El Instituto Federal Electoral (IFE) nace en 1990 como una abierta simulación salinista y hoy, a sus 20 años, dramáticamente parece estar retornando a sus orígenes. A la manera de un personaje trágico, el IFE no ha logrado extirpar de su interior su defecto fatal”, o hammartia, en griego, que en este caso reside en un exceso de burocratismo, oficialismo y autocomplacencia. Si no corrige el rumbo pronto, una dolorosa y trágica muerte institucional podría estar a la vuelta de la esquina.
Aquel IFE vinculado a las conquistas ciudadanas fue producto de la pluralidad política de la época. Los avances de la institución no fueron concesiones de sus titulares, sino conquistas arrancadas por los movimientos sociales que también impregnaron los intensos debates internos.
Hoy, Carlos Salinas, Emilio Chauyffet, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés buscan presentarse como ilustres constructores de la democracia mexicana, cuando en realidad son también culpables de muchas de las fallas y deficiencias que todavía hoy aquejan a los procesos electorales.
La reforma electoral de 1989-1990 fue a todas luces una contrarreforma. Con el fin de detener el avance de la oposición, Salinas elimina las candidaturas comunes y amplía la famosa “cláusula de gobernabilidad”. También se centraliza el control sobre la organización y la calificación de las elecciones a través de la reducción del Colegio Electoral de 500 a 100 diputados y con la creación de una institución bajo el control directo del gobierno federal y el PRI.
Durante la negociación de la reforma, Salinas comete una más de sus múltiples traiciones al desconocer la “carta de intención” firmada entre el PRI y PAN en la víspera de la aprobación de la reforma constitucional. Este documento incluía candados que aseguraban mayor independencia para el instituto electoral, como requisitos más estrictos para ser “consejero magistrado” y un procedimiento más democrático para su selección.
El PRI aceptó firmar la carta con tal de contar con los votos para aprobar la reforma constitucional. Pero inmediatamente después incumple sus compromisos a la hora de diseñar la ley secundaria, dado que ya no precisaba del apoyo legislativo del PAN. El resultado fue una reforma totalmente repudiada por la izquierda, y también por una amplia franja del PAN.
Hoy el IFE engaña abiertamente a la ciudadanía cuando afirma, en su sitio web conmemorativo de sus 20 años, que en 1990 el instituto “surge como un órgano público y autónomo”. El artículo 41 constitucional aprobado en 1989, explícitamente señalaba que “la organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión”. No es hasta 1994, en el contexto del levantamiento zapatista y después del asesinato de Colosio, cuando el IFE se convierte formalmente en un “organismo público autónomo”, y tendremos que esperar hasta 1996 para que el instituto se independice plenamente del Ejecutivo.
A partir de 1996 el cambio no fue inmediato. Una de las primeras acciones de Woldenberg como presidente del IFE fue nombrar a Felipe Solís como secretario ejecutivo del instituto. Solís, sumamente cercano a Manlio Fabio Beltrones, era uno de los representantes más destacados del pasado autoritario del IFE. A su salida, Solís se convierte en representante del PRI ante el mismo instituto y hoy es diputado federal de este mismo partido. Woldenberg también se opuso de manera tajante a fiscalizar los gastos de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, y nunca auspició la verdadera democratización interna del IFE. Años después, también apoyaría el carpetazo inicial que se dio al caso de los Amigos de Fox.
Otros consejeros serían los verdaderos responsables del gran prestigio alcanzado por el IFE entre 1996 y 2003. Destacan entre ellos Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, quienes desde muy temprano en su carrera de servidores públicos hicieron esfuerzos olímpicos por combatir el burocratismo conservador que tanto daño hacía a la institución.
Pero ya sabemos que la historia oficial la escriben “los vencedores”. La ceremonia oficial del IFE del pasado 11 de octubre fue un popurrí de vacíos discursos autocomplacientes y burocráticos. Al más puro estilo priísta, las conquistas sociales han sido transformadas en “logros institucionales” y los éxitos institucionales en gracias otorgadas por los directores generales y presidentes correspondientes.
La verdadera historia del IFE tendría que poner el acento en las décadas de luchas ciudadanas gestadas, en particular desde la izquierda. La creación del IFE se debe a las protestas de 1988. La autonomía es consecuencia directa del levantamiento zapatista de 1994. La plena ciudadanización surge de la confrontación del PRD y los náufragos de la crisis económica con Ernesto Zedillo en 1995. Y de igual forma la reforma de 2007-2008 es resultado directo de la movilización ciudadana de 2006.
Hoy el PRI pretende colocar dos nuevos alfiles en el Consejo General. Pero lo que necesitaría un IFE verdaderamente ciudadano no son más defensores del viejo régimen, sino al menos un par de actores progresistas que, sin ser representantes de los partidos de izquierda, pudieran ser portadores de una visión auténticamente ciudadana frente a los retos actuales del instituto electoral. Hoy, el IFE no cuenta con absolutamente nadie con este perfil. Tal exclusión de la izquierda ha dañado enormemente la institución y prepara ya el camino para otro desastre en 2012. Esperemos que la Cámara de Diputados no desaproveche esta oportunidad para corregir el rumbo.
Aquel IFE vinculado a las conquistas ciudadanas fue producto de la pluralidad política de la época. Los avances de la institución no fueron concesiones de sus titulares, sino conquistas arrancadas por los movimientos sociales que también impregnaron los intensos debates internos.
Hoy, Carlos Salinas, Emilio Chauyffet, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés buscan presentarse como ilustres constructores de la democracia mexicana, cuando en realidad son también culpables de muchas de las fallas y deficiencias que todavía hoy aquejan a los procesos electorales.
La reforma electoral de 1989-1990 fue a todas luces una contrarreforma. Con el fin de detener el avance de la oposición, Salinas elimina las candidaturas comunes y amplía la famosa “cláusula de gobernabilidad”. También se centraliza el control sobre la organización y la calificación de las elecciones a través de la reducción del Colegio Electoral de 500 a 100 diputados y con la creación de una institución bajo el control directo del gobierno federal y el PRI.
Durante la negociación de la reforma, Salinas comete una más de sus múltiples traiciones al desconocer la “carta de intención” firmada entre el PRI y PAN en la víspera de la aprobación de la reforma constitucional. Este documento incluía candados que aseguraban mayor independencia para el instituto electoral, como requisitos más estrictos para ser “consejero magistrado” y un procedimiento más democrático para su selección.
El PRI aceptó firmar la carta con tal de contar con los votos para aprobar la reforma constitucional. Pero inmediatamente después incumple sus compromisos a la hora de diseñar la ley secundaria, dado que ya no precisaba del apoyo legislativo del PAN. El resultado fue una reforma totalmente repudiada por la izquierda, y también por una amplia franja del PAN.
Hoy el IFE engaña abiertamente a la ciudadanía cuando afirma, en su sitio web conmemorativo de sus 20 años, que en 1990 el instituto “surge como un órgano público y autónomo”. El artículo 41 constitucional aprobado en 1989, explícitamente señalaba que “la organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión”. No es hasta 1994, en el contexto del levantamiento zapatista y después del asesinato de Colosio, cuando el IFE se convierte formalmente en un “organismo público autónomo”, y tendremos que esperar hasta 1996 para que el instituto se independice plenamente del Ejecutivo.
A partir de 1996 el cambio no fue inmediato. Una de las primeras acciones de Woldenberg como presidente del IFE fue nombrar a Felipe Solís como secretario ejecutivo del instituto. Solís, sumamente cercano a Manlio Fabio Beltrones, era uno de los representantes más destacados del pasado autoritario del IFE. A su salida, Solís se convierte en representante del PRI ante el mismo instituto y hoy es diputado federal de este mismo partido. Woldenberg también se opuso de manera tajante a fiscalizar los gastos de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, y nunca auspició la verdadera democratización interna del IFE. Años después, también apoyaría el carpetazo inicial que se dio al caso de los Amigos de Fox.
Otros consejeros serían los verdaderos responsables del gran prestigio alcanzado por el IFE entre 1996 y 2003. Destacan entre ellos Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, quienes desde muy temprano en su carrera de servidores públicos hicieron esfuerzos olímpicos por combatir el burocratismo conservador que tanto daño hacía a la institución.
Pero ya sabemos que la historia oficial la escriben “los vencedores”. La ceremonia oficial del IFE del pasado 11 de octubre fue un popurrí de vacíos discursos autocomplacientes y burocráticos. Al más puro estilo priísta, las conquistas sociales han sido transformadas en “logros institucionales” y los éxitos institucionales en gracias otorgadas por los directores generales y presidentes correspondientes.
La verdadera historia del IFE tendría que poner el acento en las décadas de luchas ciudadanas gestadas, en particular desde la izquierda. La creación del IFE se debe a las protestas de 1988. La autonomía es consecuencia directa del levantamiento zapatista de 1994. La plena ciudadanización surge de la confrontación del PRD y los náufragos de la crisis económica con Ernesto Zedillo en 1995. Y de igual forma la reforma de 2007-2008 es resultado directo de la movilización ciudadana de 2006.
Hoy el PRI pretende colocar dos nuevos alfiles en el Consejo General. Pero lo que necesitaría un IFE verdaderamente ciudadano no son más defensores del viejo régimen, sino al menos un par de actores progresistas que, sin ser representantes de los partidos de izquierda, pudieran ser portadores de una visión auténticamente ciudadana frente a los retos actuales del instituto electoral. Hoy, el IFE no cuenta con absolutamente nadie con este perfil. Tal exclusión de la izquierda ha dañado enormemente la institución y prepara ya el camino para otro desastre en 2012. Esperemos que la Cámara de Diputados no desaproveche esta oportunidad para corregir el rumbo.
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