Finalmente, en el cuarto año de ejercicio, el Ejecutivo federal envió al Senado de la República la iniciativa para establecer un mando único en las policías de las entidades y prácticamente desaparecer las policías municipales, las cuales para existir deberán someterse a un proceso de acreditación ante la autoridad estatal y federal.
Para Calderón, esta propuesta representa un golpe de timón en el modelo de organización policial que permitirá al Estado garantizar la seguridad pública, al fortalecer su capacidad para reaccionar hacia el delito, permitirá fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección y proximidad ciudadana de los cuerpos policiales y replantear el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública municipal y estatal. Es innegable que se necesita una reestructuración de los cuerpos de seguridad pública, aunque el problema no se debe reducir a la cuestión policial. Existe una profunda debilidad institucional que ha llevado a una crisis del modelo de seguridad pública y procuración de justicia, así como un proceso continuado de empobrecimiento y exclusión de la población que arroja a miles de jóvenes a los brazos de la delincuencia organizada.
Nadie duda que la corrupción ha permeado las corporaciones policíacas. Estamos frente a datos contundentes; por ejemplo, un estudio de Edgardo Buscaglia señala que 81% de los municipios están penetrados por la delincuencia organizada. Pero el problema es mayor, y si bien la corrupción es profunda en el ámbito municipal, ésta se extiende en las corporaciones estatales y federales, las cuales, a diferencia de las municipales, tienen capacidad operativa y recursos, y son el eslabón más importante en la cadena que ha penetrado la delincuencia para su operación.
Se trata de una crisis en la que concurren múltiples factores. Desde problemas de visión estratégica, mando, operación y corrupción, que hoy se pretende descargar toda la responsabilidad en la debilidad de las policías municipales.
Retomando cifras oficiales: 12 de las 31 entidades federativas no tienen policía en todos sus municipios, 400 de los 2,441 municipios de México no tienen policía, de los 2 mil restantes el 65% tienen de uno a 30 elementos, 10 municipios concentran al 15% de los elementos. El 20% de los policías gana mil pesos mensuales, el 68% tiene educación básica y el 2% es analfabeta. En resumen, en la absoluta mayoría de los municipios la policía es inexistente.
Pero el reclamo de la federación hacia los municipios es que éstos no apoyan, y lejos de fortalecer a los municipios, la iniciativa trastoca principios constitucionales fundamentales del municipalismo, pues, lejos de apoyar a la autoridad más cercana al ciudadano, propicia su debilitamiento al establecer una línea de mando que concentra un enorme poder en la SSP federal, como si el modelo de policía estatal y federal fuera exitoso e incorruptible, vulnerando la norma constitucional que establece como atribución prioritaria del municipio brindar la seguridad pública.
Abundan los ejemplos de corrupción policial, como los recientes escándalos de la Policía Federal en Ciudad Juárez, o los cientos de policías federales dados de baja. Cabe recordar cómo en esta administración la AFI desapareció por corrupción. Ahora el mismo responsable de esa policía, el actual secretario de Seguridad Pública federal, asumiría el mando único.
Se requiere una transformación integral de las policías, lo que exige en primer término replantear el sistema de seguridad y justicia del país diseñado para servir al poder y no para proteger a los ciudadanos.
Existen diversas propuestas para alcanzar este propósito sin necesidad de crear un embrollo centralista que rompe con el sistema federal mexicano, pues con esta iniciativa se erigiría un jefe policiaco máximo, con un poder inmenso y capacidad para intervenir una policía estatal. La Policía Federal tendría mando sobre las policías estatales. Este sería el jefe de jefes de todas las policías, con lo que se correría el riesgo de replicar experiencias nefastas para el país como las tristemente célebres gestiones del general Alfonso Durazo o el Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, policías tan fuertes como corruptas.
Para Calderón, esta propuesta representa un golpe de timón en el modelo de organización policial que permitirá al Estado garantizar la seguridad pública, al fortalecer su capacidad para reaccionar hacia el delito, permitirá fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección y proximidad ciudadana de los cuerpos policiales y replantear el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública municipal y estatal. Es innegable que se necesita una reestructuración de los cuerpos de seguridad pública, aunque el problema no se debe reducir a la cuestión policial. Existe una profunda debilidad institucional que ha llevado a una crisis del modelo de seguridad pública y procuración de justicia, así como un proceso continuado de empobrecimiento y exclusión de la población que arroja a miles de jóvenes a los brazos de la delincuencia organizada.
Nadie duda que la corrupción ha permeado las corporaciones policíacas. Estamos frente a datos contundentes; por ejemplo, un estudio de Edgardo Buscaglia señala que 81% de los municipios están penetrados por la delincuencia organizada. Pero el problema es mayor, y si bien la corrupción es profunda en el ámbito municipal, ésta se extiende en las corporaciones estatales y federales, las cuales, a diferencia de las municipales, tienen capacidad operativa y recursos, y son el eslabón más importante en la cadena que ha penetrado la delincuencia para su operación.
Se trata de una crisis en la que concurren múltiples factores. Desde problemas de visión estratégica, mando, operación y corrupción, que hoy se pretende descargar toda la responsabilidad en la debilidad de las policías municipales.
Retomando cifras oficiales: 12 de las 31 entidades federativas no tienen policía en todos sus municipios, 400 de los 2,441 municipios de México no tienen policía, de los 2 mil restantes el 65% tienen de uno a 30 elementos, 10 municipios concentran al 15% de los elementos. El 20% de los policías gana mil pesos mensuales, el 68% tiene educación básica y el 2% es analfabeta. En resumen, en la absoluta mayoría de los municipios la policía es inexistente.
Pero el reclamo de la federación hacia los municipios es que éstos no apoyan, y lejos de fortalecer a los municipios, la iniciativa trastoca principios constitucionales fundamentales del municipalismo, pues, lejos de apoyar a la autoridad más cercana al ciudadano, propicia su debilitamiento al establecer una línea de mando que concentra un enorme poder en la SSP federal, como si el modelo de policía estatal y federal fuera exitoso e incorruptible, vulnerando la norma constitucional que establece como atribución prioritaria del municipio brindar la seguridad pública.
Abundan los ejemplos de corrupción policial, como los recientes escándalos de la Policía Federal en Ciudad Juárez, o los cientos de policías federales dados de baja. Cabe recordar cómo en esta administración la AFI desapareció por corrupción. Ahora el mismo responsable de esa policía, el actual secretario de Seguridad Pública federal, asumiría el mando único.
Se requiere una transformación integral de las policías, lo que exige en primer término replantear el sistema de seguridad y justicia del país diseñado para servir al poder y no para proteger a los ciudadanos.
Existen diversas propuestas para alcanzar este propósito sin necesidad de crear un embrollo centralista que rompe con el sistema federal mexicano, pues con esta iniciativa se erigiría un jefe policiaco máximo, con un poder inmenso y capacidad para intervenir una policía estatal. La Policía Federal tendría mando sobre las policías estatales. Este sería el jefe de jefes de todas las policías, con lo que se correría el riesgo de replicar experiencias nefastas para el país como las tristemente célebres gestiones del general Alfonso Durazo o el Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, policías tan fuertes como corruptas.
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