El secuestro, uno de los delitos que más preocupa en México, es un negocio tan lucrativo para delincuentes y policías que no tiene visos de reducirse, aseguró el periodista y escritor mexicano Humberto Padgett en su libro "Jauría".
"Todo el mundo gana dinero, salvo una familia que ve fatalmente interrumpida su secuencia de vida", dijo el periodista, que ha invertido dos años en investigar a secuestradores y agentes de la ley y a hablar con sus víctimas.
Según datos oficiales, en México se cometen cerca de tres secuestros por día (1.181 casos el año pasado, un 40 por ciento más que en 2008 y casi el doble que en 2006). Las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que sólo uno de cada cuatro secuestros se denuncia.
Los delincuentes trabajan con ventaja: las estadísticas muestran que sólo hay una posibilidad entre nueve de que sean capturados. Su actividad no se entiende sin la colaboración policial -cuyas instituciones son percibidas a menudo como infestadas de corrupción- y que el autor define de varias maneras.
Por un lado, la banda puede tener un infiltrado en alguna fiscalía que les avise de si se denuncia el secuestro o no, y de por dónde avanza la investigación, para eludir la acción de la ley.
En otros casos, son los propios policías quienes participan en la privación de libertad de la víctima, en su custodia o en la gestión del pago del rescate.
Finalmente, el experto acusó a las policías judiciales de haberse convertido en "gestores del secuestro": algunos trabajan en complicidad con alguna banda, les indican potenciales víctimas o permiten a los criminales operar impunes.
En cualquier momento, no obstante, pueden decidir dejar de "ordeñar la bolsa" y detienen a los criminales como muestra de su efectividad. "El boletín de prensa nunca dice 'a estas personas las pudimos haber detenido antes de que ocurrieran 14 secuestros más, todos con mutilaciones'", agregó el escritor.
Ese fue el caso precisamente al respecto de uno de los secuestradores más conocidos de la historia reciente de México, Daniel Arizmendi, "el Mochaorejas", apodado así por cortarles esa parte a sus víctimas.
"El Mochaorejas", que operó en los años noventa y cumple hoy una condena de 398 años, lideraba una banda en la que contaba con una red de protección en la que se involucró a un fiscal estatal, un comandante de la Policía Judicial y otro de un Grupo Antisecuestros.
Su historia sirvió al director hollywoodiense Tony Scott para el filme "Man on fire", protagonizado por Denzel Washington y ambientado en el Distrito Federal. Los secuestradores se llamaron Daniel, como "el Mochaorejas", y Aurelio, como su compinche.
La lucrativa cadena no termina aquí, porque para Padgett después es el turno de las autoridades penitenciarias, que ganan permitiendo que las bandas operen desde las cárceles. La reciente regulación sobre registro de teléfonos móviles deriva, de hecho, de ello.
El autor también dibuja como beneficiados "de manera legal e ilegal" a muchos funcionarios públicos. Cita especialmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que ha visto aumentado en gran manera su presupuesto.
Sobre su titular, Genaro García Luna -muy cuestionado por los medios- el autor lo consideró más centrado en el impacto mediático que en la efectividad.
Fue asimismo responsable parcial, escribe en "Jauría", de encumbrar a uno de los colaboradores clave de "el Mochaorejas" en el bando de la ley, Alberto Pliego Fuentes, "el Superpolicía", acusado asimismo de proteger al cartel de Juárez, y quien murió en prisión de cáncer.
"Todo el mundo gana dinero, salvo una familia que ve fatalmente interrumpida su secuencia de vida", dijo el periodista, que ha invertido dos años en investigar a secuestradores y agentes de la ley y a hablar con sus víctimas.
Según datos oficiales, en México se cometen cerca de tres secuestros por día (1.181 casos el año pasado, un 40 por ciento más que en 2008 y casi el doble que en 2006). Las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que sólo uno de cada cuatro secuestros se denuncia.
Los delincuentes trabajan con ventaja: las estadísticas muestran que sólo hay una posibilidad entre nueve de que sean capturados. Su actividad no se entiende sin la colaboración policial -cuyas instituciones son percibidas a menudo como infestadas de corrupción- y que el autor define de varias maneras.
Por un lado, la banda puede tener un infiltrado en alguna fiscalía que les avise de si se denuncia el secuestro o no, y de por dónde avanza la investigación, para eludir la acción de la ley.
En otros casos, son los propios policías quienes participan en la privación de libertad de la víctima, en su custodia o en la gestión del pago del rescate.
Finalmente, el experto acusó a las policías judiciales de haberse convertido en "gestores del secuestro": algunos trabajan en complicidad con alguna banda, les indican potenciales víctimas o permiten a los criminales operar impunes.
En cualquier momento, no obstante, pueden decidir dejar de "ordeñar la bolsa" y detienen a los criminales como muestra de su efectividad. "El boletín de prensa nunca dice 'a estas personas las pudimos haber detenido antes de que ocurrieran 14 secuestros más, todos con mutilaciones'", agregó el escritor.
Ese fue el caso precisamente al respecto de uno de los secuestradores más conocidos de la historia reciente de México, Daniel Arizmendi, "el Mochaorejas", apodado así por cortarles esa parte a sus víctimas.
"El Mochaorejas", que operó en los años noventa y cumple hoy una condena de 398 años, lideraba una banda en la que contaba con una red de protección en la que se involucró a un fiscal estatal, un comandante de la Policía Judicial y otro de un Grupo Antisecuestros.
Su historia sirvió al director hollywoodiense Tony Scott para el filme "Man on fire", protagonizado por Denzel Washington y ambientado en el Distrito Federal. Los secuestradores se llamaron Daniel, como "el Mochaorejas", y Aurelio, como su compinche.
La lucrativa cadena no termina aquí, porque para Padgett después es el turno de las autoridades penitenciarias, que ganan permitiendo que las bandas operen desde las cárceles. La reciente regulación sobre registro de teléfonos móviles deriva, de hecho, de ello.
El autor también dibuja como beneficiados "de manera legal e ilegal" a muchos funcionarios públicos. Cita especialmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que ha visto aumentado en gran manera su presupuesto.
Sobre su titular, Genaro García Luna -muy cuestionado por los medios- el autor lo consideró más centrado en el impacto mediático que en la efectividad.
Fue asimismo responsable parcial, escribe en "Jauría", de encumbrar a uno de los colaboradores clave de "el Mochaorejas" en el bando de la ley, Alberto Pliego Fuentes, "el Superpolicía", acusado asimismo de proteger al cartel de Juárez, y quien murió en prisión de cáncer.
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