El de ayer fue un encuentro incómodo para todos. En Apatzingán, ante un alcalde, Genaro Guízar, que hace sólo unas semanas enfrentaba en prisión cargos relacionados con delitos contra la salud, ahora exonerado y en funciones, y ante un Congreso estatal dominado por un PRD que mantiene viva la herida del michoacanazo, el presidente Felipe Calderón asistió a la sesión solemne para conmemorar el aniversario de la expedición del Decreto Constitucional para la América Mexicana. Y escuchó al diputado Raúl Morón Orozco reclamar a nombre del Poder Legislativo del estado la politización de la justicia, y demandar una reforma de Estado para desaparecer, por “injustificadas”, las figuras del arraigo y los testigos protegidos, porque propician la violación a los derechos humanos. Pero fue un toma y daca, ya que en su oportunidad Calderón recordó el ejemplo de José María Morelos y Pavón, quien nunca pactó con los enemigos de los mexicanos, y afirmó que éstos ahora son los criminales. Al final se dieron la mano el Presidente, el gobernador Leonel Godoy y el alcalde Guízar, pero sus rostros reflejaron en todo momento el ánimo del encuentro. Simplemente muy incómodo.
Stratfor es una consultoría de renombre en Estados Unidos, que ha centrado sus análisis de los últimos días en el caso de la muerte del estadounidense David Hartley en la presa Falcón. La consultoría sostiene, por ejemplo, que sus fuentes confirman que fue asesinado por un error de dos zetas que “estarían pagando por ello”, y que el cadáver nunca será encontrado. Stratfor analiza el comportamiento de la prensa estadounidense respecto al caso y concluye que hay una suerte de presión en aumento, pero no para exigir justicia o que el caso quede totalmente esclarecido, sino como un pretexto para que la administración de Barack Obama gestione ante autoridades mexicanas la autorización para que los contratistas estadounidenses de seguridad privados operen en territorio azteca. El asunto tiene fondo: los contratistas que trabajan como milicias privadas y cuyos métodos quedaron evidenciados en Afganistán e Irak, ya perdieron el negocio en aquella zona del planeta. Stratfor sugiere que México es el nuevo objetivo de estas compañías y que el tema del narco es el pretexto. Veremos primero si la administración de Obama cede a la presión y, en su caso, cómo reacciona el gobierno mexicano.
A Andrés Manuel López Obrador no le pudo ir mejor en el IFE. El miércoles, cuando el tabasqueño fue a defenderse de la acusación del PAN, el instituto le habilitó una sala en la Dirección Jurídica, transmitió por circuito cerrado la comparecencia, distribuyó en CD copias de la videograbación de la reunión y hasta prestó sus instalaciones para que el equipo de prensa del presidente legítimo realizara su despacho de información a todo el país. Y eso que los llamó “majaderos”.
Apunte final: Los enterados de cómo se juega el ajedrez político en las cúpulas del PAN y de Los Pinos, nos aseguran que el inminente registro del joven diputado federal Roberto Gil —recién salido de la Subsecretaría de Gobernación— como candidato a la presidencia del CEN blanquiazul, puso nerviosos a los otros cuatro aspirantes. A los senadores Gustavo Madero y Blanca Judith Díaz; al diputado federal Francisco Ramírez Acuña, y a la ex titular del INM, Cecilia Romero, como que no les cayó muy en gracia que se sumara otra pieza a la contienda. Sin embargo, por los rumbos de Los Pinos no ha cambiado la señal: siguen viendo con simpatía al senador Madero. La moneda está en el aire y la última palabra la tendrán los consejeros, o al menos a eso le apuestan algunos de los aspirantes.
Stratfor es una consultoría de renombre en Estados Unidos, que ha centrado sus análisis de los últimos días en el caso de la muerte del estadounidense David Hartley en la presa Falcón. La consultoría sostiene, por ejemplo, que sus fuentes confirman que fue asesinado por un error de dos zetas que “estarían pagando por ello”, y que el cadáver nunca será encontrado. Stratfor analiza el comportamiento de la prensa estadounidense respecto al caso y concluye que hay una suerte de presión en aumento, pero no para exigir justicia o que el caso quede totalmente esclarecido, sino como un pretexto para que la administración de Barack Obama gestione ante autoridades mexicanas la autorización para que los contratistas estadounidenses de seguridad privados operen en territorio azteca. El asunto tiene fondo: los contratistas que trabajan como milicias privadas y cuyos métodos quedaron evidenciados en Afganistán e Irak, ya perdieron el negocio en aquella zona del planeta. Stratfor sugiere que México es el nuevo objetivo de estas compañías y que el tema del narco es el pretexto. Veremos primero si la administración de Obama cede a la presión y, en su caso, cómo reacciona el gobierno mexicano.
A Andrés Manuel López Obrador no le pudo ir mejor en el IFE. El miércoles, cuando el tabasqueño fue a defenderse de la acusación del PAN, el instituto le habilitó una sala en la Dirección Jurídica, transmitió por circuito cerrado la comparecencia, distribuyó en CD copias de la videograbación de la reunión y hasta prestó sus instalaciones para que el equipo de prensa del presidente legítimo realizara su despacho de información a todo el país. Y eso que los llamó “majaderos”.
Apunte final: Los enterados de cómo se juega el ajedrez político en las cúpulas del PAN y de Los Pinos, nos aseguran que el inminente registro del joven diputado federal Roberto Gil —recién salido de la Subsecretaría de Gobernación— como candidato a la presidencia del CEN blanquiazul, puso nerviosos a los otros cuatro aspirantes. A los senadores Gustavo Madero y Blanca Judith Díaz; al diputado federal Francisco Ramírez Acuña, y a la ex titular del INM, Cecilia Romero, como que no les cayó muy en gracia que se sumara otra pieza a la contienda. Sin embargo, por los rumbos de Los Pinos no ha cambiado la señal: siguen viendo con simpatía al senador Madero. La moneda está en el aire y la última palabra la tendrán los consejeros, o al menos a eso le apuestan algunos de los aspirantes.
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