conocidos de la historia reciente de México, Daniel Arizmendi, "el Mochaorejas", apodado así por cortarles esa parte a sus víctimas.

"El Mochaorejas", que operó en los años noventa y cumple hoy una condena de 398 años, lideraba una banda en la que contaba con una red de protección en la que se involucró a un fiscal estatal, un comandante de la Policía Judicial y otro de un Grupo Antisecuestros.

Su historia sirvió al director hollywoodiense Tony Scott para el filme "Man on fire", protagonizado por Denzel Washington y ambientado en el Distrito Federal. Los secuestradores se llamaron Daniel, como "el Mochaorejas", y Aurelio, como su compinche.

La lucrativa cadena no termina aquí, porque para Padgett después es el turno de las autoridades penitenciarias, que ganan permitiendo que las bandas operen desde las cárceles. La reciente regulación sobre registro de teléfonos móviles deriva, de hecho, de ello.

El autor también dibuja como beneficiados "de manera legal e ilegal" a muchos funcionarios públicos. Cita especialmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que ha visto aumentado en gran manera su presupuesto.

Sobre su titular, Genaro García Luna -muy cuestionado por los medios- el autor lo consideró más centrado en el impacto mediático que en la efectividad.

Fue asimismo responsable parcial, escribe en "Jauría", de encumbrar a uno de los colaboradores clave de "el Mochaorejas" en el bando de la ley, Alberto Pliego Fuentes, "el Superpolicía", acusado asimismo de proteger al cartel de Juárez, y quien murió en prisión de cáncer.

Todos,menos Lopez Obrador.

Cuauhtémoc Cárdenas cometió la proeza de sacar al PRI del DF. Aplastó al partido oficial y al PAN. Tal hazaña fue costosa para él y magnífica para el PRD. Han pasado 13 años desde entonces. Los perredistas se ensañaron con su "líder moral" y utilizaron la capital como banco personal, amén de mostrar los más altos índices de corrupción del país. De Rosario Robles a Ebrard, ex priistas y líderes del peor estilo, han manchado a un partido que fue esperanzador y marginado o expulsado a lo poco decente que tenían. La mayoría de los jefes de gobierno perredistas han estado escaso tiempo, salvo AMLO, y todos han utilizado el cargo para promoverse. Rosario fue un fracaso, pero alcanzó tal notoriedad que ahora es periodista famosa y actriz. Para qué hablar de Encinas. Su complicidad en la entrada de César Godoy a la Cámara de Diputados, en una escena gangsteril, lo pinta de cuerpo entero. La capital es un caos, plena de inseguridad, de vendedores ambulantes, de narcotienditas, de obras sin mayor sentido, con obvios privilegios para al automóvil, con el campeonato de la destrucción de áreas verdes y en medio de una eterna tormenta de mentiras y demagogia sinfín. La ética no existe entre las tribus. Nunca hubo un proyecto de izquierda, lo que existe y es visible es la atroz voracidad por los cargos y el dinero.
Es el turno de Marcelo. Ya anunció que va por la candidatura presidencial de la "izquierda", es decir, contra López Obrador. ¿Será un choque de trenes o una colisión sin mayores daños? De su lado, el caudillo parece no inmutarse, a lo sumo frena la alianza PAN-PRD en el Edomex. Puede ser una maniobra perversa, pero dicen que en política todo se vale. No cabe duda que Ebrard dio un gran paso: anunció ruidosamente, rodeado de sus leales, que irá de gira por toda la República. ¿Y el DF? Ah, no, sólo viajará los días de asueto, tal como hizo Andrés Manuel para apoyar a Yeidckol Polevnsky en su fallido intento por derrotar a Peña Nieto hace cinco años. Pero bien decía un campeón de la corrupción, Carlos Hank González: Político pobre, pobre político. Así que Ebrard ha creado una fundación para impulsar su candidatura, la que perderá sin duda ante el mucho trabajo de AMLO y la multitud de caballos de Troya que éste tiene en el PRD. Lo más sensato, sería que Ebrard, como dijo Obdulio Ávila, solicitara dinero para la atribulada ciudad capital y no para su gira. Ebrard se defendió: "No es para contribuir a una contienda de personalidades ni para alimentar exclusiones, sino busca la cohesión de fuerzas progresistas para impulsar los cambios que el país necesita." ¡Oh! ¿Es posible imaginar el dineral que costará esta gira y establecer oficinas en cada estado? Para eso formó su cochinito, con muchas obras y negocios. El turbio panorama comienza a aclararse. Falta saber cuántos perredistas van por la jefatura del DF. Por lo pronto, Ebrard tiene a su delfín: Mario Delgado. ¿Qué hará Camacho, seguirá cerca de Obrador o se mantendrá al lado de su eterno discípulo Marcelo? Ellos y el propio Cárdenas, fueron invitados a sumarse al esfuerzo titánico de llevar a un ex salinista a la presidencia de México. ¿Lo acompañará otro que fuera salinista: Camacho? Extraña memoria la de los perredistas. Hace unos días para desprestigiar a Peña Nieto, mostraron pancartas donde aparecen el gobernador y el ex presidente. Se les olvidó que toda la cúpula del PRD ha tenido tratos con quien AMLO califica como el Innombrable. Todo esto mientras el PRD se deshace internamente. René Arce pide la salida de Jesús Ortega e indica la forma despótica en que Marcelo actuó en Iztapalapa. Cota Montaño se fue, Amalia García tiene tras de sí auditores por sus pésimos manejos en Zacatecas y las tribus se miran entre sí, recelosas, sin saber hacia dónde moverse.